Hoy ha comenzado el traslado a la Península de menores migrantes que piden asilo en nuestro país y que han llegado sin acompañamiento a los puertos de Canarias.
El Gobierno cumple así órdenes del Tribunal Supremo, que le exigió hacerse cargo de los 1.200 menores que ahora mismo viven en las Islas, en centros absolutamente saturados.
Muchos de ellos proceden de países en continuo conflicto armado, como Malí, donde la violación de los derechos humanos es una moneda común. El primer grupo, de 10 jóvenes, se reubicará bajo protección estatal en centros de adultos adaptados, como el albergue de Mérida.
El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha criticado que "una vez más, nos enteramos por la prensa de un nuevo comienzo de un nuevo reparto de menores no acompañados, que no responden a esos 159 menores que nos correspondían a Extremadura, y que todavía no se ha aprobado mediante real decreto".
Bautista explica que se trata de "otro reparto distinto, aun cuando el Tribunal Supremo ya ha dicho que corresponde al estado acogerlos en sus centros de acogida estatales y no a las comunidades autónomas".
Por su parte, el delegado del Gobierno defiende que el Estado ha incrementado las cantidades para atender a estas personas. Y José Luis Quintana asegura que "Extremadura es una de las comunidades que más beneficiada sale de esas transferencias para que ejecute sus competencias, y una es ésta".
En relación a esto, Bautista aclara que los dos millones de euros ofrecidos por el Gobierno "cubren solo los tres primeros meses" de estancia, mientras que la tutela se mantiene hasta los 18 años, "asumiendo la Junta los gastos de sanidad, educación, personal y alimentación".
Valoraciones políticas
La portavoz de igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha señalado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, es la "campeona de la indignidad humana" por la utilización que considera está haciendo del reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas para atacar al Gobierno central.
En declaraciones difundidas a los medios de comunicación, ha subrayado que se trata de personas, de menores de edad y que "la misma que señalaba y que renegaba de sus socios de la extrema derecha por aquello de la deshumanización de las personas inmigrantes ahora es la campeona de la indignidad humana".
También VOX se ha pronunciado al respecto. El portavoz del Grupo Parlamentario en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha rechazado el traslado de menores migrantes no acompañados a Extremadura y ha acusado al PP de "seguir la agenda del PSOE" en este sentido.
"No se debe aceptar el traslado de más menores no acompañados a nuestra comunidad", ha señalado Fernández Calle, para quien el "problema no es la cifra" de menores que vendrá sino "que se está alimentando un efecto llamada que, a la larga, multiplicará las llegadas".
Así, el diputado autonómico ha señalado que la posición de su partido "no ha cambiado respecto a este asunto un ápice". "Oposición frontal a la inmigración ilegal y devolución de todos los ilegales que entran en España. Y si son menores, que eso está por ver, porque la inmensa mayoría no lo son, devolución a sus padres en sus países de origen, que es donde mejor pueden estar", ha señalado en nota de prensa.
