Que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera no se hablara de financiación autonómica y sí del impuesto a la banca y la quita de la deuda, aseguran desde la Junta que es una falta de respeto a las CC.AA. y una deslealtad.

Por eso, ha dicho la consejera de Hacienda, Elena Manzano, abandonaron el foro. Porque no van a aplaudir los acuerdos de Sánchez con los nacionalistas para mantener el sillón.

"No nos van a convencer de algo que no es bueno para Extremadura y nos levantaremos una y mil veces"

Algo que le reprochan desde Unidas por Extremadura y el PSOE. Denuncian que la Junta no vela por los intereses de los extremeños.

"No han ido a defender una postura de región, han ido con una estrategia del PP"  

Vox y PP dejan claro que no quieren pagar la deuda de Cataluña, e insisten en la necesidad de una financiación autonómica justa.

"Estamos en contra de la condonación de la deuda, no podemos pagar la deuda de Cataluña"   

Manzano ha querido aclarar que, según la AIREF, ese dinero que llegaría a Extremadura por la quita de la deuda no se podría invertir en servicios públicos.

"De aquí no vamos a poder sacar ni un céntimo para gasto público"

Y sobre el impuesto a la banca, dicen desde la Junta que lo que quiere el Gobierno de España es cobrar a los ricos para repartir lo recaudado entre las CC.AA. que más tienen.
 

En la sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura celebrada este jueves, la relación entre el Partido Popular y Vox ha evidenciado una menor tensión que en los últimos plenos, aunque sigue siendo evidente el distanciamiento. Vox le ha vuelto a recordar que están en minoría y solo les darán apoyos puntuales en algunos medidas como ocurrió con el decreto de medidas fiscales, y ha puesto de nuevo en entredicho la estabilidad de la legislatura. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, insistió en la disposición del gobierno a dialogar y tender la mano a todos los grupos políticos.

Ley LGTBI

Por otro lado, Unidas por Extremadura ha cuestionado al Ejecutivo regional sobre la posible derogación de la Ley de Igualdad Social LGTBI, propuesta por Vox, y ha criticado la ausencia de campañas dirigidas a este colectivo. La diputada Nerea Fernández ha mostrado sus dudas sobre la firmeza del compromiso del PP con dicha ley, recordando situaciones anteriores en las que se pactaron derogaciones con Vox.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, y portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha respondido, manifestando el "más absoluto rechazo" del gobierno a la derogación de la Ley de Igualdad LGTBI. Bazaga ha recalcado que la administración trabaja por una Extremadura libre, diversa y plural, y que la derogación de dicha ley "no se ha cuestionado, no se está cuestionando y no se cuestionará".

Además, Bazaga ha destacado el incremento en la dotación de las oficinas LGTBI de Cáceres y Badajoz, pasando de 60.000 a 75.000 euros cada una, para actuar contra los delitos de odio. También ha mencionado la colaboración con la Secretaría General de Educación y Servicios Sociales para implementar programas contra el acoso escolar en centros educativos, y el apoyo a las Oficinas contra los Delitos de Odio por LGTBIfobia, especialmente en el ámbito rural, para evitar el llamado "sexilio".

En esta sesión plenaria también se ha cuestionado a la consejera de Salud por los nuevos menores migrantes que recibirá Extremadura. De momento la junta ha reconocido que aún no sabe cuántos llegarán a la región.

La actual secretaria general de UGT Extremadura y candidata a la reelección, Patro Sánchez, afronta "con muchísima ilusión y con más ganas que nunca" su nuevo mandato, para el que será confirmada en el X Congreso Regional de UGT Extremadura, que se celebra en Mérida. La suya es la única candidatura presentada.

Sánchez explica que será su "tercer y último mandato", y que tiene "muchos retos por delante". Y en cuanto al Congreso en sí, adelanta que pondrán en valor lo conseguido durante los últimos cuatro años, destacando la reforma laboral y los avances en pensiones y salario mínimo.

Son avances que "en Extremadura afectan muy especialmente", puesto que "los salarios aquí son más bajos, con lo cual el salario mínimo interprofesional ha tirado para arriba de los sueldos".

