Iberdrola ha decidido aplazar una cuarta parte de las inversiones previstas en redes de distribución en España para el periodo 2025-2028, unos 1.000 millones de euros, hasta conocer el marco regulatorio que establezca la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para 2026-2031.

Cierre de Almaraz

En su nuevo plan estratégico, la compañía también da por hecho el cierre de la central nuclear de Almaraz, según el protocolo acordado en 2019 con Enresa, con la clausura del primer ciclo en 2027 y del segundo en 2028.

Durante el Capital Markets Day, el consejero delegado de Iberdrola, Pedro Azagra, ha explicado que la eléctrica estima unas inversiones de 4.000 millones de euros para redes de distribución, aunque esta cifra podría variar en 1.000 millones según la retribución que apruebe el regulador. Para estas inversiones, prevé un retorno sobre el capital regulatorio cercano al 8%, superior al 6,46% propuesto por la CNMC para el próximo periodo.

Azagra ha destacado que, ante la competencia global por la inversión, el marco regulador será clave y que España representa solo una parte del negocio del grupo.

Continúa la controversia sobre el funcionamiento de las pulseras de protección a víctimas de violencia de género en España. Este miércoles, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, ha confirmado que ya se detectaron fallos en estos dispositivos hace 15 meses. Según ha explicado, las pulseras podían fallar cuando la distancia entre la víctima y el agresor era inferior a 500 metros y también presentaban problemas en zonas fronterizas.

Estos fallos han llevado a que, en Extremadura, se decreten menos órdenes de protección con pulsera, sobre todo en municipios pequeños. De las aproximadamente 600 órdenes de alejamiento activas, solo se han instalado 80 pulseras.

Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, el debate se ha intensificado. El Partido Popular ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, alegando que muchas mujeres se han sentido desprotegidas. Por su parte, Ana Redondo ha calificado las críticas de “bulos y mentiras” y ha acusado al PP de generar una alarma social impropia. La ministra ha defendido que las mujeres han estado siempre protegidas y que el sistema funciona.

La Junta de Extremadura ha anunciado que abrirá un nuevo frente judicial para tratar de frenar el derribo del complejo Isla de Valdecañas. Lo hará presentando un incidente ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, alegando la imposibilidad de ejecutar la sentencia a la vista de la ley aprobada en 2023 por la Asamblea, que regularizaba la situación del complejo.

Elena Manzano, portavoz de la Junta, ha asegurado que "vamos a instar ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ese incidente. Con lo que hacemos es decir que es imposible llevar a cabo esa ejecución de la sentencia por aplicación de una norma, una norma con rango de ley".

Valorar la ley

La resolución del Constitucional no entraba en el fondo del asunto, sino que certificaba que no se habían vulnerado derechos fundamentales durante el proceso. Desde el propio TSJEx, su presidenta recuerda que las resoluciones pendientes tendrán que valorar esa ley de 2023.

María Félix Tena, presidenta del TSJEx, ha explicado que "hay que esperar, hay que oír a las partes, porque el derribo tendría que hacerse con el marco y la situación jurídica que se tiene en la actualidad".

Entre esas resoluciones se encuentra el recurso presentado por los municipios afectados. El alcalde de Berrocalejo cree que el proceso será muy largo. Ángel Pedro Martínez lamenta que "se va dilatando y dilatando, y quedan más juicios".

El regidor defiende además que el complejo se mantenga no sólo por su municipio, sino por la aportación económica que, asegura, genera para toda la región.