Nos alejamos de la actualidad informativa clásica y buscamos, sin complejos, el entretenimiento más puro y divertido.
Con Lucía Semedo.
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A última hora de la tarde ponemos el acento en el análisis. No solo repasamos, también reposamos las noticias.
Con Laura Cruz.
La deuda de Extremadura se situó a cierre de 2024 en 5.552 millones de euros, lo que representa el 21 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB). Esta deuda de 5.552 millones de euros que Extremadura registraba en diciembre de 2024 suponen 230 millones más que el mismo mes del año anterior, cuando la deuda se situaba en 5.322 millones, el 21,4 por ciento del PIB, según datos del Banco de España.
Por su parte, la deuda del conjunto de las comunidades autónomas creció hasta los 335.977 millones de euros en diciembre de 2024, un 21,1% del PIB --inferior al 21,7% de 2023--, con un aumento interanual del 3,3%.
Dentro de las comunidades autónomas, y en un contexto marcado por las negociaciones para la condonación de deuda autonómica, la deuda subió en términos absolutos en todas las regiones respecto al año 2023, salvo Navarra, Galicia, Cantabria, Baleares y Asturias.
Cataluña (89.035 millones de euros), Comunidad Valenciana (60.332 millones), Andalucía (40.529 millones) y Madrid (37.260 millones) siguen concentrando en el año 2024 dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población.
No obstante, en porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 40,7%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Región de Murcia (31,5%), Cataluña (29,7%) y Castilla-La Mancha (29,1%).
Por el contrario, las menos endeudadas en relación a su PIB son Navarra (10,3%); Canarias (11,4%); País Vasco (11,6%) y la Comunidad de Madrid (12%).
Respecto al conjunto de las administraciones públicas, la deuda cerró 2024 en 1,621 billones de euros, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al año anterior, pero cae al 101,8% en relación al PIB, 3,3 puntos menos que la tasa registrada en 2023, según los datos confirmados este lunes por el Banco de España.
En el plan fiscal estructural a medio plazo remitido a Bruselas, el Gobierno estimaba que la ratio de deuda sobre el PIB bajase al 102,5% en 2024, aunque finalmente la tasa ha logrado situarse por debajo de esa previsión (101,8% del PIB).
Más a largo plazo, el Ejecutivo prevé que la deuda caiga al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteado por Bruselas.
A pesar de que desciende en porcentaje del PIB, la deuda pública se ha incrementado en 45.224 millones de euros en el último año (+2,9% interanual), superando los 1,6 billones de euros, cerca del máximo histórico que marcó a cierre del tercer trimestre de 2024 (1,636 billones).
Respecto al tercer trimestre de 2024, la deuda del conjunto de las administraciones públicas ha caído tanto en términos absolutos, con 15.130 millones menos, como en porcentaje del PIB, pasando del 104,4% al 101,8%.
En cuanto a la evolución de la deuda de los distintos subsectores de las Administraciones Públicas, el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se elevó a 1,489 billones de euros en diciembre de 2024, un 3,7% más, aunque en términos de PIB representó el 93,6%, por debajo del 95,8% registrado en 2023.
Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 126.173 millones, un 7,9% del PIB --por encima del 7,8% de 2023--, con un crecimiento interanual del 8,6%.
Según explica el Banco de España, este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Dichos préstamos, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores, no afectan a la deuda total del sector Administraciones Públicas.
La deuda de las Corporaciones Locales (CCLL) se situó en 22.848 millones de euros en la misma fecha, lo que representa un 1,4% del PIB, por debajo del 1,6% de 2023, y supone un 2% menos que el saldo registrado un año antes.
La deuda de Extremadura se situó a cierre de 2024 en 5.552 millones de euros, lo que representa el 21 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB). Esta deuda de 5.552 millones de euros que Extremadura registraba en diciembre de 2024 suponen 230 millones más que el mismo mes del año anterior, cuando la deuda se situaba en 5.322 millones, el 21,4 por ciento del PIB, según datos del Banco de España.
Por su parte, la deuda del conjunto de las comunidades autónomas creció hasta los 335.977 millones de euros en diciembre de 2024, un 21,1% del PIB --inferior al 21,7% de 2023--, con un aumento interanual del 3,3%.
Dentro de las comunidades autónomas, y en un contexto marcado por las negociaciones para la condonación de deuda autonómica, la deuda subió en términos absolutos en todas las regiones respecto al año 2023, salvo Navarra, Galicia, Cantabria, Baleares y Asturias.
