La sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la Ronda del Pilar de Badajoz ha incorporado un Punto Violeta, que se ofrece como un espacio "seguro, accesible y visible", donde las víctimas de violencia de género pueden encontrar apoyo, información sobre sus derechos y orientación para acceder a los recursos.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado este jueves, día 25, este Punto Violeta en el INSS, que ha definido como "un sitio clave" porque hay muchas ayudas referidas a mujeres víctimas de violencia de género, por lo que la preparación y la atención en este edificio es "muy importante" y para ello se ha llevado a cabo un curso en el que se han formado tres funcionarios.

De este modo, los trabajadores están "perfectamente" preparados para atender a las víctimas de violencia de género que puedan acercarse a este Punto Violeta, con los que se busca una sensibilización ante una "lacra social" como es la violencia de género.

Quintana ha agradecido la implicación de los funcionarios de la Administración General del Estado con esta iniciativa, que "no se queda solamente aquí", sino que en los ocho centros de este instituto en la provincia también quieren poner estos puntos, ha avanzado.

Puntos violeta en Hacienda o Muface

Cabe destacar que junto al del INSS en la ciudad de Badajoz, también cuentan con Puntos Violeta la Agencia Tributaria en las dos provincias,; las delegaciones de Hacienda de la Administración General del Estado o el INSS de Cáceres; como también hay en los servicios de Muface, como el que ha visitado a continuación el delegado en la capital pacense.

Por su parte, el subdirector de Información Administrativa de la Dirección Provincial del INSS de Badajoz y responsable de los centros de atención, Antonio Nogales, ha explicado que se cuenta con una red local de centros de atención e información de la Seguridad Social, ocho comarcales y uno urbano como el de la capital pacense, y que junto a la relación entre las prestaciones existentes y las atenciones especiales que implica una sentencia de una víctima de violencia de género, también se da "esa parte también humana de mucha gente atendida aquí cada día".

Ciudadanos que acuden por temas generalmente relacionados con la solicitud de una prestación, ha apuntado, junto con, a través de estos Puntos Violeta, se permite informar sobre los cauces previstos para que las víctimas sean atendidas de la mano de los 'informadores', que son los trabajadores que se han formado específicamente para poder ayudar a esas mujeres, tres en concreto que participan de forma voluntaria.

Pulseras antimaltrato

En relación a la violencia de género y tras las declaraciones realizadas este miércoles por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en la región, María Félix Tena, sobre fallos detectados en las pulseras antimaltrato, José Luis Quintana ha expuesto que "los fallos en Extremadura son absolutamente puntuales" y que un caso concreto es el que se produce con la frontera con Portugal, algo que "nos pasa en nuestros propios teléfonos".

"Recibimos un mensaje de que hemos ido a Portugal cuando no hemos salido de España. Entonces, los fallos son puntuales. Lo que sí puedo decir es que, primero, no es el único medio que tenemos para ayudar a las víctimas, la pulsera", ha remarcado, para señalar en segundo lugar que "no se ha generado ni un solo problema por los fallos que haya tenido en este momento de funcionamiento".

Y es que, como ha incidido, "los fallos son puntuales y en Extremadura no ha habido ni un solo problema que se haya provocado porque haya un fallo en las pulseras", respecto a las cuales ha concretado que son 96 las víctimas de violencia de género que cuentan con las mismas, en torno a 79 en Badajoz y unas 17 en Cáceres y que funcionan "con absoluta normalidad".

Respecto a este tipo de violencia y cómo ayudar ante un caso, Quintana ha insistido en la colaboración del entorno, que "tiene que pensar que la mejor forma de ayudar a la víctima cuando conoce un caso de violencia de género es denunciarlo", con lo que se le está defendiendo. Finalmente, ha destacado que este año se han registrado dos muertes por violencia de género en Extremadura.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto este jueves la consulta pública del real decreto que regula la concesión directa de ayudas para compensar los daños producidos sobre la actividad agraria por los grandes incendios de este verano.

La consulta permanecerá abierta hasta el 3 de octubre, según ha informado el departamento que dirige Luis Planas.

En concreto, el real decreto contempla, en aquellas zonas gravemente afectadas que superen las 500 hectáreas quemadas, dos líneas de ayuda: compensación de rentas a explotaciones agrarias y ayuda complementaria al seguro agrario.

