Extremadura ha mostrado su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, sumándose a la denominada Declaración de Galicia, acordada este martes en Santiago de Compostela por la delegación española del Comité Europeo de las Regiones.

Durante el encuentro se ha acordado una posición común de rechazo por parte de las regiones españolas ante la propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034.

La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Rosa Ramos, y el director general de Acción Exterior, Pablo Hurtado, han representado a la Junta de Extremadura en esta reunión, en la que las comunidades autónomas y entes locales españoles han consensuado una posición común frente a la propuesta comunitaria.

El principal motivo de rechazo es la creación de los llamados planes de colaboración nacional y regional, que agrupan en un único fondo recursos destinados a políticas tan diversas como cohesión, agricultura, pesca, empleo, vivienda o seguridad. Según Ramos, este modelo “centraliza decisiones en los Estados miembros, resta transparencia al reparto territorial y debilita el papel de las regiones”.

La Junta advierte que este nuevo enfoque pone en riesgo la capacidad de Extremadura para decidir sobre sus inversiones y priorizar sus necesidades, especialmente en áreas clave como el desarrollo rural y la Política Agrícola Común (PAC). Ramos ha defendido que “las comunidades autónomas tienen experiencia probada en la gestión de fondos europeos y un conocimiento del territorio esencial para garantizar inversiones efectivas”.

Extremadura, una de las regiones más rurales de España y afectada por la despoblación, considera que el nuevo marco diluye los fondos y olvida a las regiones. La directora general ha subrayado que “no debe perderse el foco de la política de cohesión, la PAC y el desarrollo rural”, y ha pedido que se mantenga un presupuesto propio y suficiente para el sector agrario, así como un enfoque territorial claro que apoye iniciativas como LEADER, regadíos, digitalización rural y servicios básicos.

Por último, la Junta ha instado al Gobierno de España a defender esta posición común en el Consejo de la Unión Europea, reconociendo el papel de las comunidades autónomas en la cofinanciación, planificación e implementación de los fondos europeos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula la concesión directa de ayudas para agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales del pasado verano, entre ellos los registrados en varios municipios de Extremadura.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), Extremadura figura entre las diez comunidades autónomas con municipios incluidos en esta medida, junto a Andalucía, Castilla y León, Galicia o Madrid. En total, se beneficiarán cerca de 4.000 profesionales del campo, de los cuales unos 1.500 pertenecen a explotaciones de ganadería extensiva.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha destacado la “celeridad” de estas ayudas, que serán abonadas antes del 31 de diciembre. Se trata de una ayuda de tipo minimis, compatible con otras indemnizaciones autonómicas y europeas, y con los seguros agrarios contratados.

Los titulares de explotaciones agrarias extremeñas que hayan declarado ingresos superiores a 1.000 euros en 2024 y estén correctamente registrados podrán acceder a una ayuda equivalente al 20% de sus ingresos agrarios, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros. En caso de haber sido indemnizados por el seguro agrario, los límites se amplían a 6.000 y 16.000 euros respectivamente.

Además, los jóvenes agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad este año y hayan presentado por primera vez la solicitud única de la PAC recibirán una ayuda fija de 1.500 euros.

El decreto también contempla un aumento de la subvención para la contratación de seguros agrarios, que podrá alcanzar hasta el 70% del coste de la póliza, como medida adicional de apoyo al sector.

Estas ayudas buscan paliar los efectos de los incendios que arrasaron unas 350.000 hectáreas en todo el país, de las cuales una parte significativa corresponde a tierras de cultivo y pastos en Extremadura.

La Unión Sindical Obrera (USO) asegura que los Presupuestos Generales de la Junta de Extremadura para 2026 “olvidan” al personal de la Administración General, un colectivo formado por miles de trabajadores que sostienen el funcionamiento diario del Ejecutivo autonómico. El sindicato ha anunciado la convocatoria de una huelga si no se abre una mesa de negociación salarial de forma inmediata.

En rueda de prensa celebrada este martes en Badajoz, el secretario general de USO a nivel confederal, Joaquín Pérez, y el responsable en Extremadura, Luis Manuel Gil, han denunciado que los PGEx no incluyen “ni un solo euro” destinado a la equiparación retributiva de estos empleados, mientras sí contemplan una partida de 23 millones de euros para la subida salarial de los docentes, una medida que califican de “positiva” pero que, según afirman, aumenta la brecha entre colectivos dentro de la propia Junta.

Según un informe elaborado por USO, los trabajadores de la Administración General cobran un 20% menos de media que en otras administraciones autonómicas. En los grupos superiores, la diferencia supera los 10.000 euros anuales, y en puestos de jefatura la brecha puede alcanzar el 40%. Estas desigualdades se arrastran desde hace más de una década.

El sindicato ha registrado una solicitud de mediación previa ante la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura, en la que incluye un calendario de huelga que comenzará el 14 de noviembre con paros dos veces al mes hasta diciembre de 2026. A partir de enero de 2027, la huelga será indefinida, acompañada de movilizaciones si no se inicia la negociación.

Joaquín Pérez ha denunciado que los presupuestos “vuelven a diferenciar entre trabajadores de primera y de segunda” y ha lamentado la pérdida de poder adquisitivo del 20% desde 2010, debido a subidas salariales por debajo del IPC. Por su parte, Luis Manuel Gil ha señalado que la Junta ha ignorado “multitud” de solicitudes de reunión y propuestas, y ha instado a los sindicatos con representación en la Administración General a sumarse a la convocatoria.

USO considera que “hay margen” para negociar y que, si no se hace, será por “falta de voluntad política”.