La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se produjo el secuestro de un bebé en Navalmoral de la Mata, cuyos presuntos autores, un hombre y una mujer de 47 y 48 años, se encuentran ya en prisión comunicada y sin fianza. Según ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, la madre del menor conocía a la pareja, con la que mantenía una relación de amistad.

El secuestro

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 25 de octubre en un establecimiento de la localidad. La madre del pequeño se ausentó un momento para ir al servicio, y fue entonces cuando la ahora detenida aprovechó para llevarse al bebé. Tras percatarse de su desaparición, la madre dio aviso y se activó de inmediato un dispositivo de búsqueda en toda la comarca. Gracias a las primeras averiguaciones, los agentes identificaron a una pareja como principales sospechosos.

Finalmente, el bebé fue localizado en una finca aislada de la comarca del Campo Arañuelo, en buen estado de salud. En el lugar se encontraban también los presuntos autores, que fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. El menor fue sometido a un reconocimiento pediátrico en el hospital, que confirmó su buen estado, y posteriormente fue entregado a su madre.

La defensa de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado la libre absolución en el procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz. En su escrito, niega el relato de hechos formulado por las acusaciones populares y afirma que “los procesos administrativos atinentes a la adjudicación de las plazas se compadecen estrictamente con la legalidad vigente”, sin que se haya acreditado “influencia con sesgo delictivo de clase alguna”.

El documento subraya que “los hechos no son constitutivos de delito” y que, por tanto, no procede establecer régimen de autoría ni responsabilidad civil. Además, la defensa propone como prueba el interrogatorio del acusado, la comparecencia de testigos clave, entre ellos técnicos de la Diputación de Badajoz y responsables vinculados a los procesos investigados, así como testigos-peritos para aportar análisis técnicos. También solicita la lectura de la documentación obrante en la causa y las grabaciones, excluyendo los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil por considerar que vulneran derechos fundamentales.