La Junta de Extremadura ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley aprobado por el Gobierno central que establece el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.
Así lo ha comunicado este miércoles la portavoz del Ejecutivo extremeño, Victoria Bazaga, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Según ha explicado, el Ejecutivo regional considera que la normativa "invade competencias exclusivas de la Junta en materia de protección de menores" y "vulnera principios como la autonomía y la lealtad institucional".
Bazaga ha criticado además que el Gobierno central haya recurrido a la figura del real decreto ley para una situación que, en palabras de la portavoz, “lejos de ser extraordinaria, es estructural”. En este sentido, ha defendido que la medida afecta a derechos fundamentales como la libertad y la educación de los menores, altera el régimen constitucional de distribución de competencias y, además, “no garantiza la financiación necesaria para atender adecuadamente a estos menores trasladados”.
Medida unilateral
"La medida ha sido impuesta de manera unilateral, sin respetar los principios de cooperación y solidaridad que deben regir en el Estado autonómico", ha añadido Bazaga, quien ha recalcado que la Junta llevará este asunto al Tribunal Constitucional por entender que se trata de una imposición que desatiende tanto las necesidades de los menores como el marco competencial de la comunidad.
El Congreso aprobó el pasado 10 de abril el decreto para repartir a los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades, cuando una de ellas vea sobrepasada su capacidad de acogida. Salió adelante tras un crispado debate, y con 179 votos a favor y los votos en contra de PP y VOX, entre otros.C
Con el reparto de los 4.400 menores migrantes en nuestro país, a Extremadura llegarían 169. Entre las comunidades autónomas a las que llegarán más menores están Madrid con 806, Andalucía con 796 y Valencia con 477.