Las ayudas directas se concederán a todas las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad que tengan ingresos agrarios declarados y sean titulares de explotaciones registradas en las zonas afectadas, y su importe se calculará en función de los ingresos declarados, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros por beneficiario, excepto para quienes dispongan de seguros agrarios y hayan sufrido daños indemnizables, donde la ayuda mínima se eleva a 6.000 euros.

Por su parte, la ayuda complementaria al seguro incrementa la subvención de la prima hasta el 70% del coste, el máximo que permite la normativa europea, y podrá concederse a todos los titulares de pólizas de seguro agrario combinado en líneas agrícolas y ganaderas con cobertura frente a accidentes y enfermedades, así como en la línea de retirada y destrucción de animales muertos.

Las ayudas se tramitarán de oficio, a partir de los datos ya obrantes en la administración, sin necesidad de que los interesados presenten solicitud ni documentación adicional, aunque podrán renunciar si lo estiman oportuno.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se prevé que las ayudas, compatibles con las indemnizaciones del seguro agrario, las medidas de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España, se concedan y abonen antes del 31 de diciembre de 2025.

Los incendios de este verano han sido "los más graves desde que existen registros", según el Ministerio, con más de 370.000 hectáreas calcinadas, cerca de 30.000 de ellas de tierras de cultivo, y alrededor de 3.000 explotaciones ganaderas afectadas, de las cuales 2.000 tenían pastos, por lo que objetivo de estas ayudas es "contribuir a la viabilidad de las explotaciones agrarias y al mantenimiento de la actividad en el medio rural".

La Guardia Civil ha intervenido casi 8.000 artificios pirotécnicos y unos 100 artículos supuestamente falsificados que estaban expuestos para su venta ilegal en un establecimiento comercial de la localidad pacense de Fuentes de León.

La actuación tuvo lugar la pasada semana, cuando la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Olivenza inspeccionó un comercio de Fuentes de León, en el que hallaron expuestas para su venta ilegal 7.949 unidades de material pirotécnico de diversas categorías, de las que su propietario no tenía autorización para la comercialización.

Además de los artificios pirotécnicos, también se exponían juguetes sin pasar registros sanitarios de seguridad industrial conforme a la legislación europea existente, en cuanto a marcado y etiquetado se refiere para la seguridad de los menores de 12 años, así como prendas de supuestas imitaciones de conocidas marcas registradas, de los que el propietario no pudo acreditar su legítima procedencia.

Por todo ello, se intervino todo el género que, una vez analizado, se pudo comprobar que se trataba de "fieles reproducciones de marcas originales".

Ante los citados hechos, el propietario del establecimiento, un vecino de Fuentes de León, ha sido propuesto para sanción por infracciones graves tanto al Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, como a lo relativo a Seguridad Industrial y Propiedad Industrial.

Tras esta actuación, la Guardia Civil recomienda la adquisición de pirotecnia en puntos de venta autorizados, ya que de esta forma se evita cualquier tipo de peligro al contar estas instalaciones con las condiciones idóneas de comercialización, recordando que está prohibida su venta ambulante.

Advierte además de que los artificios pirotécnicos conocidos popularmente como petardos y cohetes en las manos de los más pequeños, "pueden llegar a producir heridas de distinta consideración, amputaciones, pérdida de visión y audición".

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha cifrado en 76 millones de euros las pérdidas para los productores de tomate en esta campaña debido a la meteorología y a los "precios ruinosos" que impuso el sector industrial.

Una campaña del tomate que ya está prácticamente finalizada con más del 90 por ciento del producto entregado a las industrias, y de la que UPA-UCE realiza un balance de "ruina para los agricultores del sector", con una reducción de producción del 20 por ciento con respecto a lo que se había contratado inicialmente.

Por un lado, esta organización agraria señala que los problemas meteorológicos, como las lluvias tardías en primavera que retrasaron mucho la plantación de tomate, "provocaron que las plantas se desarrollaran más débiles y con más problemas", y a las que las olas de calor de agosto también perjudicaron gravemente la producción.

Por otro lado, UPA-UCE apunta a los "precios ruinosos que impuso el sector industrial", que ni tan siquiera cubren los costes de producción, unido a esta merma de la producción, "van a ocasionar gravísimas pérdidas a los productores de tomate extremeños", según señala la organización en nota de prensa.

Por ello, UPA-UCE Extremadura calcula que la producción media de tomate en Extremadura se situará en torno a las 82 toneladas por hectárea, mientras que de media en esta campaña se habían contratado 93 toneladas por hectárea.

