Sin acuerdo. Así ha terminado el acto de conciliación entre los vigilantes del Marcelo Nessi, el centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores de Badajoz, y la empresa adjudicataria del servicio. Por lo tanto, continuarán con la huelga que mantienen desde hace año y medio. 

Tras dos horas, la mediación ha terminado sin acuerdo. Ha sido a puerta cerrada porque la empresa se negaba a que hubiese cámaras al principio. Han participado la fundación de mediación, la empresa, los sindicatos y la Junta. A la salida, los sindicatos han explicado que la parte empresarial sigue rechazando ampliar en dos vigilantes el turno de mañana, en otros dos el de tarde y en uno más el de noche. También se niega a reconocer un plus económico de peligrosidad a todos los vigilantes, actualmente sólo lo tienen algunos.

Los sindicatos también culpan de la situación a la Junta e insisten en que la seguridad es insuficiente. Aseguran que la Administración regional tiene capacidad para solicitar de inmediato a la empresa que aumente efectivos y recursos, o en el peor de los casos hacerlo en agosto, cuando se tiene que renovar la licitación del servicio. La Junta ha destacado hoy que siguen trabajando para mejorar la seguridad del Marcelo Nessi.

De momento, las partes no se han citado a un nuevo acto de mediación. Los vigilantes continúan por tanto con la huelga que iniciaron hace un año y medio.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se reunirá este miércoles se reunirá con el Consejo de Colegios de Educadores para tratar las condiciones de trabajo de estos profesionales tras el asesinato de una educadora social en un piso tutelado de Badajoz.

Ante este caso, Gabilondo ha recordado que la institución ha abierto una actuación de oficio con la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y con la Fiscalía General del Estado por el asesinato de esta profesional presuntamente a manos de tres menores.

"Una vez se reciba la información que hemos solicitado, nosotros tenemos que estudiarla y valorarla", ha subrayado Gabilondo en rueda de prensa este martes en Madrid en la presentación del Informe Anual de la institución.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo ha pedido valorar las circunstancias que "no son fáciles" en que desarrollan su trabajo los empleados de los centros para menores infractores. "En muchos casos, como queda dicho en este informe, se detectan problemas estructurales de organización, de plantillas de personal no siempre suficientes, y ello también afecta a su trabajo y a su seguridad", ha remarcado. Así, y ante la propuesta que ha registrado Vox para reducir de 14 a 12 la edad penal de los menores, el Defensor del Pueblo no cree que "bajando la edad" se vaya a afrontar el problema; ha precisado que son asuntos "de tal calibre" que los parlamentarios son los que deben dilucidar sobre ellos y ha recomendado la serie 'Adolescencia'.