Dos personas de 31 y 29 años han sido detenidas como presuntas autoras de 34 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, dos delitos de hurto y delitos de falsedad documental y de usurpación de identidad cometidos en varias provincias, y de los que siete de ellos se realizaron en Badajoz.
Según ha informado la Guardia Civil, los dos detenidos, que han entrado en prisión, fijaban sus objetivos sobre vehículos estacionados en aparcamientos de las estaciones de servicio, hoteles y restaurantes para apoderarse de los objetos de valor. Tras la comisión de uno de estos robos en la A-1 en Burgos se coordinó un dispositivo de búsqueda que culminó minutos más tarde con la identificación, localización y detención del vehículo implicado y de los presuntos autores en otra área de servicio de la misma vía, antes de abandonar la provincia.
La Guardia Civil ha explicado que esta actuación permitió intervenir "numerosos objetos" cuyo origen y titularidad no pudieron demostrar y ha informado de que las siguientes pesquisas aclararon que procedían de varios robos que acababan de perpetrar en esta provincia. Las pertenencias fueron reconocidas por sus lícitos propietarios a los que ya se les ha devuelto.
Además, la investigación subsidiaria les vinculó en tiempo y lugar con otros hechos acaecidos el mismo día en idénticas condiciones en Ávila, Burgos, Palencia y Valladolid, todos con "una estrecha relación", con características similares y bajo el mismo 'modus operandi', "dos varones que viajan en un turismo, uno al volante y otro que fractura el cristal de una de las ventanillas de los vehículos y se apoderan de objetos de valor, bolsos o maletas", ha relatado la Guardia Civil.
El Instituto armado ha informado de que el intercambio de información entre unidades del Cuerpo permitió destapar que otras áreas de investigación de las comandancias de Albacete, Badajoz y Cuenca también tenían operaciones avanzadas que coincidían con el este 'modus operandi' y con "fundadas sospechas" sobre los mismos objetivos.
De forma conjunta con estas tres unidades se han esclarecido un total 34 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, dos delitos de hurto, así como varios delitos de falsedad documental y usurpación de identidad.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción de Aranda de Duero ha ordenado prisión preventiva para ambos detenidos, "a los que no es la primera vez que se les vincula con hechos similares contra el patrimonio", han asegurado las mismas fuentes que han constatado que desde el ingreso penitenciario de estas dos personas se ha detectado un "notable descenso de esta casuística delincuencial", si bien la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos esclarecimientos.
En Extremadura, donde están colegiados alrededor de 1.300 fisioterapeutas, el intrusismo profesional sigue siendo una preocupación creciente. El 90% de los fisioterapeutas en la región desarrollan su actividad en el ámbito privado. En los últimos tres años, se han registrado 40 denuncias por parte de profesionales y usuarios que alertan sobre personas que ejercen sin la titulación necesaria.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura ha sido especialmente activo en denunciar estos casos. Según su presidenta, María Eugenia Sánchez, el intrusismo supone un riesgo para la salud pública, ya que el tratamiento de problemas de salud solo debe ser realizado por profesionales capacitados y titulados. "Un fisioterapeuta es un graduado sanitario con la capacidad de hacer su diagnostico de fisioterapia, su evaluación y el tratamiento que crea más adecuado".
María Eugenia Sánchez explica que un masajista no puede atender problemas de salud y que es un profesional al que se puede acudir para "un masaje de relajación o estético", pero si no, "tienen que a ir a un fisioterapeuta".
Apoyo de la Consejería
La consejera de Salud y Servicios Sociales ha lanzado una campaña contra el intrusismo profesional, destacando la amenaza que supone para la salud pública. Sara García Espada ha querido subrayar la importancia de los colegios profesionales, como el de fisioterapeutas, que garantizan la calidad y seguridad de los servicios sanitarios. Según la consejera, la colegiación obligatoria es clave para asegurar que los profesionales sean quienes dicen ser, algo fundamental cuando se les contrata o inscriben en la bolsa del Servicio Extremeño de Salud. Esta medida busca proteger a la población de personas que ejercen sin la formación adecuada.
Actualmente, en la región hay cuatro procesos judiciales abiertos por este motivo. En 2020, por ejemplo, un falso fisioterapeuta fue condenado a nueve meses de prisión por ejercer sin la debida titulación en las localidades de Montehermoso y Mohedas de Granadilla. Desde el Colegio instan a los ciudadanos a verificar siempre la titulación y autorización del centro antes de acudir a recibir tratamientos.
