A punto de cumplirse dos meses desde las elecciones autonómicas, la situación política en Extremadura permanece bloqueada. Las posturas entre Partido Popular y Vox siguen encalladas, sin avances visibles y con un creciente hermetismo por parte de ambos equipos negociadores.

Durante los últimos días, el PP extremeño ha optado por el silencio absoluto tras la llamada de atención de Génova a comienzos de semana. Ni declaraciones ante los medios ni publicaciones en redes sociales. También el líder regional de Vox, Óscar Fernández, ha evitado pronunciarse, sin valorar siquiera el intento de María Guardiola de rebajar la tensión en su polémica entrevista del lunes. El dirigente deja que sean los líderes nacionales quienes marquen la línea pública.

Y lo que dicen es que la negociación en Extremadura está siendo muy difícil. El escollo, insisten, es la propia María Guardiola, quien hoy ha recibido el respaldo de su compañero de partido y presidente gallego, Alfonso Rueda: "Intentan hacer y creo que están haciendo (en referencia a VOX) lo que además están diciendo públicamente: conseguir formar mayorías para tener una estabilidad que les permita gobernar".

Desde Vox insisten en que el PP debe asumir sus políticas para que haya acuerdo. Sus dirigentes nacionales reconocen que la negociación en Extremadura está siendo “muy difícil” y apuntan directamente a Guardiola como principal escollo. Aun así, Santiago Abascal asegura que su partido “no ha pedido cargos” y mantiene abierta cualquier vía de entendimiento.

En la dirección nacional del Partido Popular se muestran convencidos de que, pese a las dificultades, finalmente habrá un entendimiento con Vox. Sin embargo, el tiempo juega en contra: en apenas 11 días, María Guardiola deberá afrontar el primer debate de investidura sin que, por ahora, se vislumbre un pacto que facilite su elección como presidenta de la Junta de Extremadura.

Disparidad de cifras sobre el seguimiento de la huelga de médicos entre los convocantes y el SES. La Junta habla de una media del 25% mientras que el sindicato mayoritario en la región eleva el dato hasta el 80%. 

La diferencia entre ambas cifras, aclara María José Rodríguez, de SIMEX, radica en la forma de hacer el recuento...ya que ellos cuentan a los que de forma efectiva pueden hacer huelga y ahí no entran los que están de servicios mínimos, salidas de guardia o de baja.

Estatuto marco propio

Los médicos reclaman un estatuto marco propio. El acordado con otros sindicatos, afirman, no les representa porque su preparación, responsabilidad y jornadas no son iguales.

De no haber acuerdo antes, la siguiente semana que los médicos volverán a la huelga será la del 16 al 20 de marzo. El servicio extremeño de salud ofrecerá el lunes 23 de febrero los datos de consultas y operaciones aplazadas; en cualquier caso aclaran que, tal y como indica la orden en la que se recogen los servicios mínimos establecidos durante los días de huelga, los servicios de urgencias y emergencias funcionan en su totalidad y la atención a pacientes con necesidades inaplazables está garantizada.

Como un niño a punto de soplar las velas, el Museo Helga de Alvear llega a su quinto cumpleaños con algo de nervios, mucha ilusión y una celebración que llenará sus espacios de vida y creatividad con decenas de actividades abiertas al público.

La directora del museo, Sandra Guimarães, lo resume así: “Una gran fiesta, con diferentes actividades gratuitas, con música, cine, visitas comentadas, talleres y con intervenciones de artistas como Thomas Hirschhorn.” Una propuesta festiva que refleja la personalidad del museo: accesible, plural y profundamente comprometido con el arte contemporáneo.

A pesar de su corta trayectoria, el Helga de Alvear ha reunido innumerables reconocimientos, todos con un hilo común: su capacidad para ser un auténtico cruce de caminos artístico. Lo es su imponente edificio de hormigón blanco, que cose con sus formas angulosas la frontera simbólica entre la Cáceres medieval y la contemporánea. Y lo es también su interior, donde 200 años de arte moderno y contemporáneo dialogan y se enriquecen mutuamente: de Goya a Picasso, de Kandinsky a Helena Almeida, siempre bajo la mirada icónica de la monumental lámpara de Ai Weiwei, ya convertida en símbolo del museo.

