La Guardia Civil ha llevado a cabo un amplio dispositivo de inspección y control en asentamientos ilegales, entre ellos dos puntos en Los Santos de Maimona (Badajoz).

La actuación ha contado con la colaboración de la Policía Local y los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento por cuestiones relacionadas con la presencia de menores de edad, además de veterinarios de la Junta de Extremadura.

La actuación se ha saldado con varias identificaciones, la formulación de múltiples denuncias por infracciones administrativas y dos detenciones. En el caso de las detenciones, los arrestados tenían requisitorias en vigor de búsqueda, detención y personación, informa el Ayuntamiento santeño en una nota de prensa.

Tras su arresto, ambas personas fueron puestas a disposición judicial mediante su citación ante el Juzgado de Zafra, señalan las mismas fuentes.

Retiran cinco caballos sin documentación acreditativa

En el transcurso de las inspecciones fueron localizados además cinco caballos que carecían de la documentación exigida y cuya titularidad no pudo ser acreditada. Los animales fueron retirados por los servicios veterinarios de la Junta de Extremadura, conforme a los procedimientos establecidos.

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona ha puesto de forma reiterada las "diferentes problemáticas y circunstancias asociadas" a estos asentamientos en conocimiento de las distintas administraciones competentes.

En concreto, se ha trasladado a la Delegación del Gobierno; a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por las posibles afecciones al cauce del arroyo junto al que suelen instalarse estos asentamientos; y a la Junta de Extremadura, especialmente por las condiciones de los menores que residen temporalmente en estas caravanas y las cuestiones relacionadas con su escolarización, entre otros aspectos.

El ayuntamiento pide coordinación entre administraciones

Es por ello que el ayuntamiento considera "necesaria y fundamental" la coordinación entre las distintas administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar el cumplimiento de la normativa, atender las "posibles situaciones de vulnerabilidad" y velar por la seguridad y el bienestar de las personas afectadas.