Los siete acusados de robar más de 50.000 euros en combustible de una gasolinera situada en la carretera de Sevilla, en Badajoz, han alcanzado este jueves un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que les permitirá evitar el ingreso en prisión.
Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba para cada uno de ellos seis años de cárcel y el pago conjunto de una indemnización de 51.000 euros. Sin embargo, tras el pacto alcanzado esta mañana en la Audiencia Provincial de Badajoz, la condena se ha reducido notablemente: cada uno deberá abonar 4.600 euros, lo que suma un total de 32.500 euros, y las penas de prisión han sido rebajadas a 21 meses, sin ingreso efectivo al no contar los acusados con antecedentes penales.
Un sistema de estafa nocturna
Según el relato de la acusación, los implicados, cinco de ellos miembros de una misma familia, acudían de forma alterna por las noches a una gasolinera con sistema de autoservicio, aprovechando que no había personal en las instalaciones. Detectaron un fallo en el surtidor que les permitía obtener combustible por un coste mínimo y comenzaron a llenar los depósitos de varios vehículos, así como numerosos bidones que transportaban.
El fraude fue descubierto por los propietarios al cuadrar las cuentas del mes y detectar un importante desfase. A partir de ahí se inició una investigación policial que concluyó con la detención de los siete implicados. Inicialmente se les acusaba de un delito continuado de estafa y pertenencia a grupo criminal. Sin embargo, este último cargo fue finalmente retirado por la Fiscalía, lo que facilitó el acuerdo entre las partes.
Una salida pactada
Los abogados de las defensas, María Teresa Cabezas de Herrera y Carlos Franco, han valorado positivamente el acuerdo alcanzado, que evita penas de cárcel y reduce considerablemente la responsabilidad económica de sus representados. También se ha tenido en cuenta la voluntad de los acusados de reparar el daño causado, con el compromiso de abonar la indemnización acordada a los propietarios de la gasolinera.
El abogado de la acusación, Eduardo Gil, ha confirmado que los responsables del establecimiento consideran satisfactorio el resultado del proceso, al garantizarse al menos parte del resarcimiento económico por los perjuicios sufridos.
