La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana ha cerrado la campaña de riego 2025 con un balance "muy positivo", caracterizada por la "normalidad" en el desarrollo de los riegos, la ausencia de incidencias destacables y un consumo de agua "más eficiente" que en años anteriores, lo que ha permitido ahorrar 19,5 hectómetros cúbicos, equivalentes a un 4,3 por ciento respecto a la dotación inicial.

El presidente de la CGU, Luis Gutiérrez, ha valorado que la campaña ha transcurrido "con absoluta normalidad", destacando que el volumen total consumido (unos 430 hectómetros cúbicos de los 450 previstos) demuestra la "buena" gestión de los recursos y la coordinación con las comunidades de regantes de base. "Ha sido la campaña más larga de la que tenemos registro, prácticamente la mitad del año hemos estado prestando servicio y regando, cumpliendo nuestro objetivo principal: que todos los cultivos recibieran el agua necesaria", ha explicado Gutiérrez, apunta en nota de prensa la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana.

El presidente ha subrayado, además, el papel "determinante" de las lluvias de invierno y primavera, que han sido "muy beneficiosas" porque prácticamente se han acumulado "tres años de suministro", lo que permite afrontar con "mayor seguridad" las próximas campañas.

No obstante, ha señalado que la sequedad del otoño actual ha obligado a prolongar los riegos hasta finales de octubre, especialmente por el incremento del cultivo del olivar, que ya alcanza unas 8.000 hectáreas en la zona regable y requiere aportes de agua más tardíos.

Por su parte, el jefe de Explotación de la CGU, Juan Diego Fuentes, ha detallado que la campaña de 2025 ha sido "la de menor consumo unitario por hectárea desde que la Comunidad General asumió la gestión del canal en 2019". "El consumo por hectárea ha sido el más bajo de todos estos años, pese a que se han regado casi 2.500 hectáreas más que en 2024. Esto refleja una mayor eficiencia en el uso del agua y un trabajo coordinado entre agricultores, técnicos y personal de campo", ha explicado. Asimismo, Fuentes ha recordado que el periodo de riego se ha extendido durante 178 días, desde la primera toma de agua en primavera hasta el cierre del 17 de octubre, convirtiéndose en la campaña más larga registrada.

Gracias a las condiciones meteorológicas favorables de la primavera, no fue necesario movilizar inicialmente tantos recursos como en años anteriores, aunque el aumento de las temperaturas en la segunda quincena de agosto obligó a rotar zonas de riego y aplicar medidas de ahorro para no sobrepasar la dotación. También, el jefe de Explotación ha señalado que, a pesar de haber sido un verano más caluroso, el uso racional del agua ha permitido situar el consumo unitario por debajo del registrado en 2021, que hasta ahora era el año de referencia. "Somos conscientes de la importancia de seguir gestionando con responsabilidad los recursos hídricos. La experiencia de los años 2022 y 2023 nos ha hecho más prudentes, y esa filosofía de eficiencia va calando entre todos los usuarios", ha concluido.

Con estos resultados, la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana reafirma su "compromiso" con la gestión "eficiente" del agua y la sostenibilidad del regadío, pilares "fundamentales" para garantizar el futuro de los cultivos en la comarca de las Vegas Altas.

El Gobierno prevé convocar en la primera quincena de noviembre al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

"En próximos días, no puedo concretar si será el 3, 5, 7 o 12, saldrá la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha avanzado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Este órgano, del que forman parte los gobiernos central y autonómicos, debe emitir un informe previo a la aprobación de esa senda de estabilidad, que también debe ser tenida en cuenta para la preparación de los presupuestos de cada una de las comunidades. Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, antes que el proyecto de las cuentas públicas, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del CPFF, para después remitir todo a las Cortes.

Así, tras la celebración de la reunión con las comunidades autónomas, el Consejo de Ministros deberá aprobar el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto' y de los objetivos de estabilidad y de deuda pública para su remisión a las Cortes Generales.