"Se trata de pérdidas millonarias para los productores de tomate, que rondarán los 76 millones de euros debido a la bajada de producción y a los precios ruinosos", destaca el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas.

Por todo ello, Huertas considera que esta situación "generará, sin duda, un grave problema de viabilidad para los productores de la región", ante lo que ha considerado "inaceptable que en un sector estratégico como este los agricultores se enfrenten a pérdidas millonarias mientras las industrias vuelven a ganar mucho dinero en otra campaña más", ha dicho.

Además, esta organización agraria advierte a las industrias de que "esta dinámica de imponer precios ruinosos está amenazando gravemente la continuidad de los productores de tomate extremeños", ya que tendencia hará que "muchos productores se lo piensen al año que viene", señala Huertas.

Finalmente, UPA-UCE recuerda que continúa a la espera de conocer las resoluciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ante el "incumplimiento reiterado de las industrias de precios que no cubren los costes de producción", concluye.

La Policía Nacional han detenido a dos jóvenes de 19 años acusados de robar a un invidente cuando salía de su casa en Badajoz, al que empujaron y tiraron al suelo para sustraerles dos bolsas que llevaba. Los hechos sucedieron sobre las 07,10 horas de este pasado miércoles, 24 de septiembre, cuando la víctima, un hombre de 47 años que trabaja vendiendo cupones debido a su condición de invidente, salió de su domicilio en la barriada de San Fernando de capital pacense, y fue abordado por la espalda por dos jóvenes.

Tras empujarle al suelo, le sustrajeron con violencia dos bolsos que portaba, con su documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y varios cupones, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

Los ladrones huyeron a la carrera del lugar, y la víctima se entrevistó con los agentes que inmediatamente acudieron a socorrerle, tras lo que fue asistido en un centro de salud. Los datos recabados fueron aportados al resto de dotaciones policiales en servicio, que localizaron y detuvieron a los presuntos autores pocas horas después, tras haber hecho uso ilícito de las tarjetas bancarias que le habían sustraídos.

Los detenidos son dos jóvenes de 19 años, quienes fueron trasladados a dependencias policiales acusados de un delito de robo con violencia e intimidación y estafa.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha enmarcado en el derecho a la libertad profesional que tienen los trabajadores para decidir "libremente" cómo orientar su carrera la decisión de la Junta de Extremadura de que los jefes de servicio y sección del Servicio Extremeño de Salud (SES) vayan a poder compatibilizar su trabajo en la pública con la privada.

Esta decisión, que según ha destacado supone poner "fin" a una situación de "aislamiento" en la que se encontraba Extremadura respecto a otras CCAA, acaba además con una "penalización injusta" que han venido sufriendo los profesionales del SES, "poniendo fin a la obligación de elegir entre su compromiso público y su legítimo desarrollo profesional en el sector privado".

Además, Sara García ha remarcado que con esta decisión el Ejecutivo regional pretende conseguir también una mayor concurrencia a los puestos de jefe de servicio y de sección, "sin trabas", así como cumplir con la "libertad profesional" y el "sentido común", la "equidad" y la "justicia".

De este modo se ha pronunciado la consejera en respuesta a una pregunta este jueves en el pleno de la Asamblea en la que el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha reprochado que la Junta vaya a permitir a los "jefes" del SES "trabajar para la competencia".

Al respecto, Sara García ha subrayado que una vez se apruebe la medida "durante las próximas semanas" toda España, salvo Navarra, permitirá ya la "compatibilidad del ejercicio profesional en el sistema sanitario público".

Con ello, ha insistido en que "la libertad profesional no es un privilegio, es un derecho", y ha explicado que ese principio es el que ha guiado al Gobierno de María Guardiola en la modificación del decreto que permitirá compatibilizar la pública con la privada a los jefes de servicio del SES.

"Cada profesional va a decidir libremente cómo orientar su carrera, sin ideología alguna que limite su vocación ni su talento. Porque Extremadura avanza, Extremadura converge. Y el Gobierno de nuestra presidenta no va a permitir que nuestra sanidad pública pierda a profesionales por rigideces impuestas ideológicamente y que no tienen sentido", ha subrayado García Espada.

Unidas por Extremadura habla de "competencia"

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha rechazado el "cuento de la complementariedad pública con la privada" que según indica defiende la Junta de Extremadura, toda vez que en verdad "la privada es competencia de la pública".

