Agentes de Policía Nacional han detenido a dos mujeres como presuntas responsables de los delitos de Atentado a Funcionario Sanitario, Delito Leve de Amenazas y Simulación de Delito.

De los hechos se tuvo conocimiento, según informa la Policía, a través de la denuncia presentada por una enfermera y una médico del centro de salud San Luis de Mérida. En esa denuncia narraban "como dos mujeres accedieron al centro médico, tras hacer un primer triaje y explicar que debería continuar con la atención sanitaria en el centro asignado, comenzaron a realizar amenazas, llegando a agredir físicamente a la enfermera".

El grupo local de policía judicial de la Comisaría de Mérida se hizo cargo de las investigaciones, tomando declaración a testigos y visualizando imágenes de video grabación del centro de salud y establecimientos cercanos, "pudiendo corroborar los hechos denunciados".

Los investigadores "comprobaron al mismo tiempo, como dos personas presentaban denuncia en la propia Comisaría por un supuesto delito de odio en el mismo centro de salud, haciendo alusión a una falta de atención por la etnia a la que pertenecían, coincidiendo parte de los hechos con la primera denuncia".

Los agentes ampliaron entonces las gestiones, "llegando a la conclusión de que esta última denuncia se habría realizado de forma fraudulenta, correspondiendo con un presunto delito de simulación de delito".

Una vez finalizadas identificadas las posibles autoras de los hechos, se procedió a su localización y detención, tratándose de dos mujeres de 27 y 45 años de edad, contando con antecedentes, siendo acusada la mujer más joven como presunta responsable de atentado a funcionario sanitario y simulación de delito, y la mayor acusada al mismo tiempo de un delito de simulación de delito y otro de delito leve de amenazas".

La Policía Nacional recuerda que el delito de atentado a funcionario sanitario podría conllevar una condena de entre 6 meses y 3 años de pena de prisión.

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta, "han desarticulado una organización criminal de carácter transnacional dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, y han conseguido la liberación de 45 víctimas que eran explotadas en fincas agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura".

La organización, con base en la provincia de Zaragoza, estaba integrada por ciudadanos de origen pakistaní y argentino especializados en la captación y explotación de migrantes en situación de vulnerabilidad, procedentes de países como Nepal, Pakistán e India, a los que engañaban con falsas promesas de trabajo digno en España, según informa la Policía.

Hay nueve personas detenidas en las provincias de Zaragoza (3), Ávila (3), Cáceres (2) y Barcelona (1), tres de los cuales han ingresado en prisión provisional.

Desarrollo de la Operación Tiger

La investigación policial se inició en julio de 2024 cuando se detectó a varios temporeros de origen asiático que podían ser víctimas de explotación laboral. Trabajaban "bajo condiciones laborales muy precarias, en largas jornadas de sol a sol, con salarios inferiores al permitido legal, sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social".

Las víctimas además "vivían hacinadas en viviendas precarias facilitadas por la organización, sin condiciones higiénicas mínimas, durmiendo en colchones en el suelo y sin acceso a servicios básicos".

En este sentido, destaca la Policía, en uno de los registros realizados, los agentes descubrieron a 24 migrantes viviendo en el mismo inmueble.

En aquellos casos en los que los empresarios exigían la documentación de los temporeros para darlos de alta de manera legal en sus fincas, la organización criminal "utilizaba documentación de otros extranjeros para realizar el trámite administrativo de manera fraudulenta, lo que les permitía simular una situación laboral regular y facilitaba su explotación sin levantar sospechas".

La Policía Nacional recuerda que cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

Se acerca la temporada de vacaciones y seguro que alguno de ustedes tiene previsto coger algún vuelo. Pues sepan que la UE ha acordado elevar el tiempo de retraso que da derecho a pedir una indemnización, y se ha posicionado también a favor de que las aerolíneas puedan cobrar el equipaje de mano.

Los 27 están de acuerdo en reformar el reglamento sobre derechos de los pasajeros: el tiempo de retraso de un vuelo que da derecho a compensación económica al pasajero pasará de las 3 horas actuales, a 4 o 6 horas dependiendo de la distancia.

El acuerdo ha salido adelante por mayoría cualificada. Alemania, Eslovenia, Portugal y España han votado en contra. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, insiste en que empeorar los umbrales para la indemnización perjudica a los pasajeros.

A cambio, se comprometen a negociar la habilitación por parte de las aerolíneas de un formulario que permita a los afectos tramitar las reclamaciones de manera automática, en caso de cancelación de un vuelo.

La UE también da la razón a las aerolíneas en cuanto al derecho a cobrar por el equipaje de mano. Una decisión que igualmente ha salido adelante con el rechazo de España