La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández Cordero, ha reclamado este lunes la aprobación de medidas "contundentes, estructurales e inmediatas" para afrontar la crisis de la vivienda y ha reclamado valentía al Gobierno para que mañana en el Consejo de Ministros "apruebe un decreto valiente y que no deje a nada ni a nadie atrás".

Fernández Cordero ha indicado que la imagen de Mari Carmen saliendo en camilla de su casa ha dado como resultado una "respuesta de la indignación y el clamor popular que ya llevaba mucho tiempo caldeándose". Además, ha denunciado que en Extremadura en 2025 se ejecutaron 261 desahucios, lo que supusieron cinco desahucios a la semana, por lo tanto, ha dicho, "es un problema social al que hay que ponerle atención y soluciones ya".

Eso sí, advierte que el decreto de vivienda del Gobierno tiene que ser una norma que "realmente cumpla y que vaya en contra de los fondos buitres" porque "estamos viendo que están desahuciando a tantísima gente que no puede pagar unos alquileres abusivos y que estos fondos buitres se vean completamente protegidos por el Estado". 

"También lo estamos viendo aquí en Extremadura, como puede pasar en Cáceres donde en la parte antigua, el centro del casco histórico, el 90% son ya pisos turísticos expulsando a nuestros vecinos y a nuestras vecinas de los barrios de toda la vida para crear lo que nosotras llamamos un escaparate para el turismo y muy poco para la vida del día a día", ha denunciado Fernández Cordero.

Críticas al Gobierno de Guardiola

Fernández Cordero también ha dirigido sus críticas a la Junta de Extremadura, a la que ha acusado de no aprovechar las competencias autonómicas en materia de vivienda. Según ha señalado, el Ejecutivo regional no está aplicando herramientas contempladas en la legislación estatal, como la declaración de zonas tensionadas en municipios donde existe presión sobre el mercado residencial.

Por otro lado, Unidas por Extremadura ha respaldado la movilización sindical convocada este martes ante la Presidencia de la Junta para reclamar la homologación salarial de los empleados públicos de la región. Fernández Cordero ha defendido que los funcionarios extremeños continúan entre los peor remunerados del país y ha instado al Gobierno autonómico a abrir una negociación real para mejorar sus condiciones laborales.