La Mancomunidad de la Vera se ha convertido en la primera entidad de este tipo de nuestro país que se incorpora a la Red de Municipios por la Agroecología. Se trata de un grupo que se puso en marcha en 2018, y con el que colaboran ayuntamientos de toda España para impulsar sistemas alimentarios sostenibles, resilientes y con arraigo territorial. En Canal Extremadura, la representante de la Comisión de Medio Ambiente de la Mancomunidad Verata, Isabel Vizcaíno, ha indicado que es un gran avance para la comarca, especialmente en las políticas alimentarias.

Margen de mejora

Vizcaíno, que también es concejala en Talaveruela de la Vera, reconoce que todavía hay mucho por hacer. Entre las ventajas de la red, que se reúne este jueves en Getafe, destacan algunas: permite disponer de apoyo técnico y formación especializada, y mejorar las políticas alimentarias. En ella participan grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Córdoba o Murcia; y municipios pioneros como Allariz, Getafe, Aínsa o Godella. Todos ellos son ejemplos de buenas prácticas, pero La Vera también puede hacer aportaciones positivas. Entre ellas, su Estrategia Comarcal Alimentaria.

Por el cumplimiento de esa estrategia vela una comisión permanente formada por varios colectivos. La estrategia reactiva las fincas periurbanas y las agrupa para producción ecológica; contempla también una plataforma logística para la distribución de los productos. Incluye además dietas en centros educativos, se ocupa de la equidad social y combate el desperdicio de alimentos. Entre los objetivos que persigue: que todos nuestros mayores consuman productos ecológicos, y que en todos los colegios e institutos haya una alimentación equilibrada.

Aprender de otros territorios

Gracias a la red, por otra parte, la Mancomunidad de la Vera aprende a aplicar mejoras en esa comarca fijándose en los positivo que se hace en otros puntos del país. Por ejemplo, mercados a los que las personas puedan aportar productos de proximidad que han crecido en sus propios huertos. Aseguran quienes la componen que el enfoque de mancomunidad resulta más eficaz, al ser más amplio que el de los propios ayuntamientos. Si vamos todos a una y sumando esfuerzos, concluyen, es más fácil.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este miércoles, en una reunión extraordinaria celebrada de forma telemática, la licitación de un nuevo contrato para los hogares de inserción sociolaboral destinados a menores y jóvenes con medidas judiciales, dentro del sistema de protección de menores y justicia juvenil. La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha destacado que se trata de una apuesta “decidida” por mejorar la seguridad y la calidad educativa de estos centros.

El nuevo contrato, que duplicará el presupuesto base respecto al anterior, pasando de 1,8 millones a 3,5 millones de euros, contempla una ampliación de plantilla para garantizar una atención continua, 24 horas al día, los siete días de la semana, con al menos dos profesionales por turno. “No volverán a quedarse solos", ha subrayado la consejera.

Nuevas figuras profesionales y más seguridad

Como novedad, el pliego introduce una nueva figura profesional: el auxiliar de control educativo, con competencias relacionadas con la contención, la seguridad y el acompañamiento, que se sumará a los perfiles habituales de educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales y auxiliares técnicos educativos.

Además, se establece la obligatoriedad de instalar un sistema de alarma, similar al botón del pánico, que permita una respuesta rápida ante situaciones de riesgo. También se exigirá un protocolo específico ante episodios de violencia, así como una herramienta técnica de evaluación de riesgo de reincidencia. “El objetivo es claro: prevenir la reincidencia y facilitar la verdadera reintegración social de los menores”, ha explicado Sara García Espada.

Refuerzo en el centro Marcelo Nessi

La consejera también ha anunciado un refuerzo inmediato en el centro de internamiento Marcelo Nessi, en Badajoz, donde recientemente se han producido episodios de violencia. Esta misma semana se ha autorizado la incorporación de 11 nuevos profesionales: seis auxiliares técnicos educativos, cuatro educadores sociales y un trabajador social.

La Policía Nacional está llevando a cabo una operación en un inmueble situado en la calle Menacho de Badajoz, así como en una tienda de bisutería y complementos ubicada en los bajos de esta céntrica vía comercial.

Varias unidades policiales se encuentran en la zona, acompañadas por guías caninos y agentes de Aduanas pertenecientes a la Agencia Tributaria.

La presencia de los agentes ha despertado la curiosidad de vecinos y transeúntes, que se detienen ante el cordón policial intentando averiguar qué está ocurriendo.

El pasado 23 de junio, alrededor de las 21:00 horas, un incendio devastó el bar Alejandría, situado en la calle Lady Smith, en la barriada de Cerro Gordo, en Badajoz. Las llamas se originaron en la cocina del local, en concreto en la campana extractora, y provocaron una intensa columna de humo que obligó al desalojo preventivo de al menos cuatro viviendas cercanas.

Aunque no se han registrado daños personales graves, sí hubo una persona atendida por crisis de ansiedad. Los bomberos municipales y efectivos sanitarios, con apoyo de Cruz Roja y 112, trabajaron durante varias horas en las tareas de extinción y ventilación del inmueble.

El incendio calcinó por completo el interior del bar, dejando importantes daños materiales y cerrando temporalmente un local emblemático del barrio.

