Los grupos parlamentarios de PP y Vox en la Asamblea han tumbado una propuesta de pronunciamiento registrada por el PSOE, apoyada por Unidas por Extremadura, en la que solicitaban a la Cámara autonómica que instaba al Congreso de los Diputados a aprobar la propuesta de ley del Gobierno de España para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
Los socialistas estiman que rebajar la jornada sin reducir el salario le afectaría al 50% de los trabajadores extremeños, en torno a 200.000 empleados que verían así mejoradas sus condiciones laborales.
En defensa de la propuesta, el diputado socialista Juan Ramón Ferreira, ha subrayado que una reducción de 2,5 horas supone "un paso adelante en mejorar la calidad de vida" de los trabajadores, algo que el Partido Popular y Vox "no le dan importancia a esto" y por ello "harán todo lo posible para pararlo, como ya nos tienen acostumbrados".
Ferreira ha defendido otras medidas que han mejorados las condiciones laborales como la reforma laboral o la subida del SMI, sin que ello haya perjudicado al avance de la economía nacional, al tiempo que ha rechazo la enmienda de sustitución de los 'populares' en la que planteaban acordar la duración de la jornada laboral en el seno del diálogo social mediante un acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal, en tanto que esta parte ha "bloqueado cualquier posibilidad de acuerdo".
En defensa de su enmienda, el diputado Juan Luis Rodríguez Campos, ha defendido el diálogo social que, en el caso de Extremadura, ha permitido cerrar acuerdos sobre autónomos, sobre infraestructuras, sobre políticas activas de empleo, sobre prevención de riesgos laborales, sobre planes de empleo, sobre planes estratégicos de economía, que están consiguiendo que la región tenga "el menor número de parados en la historia reciente" de Extremadura.
Además, ha criticado que los socialistas quieren "imponer a una parte lo que otra parte quiere que se consiga", y han "obviado por completo, utilizando un sectarismo típico del Gobierno de España, sin respetar" la opinión de los empresarios.
El diputado de Vox, Javier Bravo Arrobas, ha argumentado el rechazo a la propuesta porque es una medida que "no nace del diálogo social, ni de un análisis riguroso, ni de la realidad" de las empresas, sino que lo hace de un "acuerdo ideológico" entre el Partido Socialista y Sumar "impuesto y sin negociación alguna con quienes generan el empleo, que son los empresarios".
Además, considera que esta medida "solo se puede permitir y con grandes costes, evidentemente, económicos", por parte de "grandes empresas que, con cierto músculo, pueden llevar a cabo esta modificación". Por el contrario, hay sectores, como los agricultores y ganaderos, y otros como una tienda, un bar o una pyme donde "si tienen cuatro trabajadores y quieren implantar esta medida, eso no es una medida laboral, es una condena silenciosa a cerrar o a sustituir los contratos a jornada completa a tiempo parcial", ha señalado.
Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha recordado que PP y Vox ya estuvieron en contra de la reforma laboral y las subidas del SMI y pese a sus predicciones de paro y freno a la economía, está siendo "lo contrario", con subidas del PIB que duplican a la Unión Europea y con récord de empleo en la nación.
Asimismo, tal y como ha hecho también el portavoz socialista, hay otros países europeos que tienen jornadas laborales inferiores, y "no solo no les pasa nada", es que, además, son "más competitivos y tienen mayor rendimiento, hay mayor productividad". "Echar más horas en el trabajo no quiere decir que se produzca más ni que se trabaje mejor, no es así".
La medida, ha señalado, beneficiará directamente a doce millones y medio de personas, de las cuales 5,7 millones son mujeres, y garantizará "el derecho a trabajar menos a quienes más lo necesitan", entre las que ha citado a las camareras que trabajan 39,4 horas, a las dependientas que trabajan 39 horas, a las cuidadoras que trabajan 38,6 horas, a las agricultoras que trabajan 39 horas.