Entre la celebración se cuela inevitablemente la nostalgia hacia la figura que lo hizo posible. Se recuerdan las palabras que Helga de Alvear pronunció el 12 de marzo de 2024 a Canal Extremadura: “Yo soy una viciosa, me gusta el arte”. Ese “vicio exquisito” floreció en la que hoy es la mayor colección privada de arte contemporáneo de Europa, y lo hizo desde Cáceres hacia el mundo.

Cinco años pueden parecer pocos, pero para el museo solo han sido el comienzo. El Helga de Alvear apenas ha echado a andar. Por delante tiene una larga, intensa y hermosa vida cultural que seguirá transformando la escena artística de Extremadura y del país.

Ecologistas en Acción de Extremadura advierte de que el nuevo mapa de zonas prioritarias para el desarrollo de energía solar fotovoltaica en la región abre una amplia disponibilidad territorial para el negocio energético, sin límites definidos ni una evaluación estratégica que analice el conjunto de los impactos. Aunque la Junta indica que esta clasificación no exime de los trámites ambientales, reconoce que instalarse en estas zonas “facilitará la tramitación”, algo que para la organización introduce un sesgo en la toma de decisiones públicas.

La asociación critica que las denominadas “zonas posibles” no son neutras, ya que orientan la planificación administrativa sin disponer de elementos clave: no existen techos por comarca o municipio, ni densidades máximas, ni umbrales de saturación paisajística o ecológica. A su juicio, una zonificación sin límites abre la puerta a concentraciones masivas de instalaciones fotovoltaicas y a efectos acumulativos que no se están teniendo en cuenta en los procedimientos actuales.

Ecologistas en Acción insiste en que el problema no reside en una planta aislada, sino en la suma de numerosos proyectos, que puede provocar fragmentación de hábitats, nuevas líneas de evacuación, pérdida de conectividad ecológica y presión sobre dehesas y mosaicos agrarios. Esto afecta también a actividades tradicionales que fijan población en el medio rural, como la agricultura ecológica o la ganadería extensiva. Consideran que la evaluación ambiental “proyecto a proyecto” no detecta adecuadamente estos impactos acumulativos y reclaman una evaluación ambiental estratégica global.

La organización cuestiona además la falta de transparencia en la metodología que ha utilizado la Junta para determinar qué terrenos poseen “Alta” o “Muy Alta Capacidad”. Señalan que la resolución menciona la protección de dehesas y suelos productivos, pero no especifica qué criterios, capas cartográficas o ponderaciones se han empleado, lo que impide el control social y técnico sobre si realmente se protege lo que se afirma. Sin una metodología pública, sostienen, no puede garantizarse una planificación responsable.

Finalmente, Ecologistas en Acción denuncia la ausencia de participación ciudadana en la elaboración de esta resolución, pese a que afecta a un 15 % del territorio extremeño y puede determinar la instalación de macroproyectos. Por ello, ha registrado ante la consejería una solicitud formal de información amparada en las leyes de transparencia y acceso ambiental, reclamando la memoria técnica completa, la metodología utilizada, las capas cartográficas y un análisis de impacto acumulativo que justifique la ausencia de una evaluación ambiental estratégica.

Alrededor de 200.000 personas en Extremadura, esto es, uno de cada cinco extremeños, sufren exclusión social en sus distintas manifestaciones, según advierte el IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en la región (Einfoessa 2024).

"Vivimos un proceso de fragmentación social con una clase media en retroceso y una exclusión social que persiste en la región", ha lamentado este viernes la integrante del Comité Técnico de la Fundación Foessa y del equipo de estudios de Cáritas Española Marina Sánchez-Sierra durante la presentación del referido documento en rueda de prensa en Mérida.

En la misma ha estado el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, quien citando al Papa León XIV ha anotado que, actualmente, se percibe un aumento de las distintas manifestaciones de pobreza, traduciéndose ello en "múltiples formas de empobrecimiento económico y social, reflejando el fenómeno de las crecientes desigualdades, también en contextos generalmente acomodados".