Así, ha subrayado que "la sanidad privada se alimenta fundamentalmente del deterioro de la pública que genera más aseguramiento privada y del deterioro de la pública en las listas de espera que genera más actividad concertada"; y ha criticado que un directivo de la sanidad pública vaya a poder trabajar al mismo tiempo "para la competencia".

En este sentido, ha considerado que la medida que va a introducir el Gobierno autonómico supondrá "meter un caballo de Troya en la sanidad pública"; al tiempo que ha vuelto a hacer una defensa de la sanidad pública en la comunidad.

"Es de lógica que ante un conflicto de intereses la sanidad pública se blinde", ha espetado González Frutos, quien también ha recordado que el Tribunal de Cuentas ha dicho a la Junta que "muchas externalizaciones no están justificadas".

Finalmente, como réplica al diputado de Unidas por Extremadura, la consejera ha pedido que aclare qué está queriendo decir con sus palabras. "¿De qué está acusando a mis compañeros? ¿De qué está acusando a mis compañeros? ¿Qué está queriendo decir? ¿Que su salud que la pone en manos de una compañera que la atiende en consulta es menos profesional a su asistencia porque esa compañera por la tarde ejerza en la privada?", le ha preguntado.

"¿Que el cirujano que se pone en sus manos es menos profesional porque le opere a usted o a su familia de cataratas por la mañana y opere de cataratas a un tío suyo porque tenga compañía por la tarde? ¿De qué está acusando a mis compañeros?", ha vuelto a preguntar García Espada.

El Gobierno de Extremadura "adecuará" la fiscalidad en la comunidad "si de ello depende el mantenimiento de la Central Nuclear de Almaraz", dentro de los principios de "igualdad" y de "justicia" que viene aplicando en las diferentes medidas tributarias que viene adoptando.

De este modo lo ha señalado la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en respuesta a una pregunta formulada este jueves en el pleno de la Asamblea por parte del portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, en la que éste ha reprochado a la Junta que no está haciendo "nada" para propiciar la continuidad de la Central de Almaraz.

"No se preocupe, no se preocupe que nuestro Gobierno, nuestra presidenta, actuará y adecuará esa fiscalidad si de ello depende el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz", ha espetado a Fernández Calle la consejera, quien ha incidido en que el Ejecutivo regional de María Guardiola "ha peleado, pelea cada día y peleará para que Almaraz no se cierre".

Así, Elena Manzano ha vuelto a mostrar la oposición del Gobierno de Guardiola al "cierre sectario e ideológico" de la planta nuclear de Almaraz por parte del PSOE, y se ha mostrado convencida de que el mismo "jamás" se habría producido si dicha instalación se situase en Cataluña. "No cabe ninguna duda", ha señalado.

En este sentido, la consejera ha remarcado que el cierre de Almaraz supone "un ataque directo" a Extremadura, a las familias que viven de la instalación, y a las empresas, con las que según ha subrayado la Junta "no" ha parado de "hablar" y que, ha recordado, "han manifestado ante el ministerio que ellas quieren continuar, que quieren mantener la central nuclear de Almaraz abierta".

El cierre, según ha añadido, también supone "un ataque directo" a lo que plantea Europa en materia energética, ya que en 2023 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, "22 países se comprometieron a triplicar la producción de este tipo de energía al considerarla limpia y 12 de esos países fueron países miembros de la Unión Europea".

Al mismo tiempo, entiende el Gobierno autonómico que el cierre de Almaraz es "un ataque directo a cualquier que examine" la cuestión con "rigor y objetividad", tal y como --subraya-- plantea Fedea en un informe en el que "apunta" hacia el Estado que es "el que recibe la mayor parte del pastel de los más de 9.000 millones de euros que se mueven al año en relación con la fiscalidad de la energía".

Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha reprochado que el Gobierno de María Guardiola no está haciendo "nada de nada" para tratar de conseguir la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

"Ya sabemos que el señor Sánchez y el PSOE quieren cerrarla, pero ¿qué ha hecho el Gobierno de Extremadura? Absolutamente nada, cartas y pancartas", ha espetado Fernández Calle, quien ha incidido en que "Extremadura necesita que continúe, España necesita que continúe, pero (desde la Junta) siguen sin mover un dedo, siguen sin hacer absolutamente nada".

