La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a ocho años de cárcel a un hombre acusado de violar con fuerza durante dos años a una niña que en aquel momento tenía tan solo siete años. El agresor pudo cometer más agresiones sexuales pero han prescrito porque los hechos que hoy se juzgaban se produjeron hace más de 25 años.

Violación continuada

Las agresiones sexuales se produjeron entre 1998 y 1999 pero no se denunciaron hasta 2022, cuando la chica se dio cuenta de que podía haber más víctimas. Según la acusación particular hubo hasta ocho menores de edad que podrían haber sufrido agresiones sexuales por parte del condenado, siendo niñas la mayoría, aunque también hubo algún niño.

Se trata de un delito continuado de violaciones con fuerza que dejaron secuelas psíquicas en la víctima. El juicio se tendría que haber celebrado este jueves a puerta cerrada, pero finalmente ha habido un acuerdo entre las partes por el cual el ahora condenado, que ha reconocido los hechos, tendrá una pena de ocho años de cárcel, casi la mitad de los 15 que solicitaban inicialmente Fiscalía y acusación particular. 

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra la ley que establece el reparto del impuesto a la banca. En su recurso, el gobierno regional considera que la distribución de los 1.700 millones de euros recaudados a través de este impuesto perjudica a las regiones más desfavorecidas, como Extremadura, y beneficia a las comunidades autónomas más ricas, en particular a Cataluña.

"Ninguna desigualdad más"

Según la Junta de Extremadura, el sistema de distribución de los fondos es discriminatorio y no respeta los principios de igualdad, justicia y progresividad que deben regir la asignación de recursos entre las autonomías. La ley establece que los ingresos generados por el nuevo impuesto se distribuyan en función de los ingresos fiscales y de la población, lo que, según la Junta, favorece a las regiones más prósperas en detrimento de las que tienen menos recursos. En este sentido, el gobierno extremeño argumenta que el modelo de reparto no tiene en cuenta las necesidades específicas de las comunidades menos desarrolladas, lo que agrava las desigualdades regionales. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha expresado en varias ocasiones su desacuerdo con este reparto y ha calificado la medida de "injusta y perjudicial" para la región. 

María Guardiola, considera que "sin precedentes y sin justificación, el Gobierno utiliza el PIB para repartir un impuesto". El resultado es de 346 millones de euros para Cataluña y, en contraposición, Extremadura recibe 30 millones. Por ello, la presidenta de la Junta ha asegurado a los extremeños que "pueden estar seguros de que este gobierno no va a tolerar ninguna desigualdad más", y ha vuelto a recalcar que quieren "justicia fiscal".

La Junta de Extremadura se ha mostrado dispuesta a "complementar" la respuesta de la Unión Europea a los aranceles impuestos por Donald Trump, que afectan de manera directa a las empresas de la región, especialmente a aquellas que exportan productos por un valor de 57,6 millones de euros, aunque se estima que el impacto indirecto podría alcanzar los 179 millones. Así lo ha asegurado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en la Asamblea regional, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Jorge Amado, quien ha pedido una respuesta inmediata ante lo que ha calificado como "el mayor ataque comercial y económico perpetrado" contra España y Extremadura.

Respuesta firme y coordinada

Santamaría ha insistido en que la respuesta ante los aranceles de Trump debe ser "firme, coordinada e inteligente" por parte de la Unión Europea, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, defendiendo la necesidad de actuar "con una sola voz" para proteger sectores como el aceite de oliva, cuyo mercado estadounidense es "insustituible".

El consejero ha criticado además la reunión convocada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al considerarla "simplemente informativa" y ha lamentado que no se vayan a tomar decisiones concretas. Santamaría también ha destacado la necesidad de un plan nacional que contemple ayudas directas, reformas estructurales y financiación para hacer frente a la crisis.

Críticas del PSOE

Por su parte, el diputado socialista Jorge Amado, ha reprochado la actitud "tranquila" y "calmada" del Gobierno de Extremadura, acusando a la Junta de no haber tomado acciones más contundentes frente a la guerra comercial. Amado ha criticado que la única respuesta visible hasta el momento haya sido un tuit de la presidenta, María Guardiola, y ha comparado esta actitud con la rápida reacción del Gobierno de España y la Unión Europea, que han aprobado un plan de 14.300 millones de euros para defender los intereses de las empresas europeas.

La ausencia de nuevos presupuestos para el ejercicio 2025 ha provocado este jueves un nuevo enfrentamiento político entre Vox y el Gobierno de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura. El grupo liderado por Abascal ha cargado con contra la presidenta de la Junta, acusándola de “estar pegada con super glue al sillón” y de “tener secuestrada la voluntad de los extremeños”.

“Usted ya no tiene el respaldo de la mayoría de esta cámara. ¿Qué hace usted sin mover un dedo, ahí sentada, atornillada y pegada con super glue a ese sillón?”, ha preguntado el diputado de Vox Óscar Fernández. “Solo usted puede hacer algo, hágalo”, ha finalizado.

Respuesta de la Junta

Desde el Gobierno regional han contestado, y ha sido el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, que ha considerado, en primer lugar, que ha habido una “falta de respeto” en la forma en la que se dirigieron a la presidenta y ha defendido, posteriormente, la gestión de la Junta.

“Extremadura tiene los mejores presupuestos de su historia y están aprobados”, ha afirmado Santamaría. Además, ha recordado que el Ejecutivo regional ya ha presentado el borrador de las cuentas para 2025, “algo que no ha hecho el señor Sánchez en Madrid”.