A renglón seguido, Rodríguez Carballo ha abogado por una "fraternidad universal" donde "nadie sobra y todos son necesarios", frente a una "cultura del descarte" por cuenta de la cual se ven especialmente afectados "los más pobres".

Por su parte, el director de Cáritas Regional de Extremadura, José Luis Espinosa, ha alertado de que se está construyendo una "sociedad desigual" en la que la exclusión social "se consolida" como un "elemento estructural" con "graves brechas sociales" entre las cuales vivienda y empleo se erigen como "ejes articuladores de los procesos exclusión".

Definiendo a la vivienda como la "dimensión de exclusión más extendida", Sánchez-Sierra ha explicado que el 22 por ciento de los extremeños se ven afectados por problemas relacionados con ella, así como que una de cada diez convive con "inseguridad residencial" o "problemas de habitabilidad".

"Acceder a una vivienda y poder mantenerla se ha convertido en una de las principales fuentes de inseguridad vital para miles de hogares", ha remarcado la integrante del comité técnico de Foessa, agregando que, "ahora más que nunca" la vivienda es "un derecho fake".

En este sentido, el informe pone de manifiesto que entre 2018 y 2024 el precio de compra de la vivienda aumentó un 20 por ciento en la región, encarecimiento que hace que 340.000 hogares de Extremadura "destinen tantos recursos al pago de la vivienda y suministros" que, una vez abonados, quedan por debajo del umbral de la pobreza severa.

No obstante, la presión es "doble" en el caso del alquiler, ya que, agrega el documento, "el 37 por ciento de las personas de Extremadura que viven en este régimen se encuentran en riesgo de pobreza".

Pese a que el empleo, a ojos del informe, "ha mejorado" al aumentar el número de personas ocupadas y verse reducida la temporalidad, la Einfoessa 2024 desvela la "paradoja" de que esas mejoras "no están llegando" a todo el mundo.

"Se trabaja más, pero trabajar ya no garantiza salir de la cuerda floja", ha apuntado Sánchez-Sierra, tras precisar que el 17 por ciento de los hogares de la comunidad autónoma se ven afectados por problemas de exclusión en el empleo.

Como matiz importante, en la presentación se ha insistido en el hecho de que "una parte muy relevante del crecimiento del empleo en Extremadura se apoya en la población migrante", siendo esta, asegura Sánchez-Sierra, un "pilar clave" del funcionamiento del mercado de trabajo de la región y de su crecimiento económico.

En este punto, la integrante del equipo de estudios de Cáritas Española ha hecho especial hincapié en que "el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión social" y la idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones "es falsa".

"No fallan las personas, falla el sistema", ha reiterado Sánchez-Sierra, para aseverar que "el problema no es la falta de iniciativa" sino un sistema que exige activación sin ofrecer apoyos suficientes, con dispositivos fragmentados, recursos insuficientes y respuestas poco adaptadas.

Salud, pobreza y brecha generacional

Otro de los ejes del informe ha sido la salud. El documento advierte que el 10 por ciento de los hogares tienen dificultades para acceder a los servicios o productos sanitarios que necesitan, viéndose "obligados a dejar tratamientos o dietas" al "no poder asumir" los costes.

"La salud se ha convertido en uno de los espejos más claros de la desigualdad social en Extremadura", ha expuesto Sánchez-Sierra, para añadir que "desde 2018 se ha triplicado el número de hogares en los que alguien pasa hambre".

Como dato alentador, el informe destaca que, desde 2021, las tasas de riesgo de pobreza en Extremadura han bajado del 32,3% al 27,5%, aunque siguen por encima de la media nacional (19,7%).

El informe también destaca que la exclusión "golpea con fuerza" a los menores de edad, con una tasa del 30 por ciento, que triplica la de las personas mayores de 65 años, y que sube al 34 por ciento en hogares con dos o más menores, frente al 15 por ciento de los hogares formados solo por adultos.

Finalmente, Sánchez-Sierra ha abogado por ampliar el parque público de alquiler social, frenar subidas abusivas, reforzar la progresividad fiscal y mejorar la protección social "cuando el empleo no llega", ya que existen casos de personas que, aun estando empleadas, "no es suficiente".