Y en Mérida, Vecinos de la barriada de San Antonio, denuncian que no tienen acceso a internet ni línea telefónica por culpa de la presencia de ratas en los conductos subterráneos. A través de un escrito la comunidad vecinal de la calle Manuel de Falla, lamenta que el vecindario se está viendo afectado "desde hace ya mucho tiempo" por la proliferación de estos roedores, que campan a sus anchas provocando daños en el cableado. Ramón Gato ha estado con ellos.
Las comunidades tienen hasta este martes, 20 de mayo, para presentar de nuevo al Gobierno la cifra de menores migrantes no acompañados que atienden en sus territorios actualmente.
Se trata de un requerimiento por parte del Ministerio de Juventud e Infancia para calcular la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las diferentes autonomías. Este es un paso previo a la ejecución del Plan de respuesta solidaria ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y la adolescencia migrante no acompañada. Según han asegurado desde las consejerías, algunas aún no han enviado sus cifras de acogida al Gobierno por lo que se esperarán a mandarlo a las horas previas antes de que finalice el plazo.
Por el contrario, en el caso de Aragón, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha asegurado que los datos sobre los menores migrantes que acoge la comunidad autónoma "están preparados", pero pero será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) el que dirá si tiene que darlos o no cuando resuelva la suspensión cautelar solicitada por el Ejecutivo autonómico del requerimiento de información sobre menores realizado por el Estado. Susín ha reiterado que el de Aragón "no es un Gobierno insumiso, cumple las leyes y las resoluciones de las justicia". Además, respecto al plazo para presentar los datos sobre los menores migrantes, ha dicho que "acabará" cuando lo dicte el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Precisamente, el Ejecutivo acordó la semana pasada la interposición ante el Tribunal Constitucional de un conflicto positivo de competencia en relación con la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. El motivo del mismo es por no atender a las exigencias del deber de colaboración derivadas de la aplicación del real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
El Ministerio que dirige Sira Rego pidió por primera vez a las autonomías que aportaran sus datos de acogida en marzo. Sin embargo, tras diez días para facilitar esta información, Aragón no comunicó sus cifras y otras como Madrid lo hizo de forma "general" y "asimétrica". Por ello, tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del pasado 5 de mayo, la ministra solicitó a las autonomías que actualizasen sus cifras.
Respecto a la Sectorial, esta estuvo marcada por las críticas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular por los criterios "arbitrarios y forzosos" aprobados por el Ejecutivo.
"Cero propuestas del PP en una Conferencia que se ha centrado en el bloqueo y no ha habido aportaciones de ningún tipo. Ha sido un debate largo en el que lamentablemente no hemos abordado lo que para nosotros es el asunto central que es la situación de crisis humanitaria en Canarias y Ceuta", manifestó Rego en declaraciones a los medios tras el encuentro.

El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha asegurado que no parece lógico mantener un calendario de cese de actividad de las centrales nucleares españolas acordado en 2019, cuando había una situación energética, ambiental y geoestratégica muy diferente, y ha advertido que si Cataluña cierra sus 3 reactores "vuelve a la edad de piedra". Lo ha dicho en un encuentro con periodistas, en el que ha explicado que ha habido un cambio en la actitud del Gobierno, que parece dispuesto a dialogar con las empresas una prolongación de las siete centrales españolas: "Ambos estamos pendientes de que sea la otra parte la que de un paso adelante".
El Gobierno espera que las empresas sean las que hagan una propuesta oficial para prolongar la vida de las nucleares, pero estas exigen como condición 'sine qua non' rebajar la fiscalidad, no solo por parte de la Administración central, indica Araluce, sino también por parte de gobiernos autonómicos y municipales. El presidente de Foro Nuclear cree que aplazar el cierre de Almaraz I previsto para noviembre de 2027 --es la primera de las 7 centrales que cesarán de aquí a 2035-- supondría desbloquear la situación, y cree que esto debería acordarse a lo más tardar este otoño.
Explica que el cierre total de los reactores acordado en 2019 debe ir acompañado de un aumento de las renovables de aquí a 2030: "Se debería duplicar la producción eléctrica procedente de la energía eólica y fotovoltaica en 5 años y no sabemos la potencia que en 5 años se va a necesitar".
Almacenamiento
A esta situación se añade el retraso en la infraestructura de almacenamiento, sea mediante baterías o centrales hidroeléctricas reversibles, pues hay que pasar de 3,5 gigavatios a 22 gigavatios de almacenamiento en 2030, y "eso es un problemón para las renovables, para que sean rentables".
"La nuclear no emite CO2, es uno de los puntos de apoyo de la transición energética", ha explicado Araluce, quien ha criticado a quienes han querido enfrentar este tipo de energía, que la UE clasifica de limpia pero no verde, con las renovables.
Según el representante del sector, el 26% de la generación de energía no emisora de CO2 en España es nuclear, aunque el nivel de producción de las nucleares en 2024 se redujo ligeramente, pues representó un 19,9% del total de la energía eléctrica, frente al 20,3% del año anterior.
"Llevamos con la misma generación eléctrica de hace 15 años. Hay falta de demanda y eso es preocupante. Está bien que consumamos menos, pero también significa que se produce menos. El PIB crece, pero en sectores de bajo consumo. Nos estamos convirtiendo en una economía de servicios", ha advertido.
Ha asegurado que no existe un sector productor de energía que tenga tanta autonomía como la nuclear -donde se realizan recargas cada año y medio aproximadamente-, y eso se ha visto en el estrés registrado por la guerra en Ucrania.
Demanda deficitaria en Cataluña
En Cataluña, la demanda de energía en 2024 fue de 44.112 gigavatios, frente a los 37.500 gigavatios producidos, de los cuales, 22.000 procedieron de las centrales nucleares de Ascó 1 (su cierre está previsto en octubre de 2030), Ascó II (septiembre de 2032) y Vandellós II (febrero de 2035).
"El 59,13% de la energía eléctrica que se produce en Cataluña procede de las nucleares", ha dicho Ignacio Araluce, quien ha asegurado que actualmente, percibe una opinión más favorable hacia las nucleares que antes de la guerra en Ucrania.

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