En el día de ayer, Extremadura y Mérida recibieron la visita de la Guardia civil e Inspección de Trabajo en la Ciudad Deportiva de Almendralejo y en el Estadio Romano José Fouto. El motivo de dicha visita no es otro que la investigación que se está llevando a cabo para evitar el posible fraude a la Seguridad Social por parte de los clubes del fútbol español.
Todo ello arrancó con un comunicado de septiembre de 2020. En ese escrito, un total de once clubes (Badajoz, Numancia, Rayo Majadahonda, Cultural Leonesa, DUX Internacional, Racing de Ferrol, San Fernando, Ibiza, Unionistas, UCAM y Zamora) pedían a la Real Federación Española de Fútbol una competición más limpia y justa para todos los equipos participantes en Segunda División B. En dicho comunicado, se exigía un mayor control económico sobre los pagos y contratos que los clubes realizan con algunos de sus futbolistas.
Algunos de esos clubes tenían sospechas de posibles malas prácticas en los pagos a jugadores por parte de determinados clubes. Así mismo lo confirmó a esta casa David Vizcaino, entonces director deportivo del Badajoz. "En la región ha habido sobre todo un club, que ha hecho ERTE y que no paga todo lo que se tiene que pagar en A, sino que paga en B".
Unos hechos que, a pesar de las denuncias o sospechas, quedaron más en entredicho tras una asamblea celebrada en la propia sede de la Federación Española. El presidente del San Roque de Lepe, Manolo Santana, confirmaba la forma de trabajar de muchos clubes. "Evidentemente, no están dados de altas en la seguridad social, como el 90% de los clubes que estamos aquí. Si yo facilito el control económico de lo que pago de nóminas, entre comillas, y eso lo descubre Hacienda y la Seguridad Social, tengo un problema".
Ahora, queda por ver cómo terminará una investigación a nivel nacional que, de demostrar fraudes a la Seguridad Social superiores a cincuenta mil euros, podrían acarrear penas de cárcel.
