Extremadura ha reducido ligeramente su tasa de pobreza en el último año, según el indicador AROPE, que mide el riesgo de exclusión social. El índice ha bajado cuatro décimas, situándose en el 32,4%, lo que equivale a 340.000 personas afectadas. A pesar del descenso, la comunidad sigue siendo la tercera con mayor tasa de pobreza en España, solo por detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha.

El indicador AROPE contempla tres dimensiones: riesgo de pobreza, privación material y social severa, y baja intensidad de empleo en los hogares. Extremadura presenta cifras preocupantes en todas ellas. El 27,5% de la población está en situación de pobreza, y el 9,3% en pobreza severa. Además, el 10% de los hogares extremeños tienen baja intensidad laboral, siendo la tercera región con peor dato en este aspecto.

La situación se agrava en determinados colectivos. El 35,3% de los menores están en riesgo de pobreza, diez puntos más que hace un año. Entre los mayores, el 21,4% viven en situación de pobreza, y cuatro de cada diez pensiones no alcanzan el umbral mínimo. En cuanto a la vivienda, el 38,3% de quienes viven de alquiler están en pobreza, y el 15% en pobreza extrema.

La presidenta de la Fundación Ruy López, Ana Macías, ha destacado que los datos son especialmente duros para las mujeres, mientras que el presidente de la Red Extremeña contra la Pobreza y la Exclusión Social, Sebastián González, considera que la bajada del AROPE es “insuficiente” y reclama una política fiscal más justa.

Otros indicadores reflejan la precariedad: el 18% de la población no puede calentar su casa, el 38% no puede afrontar imprevistos, y casi la mitad tiene dificultades para llegar a fin de mes. Además, el 10% más rico gana 7,3 veces más que el 10% más pobre. Sin las prestaciones públicas, la pobreza en Extremadura se dispararía hasta el 52,7%.

Las entidades sociales insisten en que la pobreza puede revertirse, pero para ello es necesario un compromiso político firme y medidas que garanticen la equidad y la protección de los más vulnerables.

La Guardia Civil ha detenido a dos varones residentes en Plasencia que huían en un vehículo robado desde la localidad cacereña, portando además una escopeta sustraída. La persecución terminó en Salamanca, donde fueron interceptados tras una conducción temeraria que puso en riesgo a otros usuarios de la vía.

Los hechos comenzaron en la mañana del martes, cuando agentes del Subsector de Tráfico de Salamanca detectaron un turismo sospechoso en el Centro de Transportes de Guijuelo. Al verse observados, los ocupantes huyeron incorporándose a la A-66 en dirección a Salamanca.

Tras comprobar la matrícula, los agentes confirmaron que el coche había sido robado el día anterior en Plasencia, y que en su interior se encontraba un arma larga también sustraída. Se activó entonces un operativo coordinado por el Centro Operativo Complejo (COC), con participación de patrullas de tráfico, seguridad ciudadana y la unidad USECIC.

Durante la persecución, los detenidos realizaron maniobras peligrosas para evitar ser interceptados, lo que obligó a cerrar el acceso a la A-62 en Salamanca. Finalmente, los agentes lograron detener el vehículo y recuperar la escopeta.

Los dos hombres, con numerosos antecedentes penales, fueron arrestados como presuntos autores de hurto de vehículo, conducción temeraria y tenencia ilícita de armas. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su libertad con cargos.

La Junta de Extremadura va a celebrar esta tarde un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar el proyecto de Presupuestos de 2026, unas cuentas que se deberían registrar en la Asamblea hoy mismo para cumplir con el plazo que marca la ley, un compromiso que ratificaba este martes la consejera de Hacienda, Elena Manzano. 

Esta tarde conoceremos los detalles de esas cuentas que ha preparado el ejecutivo de María Guardiola. La consejera de Hacienda ya ha avanzado que serán 8.600 millones de euros para mejorar los servicios públicos de la región. Además, Elena Manzano ha reafirmado su voluntad de llegar a acuerdos con la oposición, aunque la negociación parece que no va a ser sencilla. 

Vox asegura que el Gobierno actual es una estafa y no les merece confianza. 

El PSOE, por su parte, se muestra dispuesto a dialogar, pero plantea una reforma fiscal progresiva, con recuperación de impuestos como el de patrimonio, que choca frontalmente con la línea económica del Ejecutivo autonómico, centrada en la bajada de impuestos.

Por su parte, Unidas por Extremadura ha decidido no participar en la negociación, califican el proceso de "paripé", dando por hecho que el Gobierno autonómico ya tiene en mente un adelanto electoral.

Y es que, si finalmente no se logra un acuerdo para sacar las cuentas del año que viene, la presidenta María Guardiola ya ha avanzado que no descarta convocar elecciones anticipadas en la región: "No podemos permitirnos bloquear la prosperidad de nuestra tierra. No es momento de tacticismos, sino de soluciones", señalaba la presidenta.