Evitar la discriminación en el ámbito laboral al colectivo de personas LGTBI+ es el objetivo del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

Este texto obliga a las empresas a incluir un protocolo frente al acoso y la violencia. Necesitan tener prácticas preventivas y también mecanismos para detectar y actuar en caso de que se produzca el acoso.

Silvia Tostado, presidenta de la Fundación Triángulo, valora de forma favorable la medida. "Todas las medidas encaminadas a eliminar violencias en cualquier ámbito son positivas".

También Sisi Cáceres, de Extremadura Entiende, muestra su satisfacción por este "gran paso adelante".

"Un hito histórico porque recoge los derechos del colectivo LGTBI+ y lucha de forma real contra la discriminación en estos espacios"

La medida, que tendrán que poner en marcha las empresas de más de 50 empleados, contará también con un plan de formación a las personas encargadas de seleccionar al personal. No en vano, según los datos, cuatro de cada diez personas trans son expulsadas del mercado de trabajo en el proceso de selección.

Javier Peinado, de la patronal extremeña, se muestra conforme con el real decreto pero explica que están analizando la "letra pequeña".

"Es una tarea más a la mochila de las empresas"

Peinado recuerda que ahora las empresas dispondrán de un plazo de tres meses. Según la Confederación de Empresarios de Extremadura, en la región son 344 las empresas que tendrían la obligación de implantar este protocolo.
 

La Policía Nacional informa de la detención de cuatro hombres y dos mujeres por su implicación en delitos contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, en la barriada de San Roque.

La investigación comenzó hace más de ocho meses, cuando se detectó que en una vivienda ubicada en dicho barrio se estaba vendiendo sustancia estupefaciente.

En el trascurso del operativo se averiguó que "se trataba de un clan familiar que obtenían su principal fuente de ingresos a través de este ilícito penal y que además de vender droga desde el mencionado inmueble, abastecían a otros traficantes con importantes cantidades de droga, alijos que ocultaban en distintas parcelas ubicadas a las afueras de Badajoz".

Fue el pasado 18 de septiembre cuando los investigadores "observaron un traspaso de lo que pudiera ser una entrega de droga, controlando el turismo y sus ocupantes, en el momento que pretendían abandonaba la ciudad, fueron interceptados con la colaboración de la Brigada de seguridad ciudadana".

Una vez inspeccionados tanto el vehículo como sus ocupantes, se intervinieron más de 200 gramos de cocaína, procediendo de inmediato a la detención de dichas personas. Posteriormente se detuvo al resto del entramado delictivo.

En el operativo se intervinieron un total de 2.100 dosis de cocaína, más de 220 gramos de hachís, pequeñas cantidades de heroína además de dos vehículos, un ciclomotor y diversos teléfonos móviles.

Los detenidos son 4 varones y dos mujeres de entre 25 y 40 años de edad, todos ellos con antecedentes policiales. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del principal investigado.

El número de desahucios por orden judicial durante el segundo trimestre del año en Extremadura fue de 80, los mismos que en en el mismo periodo de 2023. Descendieron un 14% en la provincia de Badajoz y se incrementaron en un 34% en la de Cáceres.

El 70% de ellos fueron consecuencia de procedimientos relacionados con la ley de arrendamientos urbanos, el 20% se derivaron de ejecuciones hipotecarias y el 10% por otras causas, según datos recogidos por el Instituto de Estadística de Extremadura 

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron un descenso interanual del 36%, y los motivados por la ley de arrendamientos urbanos un aumento del 3,7% en relación con el segundo trimestre de 2023.