De aprobarse la senda de estabilidad por parte del Parlamento, el Consejo de Ministros podrá aprobar el proyecto de Presupuestos para su envío a las Cortes.

Alegría ha asegurado que el proyecto está ya avanzado y se sigue trabajando internamente dentro del Gobierno para sacarlos adelante. Además, ha remarcado que el Gobierno va a "sudar la camiseta" para que vean 'luz verde' y ha mantenido su "mano tendida" a Junts, pese a la ruptura con el Gobierno anunciada por la formación que encabeza Carles Puigdemont esta semana.

"Hasta que no vayan sucediendo los distintos tiempos, las distintas fechas, pues tampoco infravaloren la capacidad de diálogo y de persuasión que puede tener este Gobierno", ha remarcado la portavoz del Ejecutivo.

La portavoz ha avanzado que el capítulo más importante de estos Presupuestos va a ser el de las políticas sociales, fundamentalmente con una visión muy especial focalizada en la cuestión de la vivienda, que para el Gobierno "es una prioridad". "Tendrá que reflejarse la voluntad de los distintos grupos parlamentarios a la hora de ver si quieren unos mejores Presupuestos para este país", ha remarcado.

Víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista recibirán el próximo viernes, día 31, en el cementerio municipal de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara, un homenaje, a las 17,00 horas.

El alcalde de San Vicente de Alcántara, Andrés Hernáiz de Sixte, será el encargado de pronunciar el discurso institucional tras la ofrenda floral al monumento en homenaje a las personas que dieron la vida por "la libertad, la democracia y la justicia social". El acto contará también con el acompañamiento musical de Laura Rodolfo Cordovilla, profesora de piano de la Escuela Municipal de Música, así como con la lectura de poemas.

En esta edición, además, se llevará a cabo la inauguración de las nuevas placas con el listado actualizado de víctimas de la Guerra Civil en San Vicente de Alcántara. Gracias a la labor de investigación histórica y a las peticiones de familias de la localidad con ascendientes represaliados, el listado de nombres grabados en el monumento pasa de 71 a 146. Este gesto supone "un acto de justicia y dignidad hacia quienes sufrieron la represión, contribuyendo a la preservación de la memoria colectiva", destaca en nota de prensa el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara.

Así, las investigaciones históricas sitúan a San Vicente de Alcántara como uno de los escenarios de "represión temprana" tras el golpe de julio de 1936. Los estudios académicos y testimonios estiman al menos 200 víctimas mortales en la localidad a consecuencia de la violencia desatada por los sublevados, y estos hechos son protagonistas en obras como 'Por la sagrada causa nacional', del historiador Francisco Espinosa Mestre, explica el consistorio.

En el contexto provincial, diferentes estudios sitúan el ciclo represivo entre 1936 y finales de los años cuarenta. Según el ayuntamiento, parte "esencial" de esa historia local es la Mina del Valdihuelo (entre San Vicente y Alburquerque), donde se documentaron enterramientos "clandestinos" de víctimas. El hallazgo de restos a finales de 2002 impulsó un proyecto de exhumación coordinado con equipos universitarios y entidades memorialistas, convirtiéndose en una intervención "pionera" en Extremadura en los primeros años 2000.

Los trabajos arqueológicos y forenses recuperaron restos humanos que confirmaron muertes "vinculadas" a la Guerra Civil e "inmediatamente después", y permitieron "dignificar" a las víctimas con prácticas científicas de documentación e identificación. Como culminación humana y administrativa de aquel proceso, en diciembre de 2008 se celebró la incineración de 16 restos procedentes de Valdihuelo (de vecinos de San Vicente de Alcántara, Alburquerque y Villar del Rey), en un acto público que hizo visible la "reparación debida" a las familias. Tras aquellas exhumaciones, el Cementerio Municipal de San Vicente habilitó una sepultura y un monolito para ofrecer un lugar "digno" de homenaje y recuerdo a las víctimas vinculadas a la Mina del Valdihuelo y a la represión en el término.