La financiación de las plazas residenciales para personas mayores en Extremadura ha centrado este jueves parte del debate en la Asamblea autonómica, donde la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha sido criticada por el diputado socialista José María Vergeles. El exconsejero de Sanidad ha acusado al actual Ejecutivo de “abandonar” a las personas mayores que residen en centros de titularidad municipal y de “hacer insostenible lo público para privatizarlo después”.
Desmantelar y privatizar
Vergeles ha cuestionado el modelo de atención a la dependencia del Gobierno regional y ha criticado que se destinen más recursos a las plazas concertadas con empresas privadas que a las gestionadas por los ayuntamientos. “Las personas mayores de los pueblos no pueden protestar, pero aquí está el PSOE para defenderlas”, ha afirmado, asegurando que la diferencia de financiación entre unos centros y otros es “obscena”.
La presidenta Guardiola ha respondido con dureza, acusando al PSOE de “demagogia” y de dejar un sistema colapsado tras su gestión. “Cuando llegamos, había miles de extremeños en lista de espera, y ahora hemos reducido esa espera en 55 días”, ha afirmado. Ha defendido el modelo mixto público-privado, y ha asegurado que se han incrementado las partidas destinadas a ambos tipos de plazas: “Invertimos 7,3 millones más al año en plazas sociosanitarias y 5,2 millones más en plazas municipales que ustedes”.
"Mentir burdamente"
Es una de las críticas que ha realizado la presidenta de la Junta de Extremadura a Vergeles, al comparar plazas de diferente naturaleza: "Están comparando plazas municipales con plazas sociosanitarias que ustedes llaman privadas que ni son lo mismo ni atienden las mismas necesidades. Las plazas sociosanitarias lo que hacen es cubrir situaciones criticas de altas hospitalarias en estancias temporales que precisan unos cuidados específicos de enfermería. La licitación pública que hacemos ahora pone en el centro la calidad de los cuidados y con el coste real que tiene la prestación de estos servicios", ha afirmado María Guardiola.
El debate ha continuado con intervenciones de otros grupos, como Unidas por Extremadura, que también ha criticado el “rescate” a las residencias privadas mientras se “abandona” a los ayuntamientos. La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha salido en defensa del Ejecutivo, asegurando que “el incremento en los conciertos se ajusta a la ley de contratos” y que se ha aumentado el presupuesto total destinado a los municipios en 8,7 millones de euros, incluyendo nuevos servicios de atención a la soledad y respiro familiar.
La oposición, sin embargo, acusa al Gobierno de favorecer un modelo privatizador y de haber roto el diálogo con los ayuntamientos. Desde la Junta, se insiste en que “las personas están en el centro del sistema” y que la prioridad es la calidad de los cuidados, independientemente de la titularidad del centro.