En este punto, ha invitado al Gobierno de María Guardiola a reducir impuestos autonómicos para las nucleares como la ecotasa, y ha adelanto que éste será uno de los puntos que Vox pondrá "sobre la mesa" si la Junta accede a negociar con este partido los Presupuestos autonómicos (PGEx) para 2026.

"Si se dan las circunstancias y ustedes quieren negociar con nosotros los próximos presupuestos de la región, cosa que dudo porque creo que su interlocutor, como ya pasó el año pasado, prioritario es el PSOE, la reducción de la ecotasa va a estar encima de la mesa, porque Almaraz se defiende con hechos", ha sentenciado el portavoz de Vox.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este jueves en el pleno de la Asamblea la actuación de su gobierno ante la crisis del transporte escolar que afectó a miles de estudiantes en el inicio del curso. Aunque ha calificado la gestión de la consejera de Educación como "seria y responsable", reconoce que la situación ha sido "difícil y dura" para muchas familias extremeñas.

Guardiola ha explicado que algunas empresas no cumplieron con la resolución administrativa emitida por la Consejería, lo que obligó al Ejecutivo a negociar en condiciones complejas, ya que las exigencias de algunas empresas eran "de imposible cumplimiento" para cualquier administración pública. A pesar de ello, asegura que se actuó con transparencia y que el servicio ya funciona con normalidad.

Mercedes Vaquera: el Gobierno extremeño "no iba a ceder a las presiones"

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, también ha comparecido en el pleno para defender su gestión. Ha recordado que la crisis se resolvió con un acuerdo firmado por todas las empresas, pese a la "presión inaudita" de un sector minoritario que, según ella, intentó perjudicar al resto de compañías y a la administración.

Vaquera explica que la modificación del acuerdo marco requería el consentimiento unánime de todas las partes firmantes, algo que fue rechazado por las asociaciones de transporte. Además, insiste en que cualquier revisión de precios debía tramitarse conforme a la ley de contratos del sector público. "Hay que cumplir la ley", ha apuntado Vaquera, porque de lo contrario podrían salir "mal parados", y en este sentido ha abundado en que el gobierno extremeño "no iba a ceder a las presiones de unos pocos sobre la administración y a perjudicar al resto de las empresas que prestaron el servicio de transporte escolar desde el primer día".

También ha negado haber actuado como "cortafuegos" de la presidenta, y asegura que asumió personalmente la responsabilidad de la denuncia penal por coacciones contra algunas empresas, así como su retirada. Ha explicado que los delitos denunciados son perseguidos de oficio, por lo que la investigación puede continuar independientemente de la voluntad del denunciante.

Críticas de la oposición

Desde los grupos de la oposición, el diputado socialista José María Vergeles ha acusado a la consejera de haber "abandonado a familias" y por ello le exige que "asuma la responsabilidad política" y se vaya "antes de que le eche el incremento de la tasa de abandono escolar temprano".

Por su parte, la diputada Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha acusado a la presidenta Guardiola de estar "desaparecida" durante la crisis y reitera que la propuesta de educación telemática fue improvisada y poco viable. También ha cuestionado el apoyo al empresariado y ha pedido el cese de la consejera. 

Por último, VOX denunciaba la "incapacidad absoluta para negociar" de la Junta y consideraba que la retirada de la denuncia es una maniobra "poco ética". Ángel Pelayo Gordillo lamenta el "caos" en el inicio del curso y pide responsabilidades políticas.

Guardiola responde

La presidenta de la Junta ha respondido con dureza a las críticas. María Guardiola ha apuntado que si los socialistas "tuvieran el más mínimo de decencia, tendrían que haber estado de este lado". Además. ha acusado a Unidas por Extremadura de ser "la casta y la caspa de esta tierra, incapaces de aportar, incapaces de construir, incapaces de trabajar por el bien común"". María Guardiola ha rechazado recibir lecciones de Irene de Miguel "la misma semana que conocemos que su líder, que su referente, Irene Montero, es una de las responsables de dejar desprotegidas a miles de mujeres víctimas de violencia de género con las pulseras antimaltrato", ante lo que ha señalado que le "daría vergüenza", ha dicho.

Igualmente, Guardiola ha replicado al líder de Vox que "cada vez cuesta más diferenciarle" de Gallardo e Irene de Miguel: "Yo no sé en qué momento se mimetizaron sus posicionamientos con los de la izquierda", y añadía que todos "tienen en común que trabajan muy poquito y critican mucho".