Cataluña (89.035 millones de euros), Comunidad Valenciana (60.332 millones), Andalucía (40.529 millones) y Madrid (37.260 millones) siguen concentrando en el año 2024 dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población.
No obstante, en porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 40,7%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Región de Murcia (31,5%), Cataluña (29,7%) y Castilla-La Mancha (29,1%).
Por el contrario, las menos endeudadas en relación a su PIB son Navarra (10,3%); Canarias (11,4%); País Vasco (11,6%) y la Comunidad de Madrid (12%).
Respecto al conjunto de las administraciones públicas, la deuda cerró 2024 en 1,621 billones de euros, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al año anterior, pero cae al 101,8% en relación al PIB, 3,3 puntos menos que la tasa registrada en 2023, según los datos confirmados este lunes por el Banco de España.
En el plan fiscal estructural a medio plazo remitido a Bruselas, el Gobierno estimaba que la ratio de deuda sobre el PIB bajase al 102,5% en 2024, aunque finalmente la tasa ha logrado situarse por debajo de esa previsión (101,8% del PIB).
Más a largo plazo, el Ejecutivo prevé que la deuda caiga al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60% planteado por Bruselas.
A pesar de que desciende en porcentaje del PIB, la deuda pública se ha incrementado en 45.224 millones de euros en el último año (+2,9% interanual), superando los 1,6 billones de euros, cerca del máximo histórico que marcó a cierre del tercer trimestre de 2024 (1,636 billones).
Respecto al tercer trimestre de 2024, la deuda del conjunto de las administraciones públicas ha caído tanto en términos absolutos, con 15.130 millones menos, como en porcentaje del PIB, pasando del 104,4% al 101,8%.
En cuanto a la evolución de la deuda de los distintos subsectores de las Administraciones Públicas, el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se elevó a 1,489 billones de euros en diciembre de 2024, un 3,7% más, aunque en términos de PIB representó el 93,6%, por debajo del 95,8% registrado en 2023.
Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 126.173 millones, un 7,9% del PIB --por encima del 7,8% de 2023--, con un crecimiento interanual del 8,6%.
Según explica el Banco de España, este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Dichos préstamos, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores, no afectan a la deuda total del sector Administraciones Públicas.
La deuda de las Corporaciones Locales (CCLL) se situó en 22.848 millones de euros en la misma fecha, lo que representa un 1,4% del PIB, por debajo del 1,6% de 2023, y supone un 2% menos que el saldo registrado un año antes.
El pacense Kuqui Alegre lo tiene todo listo para este viernes. La sala La Santa acoge un concierto de este artista ecléctico y sin fronteras.
El análisis de hoy es de un sospechoso habitual: Fleibur desgrana Universo 2 de Albert Monteys, un dibujante del que somos fans fatales.
No cualquier terapia le viene bien a cualquiera. Luz Cayado nos trae algunos ejemplos.
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Con Lucía Semedo.
El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha asegurado que es "importante" hace un análisis "abierto, claro, transparente y sosegado" sobre el futuro de la nuclear para "no cometer errores".
"A tiempo de revertir el calendario pactado de cierres"
En su participación en el foro 'Wake Up, Spain!' ha asegurado que el acuerdo alcanzado en 2019 entre las empresas propietarias y Enresa para establecer un calendario ordenado de cierre de las nucleares entre 2027 y 2035 es algo firmado, pero que si se quiere revertir, se está "aún a tiempo".
"Tengamos cuidado con las decisiones que tomamos hoy, que tienen coste y que nos podemos arrepentir en el futuro, porque de eso sí que hay objetivamente muestras. Países arrepentidos de decisiones de política energética estamos viendo no uno, muchos, e industrialmente mucho más desarrollados que España", advirtió. A este respecto, el directivo subrayó que el escenario ha cambiado desde que ese protocolo de cierre se suscribió entre las empresas, con una pandemia, la invasión de Ucrania por Rusia o las elecciones en Estados Unidos de por medio en estos años, que han "cambiado el orden geopolítico".
Asimismo, indicó que, a pesar de los esfuerzos en el despliegue de las renovables, hay desafíos que hacen que "lo razonable" sea sentarse a analizar ese calendario de cierre. "Parece que las centrales nucleares tienen algún rol que cumplir todavía en la operación del sistema", dijo.
Y es que estimó que mientras no se consiga tener una red más flexible o se invierta en almacenamiento para poder garantizar la penetración de las renovables, será difícil gozar "realmente de seguridad e independencia energética".
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