Campaña de solidaridad

Desde primeras horas del martes, los vecinos y amigos han lanzado una campaña de crowdfunding para apoyar a los dueños del bar en los primeros gastos derivados del siniestro y durante el tiempo que tarde el seguro en responder. La iniciativa ha recaudado ya 1.650 € a través de GoFundMe, con el objetivo de “hacer frente a las facturas y recibir un impulso inicial para retomar la actividad” 

“Sus dueños y amigos están desolados, el negocio está parado y las facturas se siguen pagando. Como amigo de la familia me he visto en esta tesitura y hacer una recaudación”, ha asegurado la persona encargada de poner en marcha la iniciativa.

Este 25 de junio se cumplen cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia en España. En Canal Extremadura ha hablado de ello el delegado en nuestra comunidad de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Jorge Caldera considera una buena noticia que tengamos esta norma, para que cada cual pueda decidir cómo van a ser los últimos momentos de su vida. Reconoce, eso sí, que todavía falta mucho por hacer en esta materia. 

Falta información

Según Caldera, esa ley ha supuesto un avance en el derecho a morir de una forma digna, ya que hasta su aprobación se buscaban alternativas alegales, con fórmulas que cada uno aplicaba en su casa, sin que existiera una regulación al respecto. Uno de los prinicipales problemas que detecta el colectivo es que este procedimiento se sigue alargando demasiado en el tiempo. Consideran que faltan campañas de información y sensibilización por parte de las administraciones; también campañas formativas para el personal sanitario, que sigue albergando múltiples incertidumbres al respecto y evidenciando desconocimiento sobre cómo debe actuar en estas situaciones. Todo ello hace que se prolonguen los plazos.

Derecho a Morir Dignamente opina que debería haber un médico de referencia sobre este asunto en cada centro de salud y en cada hospital, para indicar cómo se debe proceder. Estima necesario que Extremadura cuente con oficinas de ayuda para morir, dado que actualmente no dispone de ninguna. También insta a la Junta a que la eutanasia se pueda llevar a cabo de una forma más rápida. Hay -asegura la asociación- un alto número de facultativos que se declaran objetores de conciencia. Muchos de ellos incluso siendo partidarios de la eutanasia; son lo que se conoce como "objetores de conveniencia". 

Marco legal

Tanto la Ley de Autonomía del Paciente como la Ley de Eutanasia recogen las normativas que garantizan los derechos de estos pacientes. Pueden solicitar la eutanasia aquellas personas que sufren enfermedades graves o procesos incapacitantes. En cualquier caso, es algo que nadie puede hacer por ti, nos cuenta Jorge Caldera, quien lamenta que es un procedimiento muy largo en el que hay que dar demasiados pasos. A su juicio, las leyes son garantistas, pero sólo desde el punto de vista del médico; no desde el del paciente.

Según varios estudios, más del 70% de la ciudanadía está a favor de la eutanasia. Algunos elevan esa cifra por encima del 80%. En Extremadura -reconoce Derecho a Morir Dignamente- se solicitan muy pocas. Y critica que los colectivos llamados "pro-vida" hayan paralizado por la vía judicial casos de eutanasia que ya se habían autorizado.

La Policía Local de Talavera la Real ha puesto a disposición judicial a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser detectado por un radar circulando a 124 kilómetros por hora en una vía urbana limitada a 50 km/h.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, 23 de junio, a las 16:35 horas, en la Avenida de Extremadura de la localidad pacense. Tras conocer la infracción, los agentes iniciaron las averiguaciones pertinentes que permitieron identificar al conductor del turismo implicado. Según ha informado la Policía Local a través de una nota de prensa, las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Badajoz en funciones de guardia.

Desde el cuerpo policial recuerdan que el Código Penal castiga con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días a quienes superen en más de 60 km/h el límite de velocidad en vías urbanas. Además, en todos los casos, se contempla la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.

Han pasado ya cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en 2021. Extremadura ha registrado un total de 29 solicitudes para acceder a esta prestación, de las cuales 10 se han llevado a cabo hasta el 23 de junio de 2025. El camino hacia una muerte digna, aunque legalmente reconocido, sigue siendo complejo y lleno de matices. En la región el número de médicos objetores (ámbito de atención primaria y atención hospitalaria) de conciencia desde la entrada en vigor de la Ley  es de 505

En 2021, el primer año de aplicación, se registró una única solicitud, que no llegó a materializarse debido al fallecimiento del paciente durante el proceso.

En 2022 se realizaron 3 prestaciones 

El año 2022 supuso un punto de inflexión, con 11 solicitudes y 3 prestaciones realizadas. La mayoría de los casos estaban motivados por enfermedades oncológicas o neurológicas, y en seis de ellos los pacientes fallecieron antes de que se completara el proceso. La implicación de médicos de atención primaria y enfermeras fue clave en estos primeros pasos.

En 2023, las cifras descendieron ligeramente: 5 solicitudes y 2 prestaciones realizadas, además de un caso que se aplazó hasta enero de 2024. La tendencia se mantuvo en 2024, con 8 solicitudes y 4 eutanasias practicadas, incluyendo una con participación del Comité de Trasplantes por tratarse de una donación de órganos.

En lo que va de 2025, se han registrado 4 solicitudes, de las cuales solo una se ha realizado, mientras que en los otros tres casos los pacientes fallecieron durante el proceso.