La cuenta atrás ha comenzado para una de las decisiones más relevantes en el futuro energético de Extremadura. El próximo martes, Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central nuclear de Almaraz, se reunirán para decidir si solicitan una prórroga que permita mantener operativa la planta más allá de 2027, fecha prevista para su cierre.
Hasta ahora, las discrepancias entre las compañías han impedido avanzar en una decisión conjunta, pero el tiempo apremia y el encuentro se considera clave para definir el rumbo de la instalación.
La Junta pide al gobierno que evite el cierre de la central. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, señala que si no se modifica el DOE, donde está publicada la fecha de cierre de la central, "no hay posibilidad de tramitar nada". Y esa modificación, recuerda el consejero, "sólo se puede hacer si el gobierno se compromete a tratar a Extremadura como está tratando a Cataluña".
El MITECO estudiará la propuesta con condiciones
Por su parte, Ministerio de Transición Ecológica ha señalado a Extremadura Noticias que está dispuesto a estudiar una propuesta formal de todas las empresas implicadas siempre que cumpla con tres condiciones: que haya seguridad para las personas desde un punto de vista radiológico, que se garantice la seguridad de suministro de energía y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. "Estas tres líneas rojas no han variado desde que el Presidente del Gobierno las anunciara en las Cortes", ha explicado el MITECO.
Valoraciones políticas
En el plano político, el debate también está encendido. El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha mostrado favorable a la prórroga si las eléctricas la solicitan, pero ha advertido que no aceptará que se haga a costa de la fiscalidad regional, en referencia a la rebaja de la 'ecotasa' propuesta por el Gobierno de María Guardiola. “No vamos a permitir que se reduzcan impuestos a empresas con beneficios millonarios mientras no se equiparan los salarios de los maestros”, ha afirmado.
Por su parte, el PP defiende la rebaja fiscal como vía para facilitar la continuidad de la central y acusa al Gobierno central de discriminar a Extremadura frente a otras comunidades.
Desde Vox, el portavoz Óscar Fernández Calle ha reiterado su apoyo a la energía nuclear y ha deseado que la prórroga se materialice. Además, ha criticado duramente a Gallardo por ofrecerse como mediador, calificando su propuesta de “absolutamente de risa” y pidiendo su dimisión.
En cambio, Unidas por Extremadura considera más probable el desmantelamiento de la planta que su continuidad, mostrando su rechazo a prolongar la actividad nuclear en la región.