Entre los retos que se fija Sánchez para los siguientes cuatro años, destaca "seguir haciendo más y mejor sindicato", seguir peleando "por la igualdad, para que no haya asesinatos machistas, por la seguridad y la salud en el trabajo, por los derechos LGTBI", y "por todas aquellas cuestiones que afectan a los trabajadores".

La líder de UGT Extremadura advierte de que atravesamos "un momento complicado, con una situación y un panorama internacional muy complicado", debido a las guerras de Ucrania y de Gaza, y al avance de la ultraderecha, con presidentes como "Trump, Meloni, Orban, que de alguna manera están poniendo en peligro los derechos conseguidos, están poniendo en peligro una sociedad más justa, más igualitaria".

Además, se están "poniendo en peligro los valores de una Europa", por lo que cree que "Europa tiene que estar cohesionada, y tiene que hacer frente común a esos avances de la ultraderecha".

Más industria para Extremadura

Patro Sánchez opina que la región "tiene que tener un tejido productivo industrial importante", por lo que el modelo productivo de Extremadura "tiene que cambiar", para lo cual necesita "industrias potentes" que fijen población al territorio y hagan aumentar los salarios.

La región cuenta con "muchas fortalezas" y dispone de sol, agua y mucho territorio, por lo que además de pedir apoyo al Gobierno central, también hay pedirle al Ejecutivo regional que "apueste por la industrialización", ya que "no podemos estar siempre pendientes de lo que los demás nos vayan a traer".

"No podemos estar siempre echando la culpa a alguien de fuera", por lo que es necesario "empezar a creer" en las fortalezas de la región, y "desde el propio Gobierno de la Junta de Extremadura tiene también que potenciarlo y tiene también que pelearlo".

La Junta de Extremadura presentó este pasado jueves al Ministerio un informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, en el que advierte sobre las graves consecuencias del cierre programado de la Central Nuclear de Almaraz, cuya Unidad I finalizará sus operaciones en 2027 y la Unidad II en 2028. También les entregó un manifiesto firmado por el Comité de Empresa de Almaraz y un manifiesto de la Asociación de Ingenieros de Andalucía.

"No hay argumentos técnicos ni de seguridad"

El informe resalta que la energía nuclear juega un papel fundamental en el mix energético español, representando en 2023 el 20,3% de la electricidad generada con solo el 5,6% de la capacidad instalada. En el caso de Almaraz, su producción, aseguran, equivale al 7% de la demanda nacional, suficiente para abastecer a cuatro millones de hogares. La eliminación de esta fuente estable de energía aumentaría, explican, la dependencia del gas natural y las importaciones energéticas, generando volatilidad en los precios y una mayor vulnerabilidad ante picos de demanda.

En el aspecto ambiental, el Colegio de Ingenieros alerta de que el cierre de Almaraz provocaría un aumento significativo de las emisiones de CO₂, ya que la alternativa viable sería la generación con gas natural en centrales de ciclo combinado. Se estima que esto podría generar hasta 20 millones de toneladas adicionales de CO₂ al año, un 8,7% del total nacional, comprometiendo los objetivos de descarbonización de España y de la Unión Europea.

Desde el punto de vista económico, el informe advierte sobre un encarecimiento de la electricidad para los consumidores y la industria, ya que la generación con gas natural es más costosa debido a los precios del combustible y los derechos de emisión de CO₂. Además, el cierre de Almaraz supondría un elevado coste de desmantelamiento y la pérdida de miles de empleos cualificados en la región.

Hasta los 60 años

El Colegio de Ingenieros concluye que el cierre de la central no responde a razones técnicas ni de seguridad, y recomienda reevaluar la decisión con un enfoque técnico y económico. Según el informe, la vida útil de Almaraz podría extenderse hasta los 60 años, como ha ocurrido en otros países, sin comprometer la seguridad. En este sentido, instan a las autoridades a reconsiderar el cierre y priorizar una planificación energética que garantice un suministro estable, sostenible y competitivo.

La consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha valorado la visita de María Guardiola al Ministerio: "La presidenta le trasladó la necesidad de mantener la vida útil de la central, lo que significa no solo para Extremadura y las familias que viven de ella, sino la importancia que tiene para la soberanía energética de nuestra región y de toda España".