La Asamblea de Extremadura ha aprobado una declaración institucional en la que subraya la importancia del cultivo de tabaco para la economía regional y reclama medidas regulatorias "proporcionadas" que no perjudiquen al sector. La comunidad produce el 98% del tabaco español y el 20% del europeo, con un impacto clave en zonas rurales como La Vera, Campo Arañuelo o Plasencia. Además, apuntan que el sector genera empleo de calidad.

Lucha contra la despoblación

Los grupos parlamentarios del PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura han defendido que el cultivo de tabaco en Extremadura es un "pilar estratégico" en la lucha contra la despoblación y un "factor clave" en el fortalecimiento del tejido social, no sólo por la creación de puestos de trabajo directo e indirecto "de calidad", con un peso importante de empleo femenino, sino también por su impulso al desarrollo de comarcas que presentan indicadores sociales y económicos diferenciales, con menor tasa de paro o mayor renta neta por hogar.

Los grupos parlamentarios han pedido que cualquier regulación sobre empaquetado o consumo se base en estudios científicos y tenga en cuenta las repercusiones económicas en la región. También han destacado la labor de Cetarsa, empresa pública clave en la transformación del tabaco.

Tabaco y menores

Tras esa declaración institucional, la Asociación Española Contra el Cáncer ha pedido a los partidos políticos una reunión de urgencia. Piden que se proteja a la juventud del consumo de tabaco. Aseguran que más de la mitad de los menores de entre 15 y 18 años ha probado el cigarrillo electrónico o el vapeador en el último año. Critican que Extremadura sea una de las comunidades que no ha desarrollado aún un plan específico antitabaco y que su normativa sobre adicciones deja fuera los nuevos dispositivos dispensadores de nicotina.
 

La autovía del norte, la EX-A1, que unirá Moraleja con Castelo Branco en Portugal, podría sufrir nuevos retrasos. Uno de los tramos lusos no ha obtenido el visto bueno ambiental y desde el país vecino confirman que ya buscan un trazado alternativo. Mientras, la parte extremeña sigue dando pasos en firme. El tramo portugués que no ha obtenido el permiso ambiental es el que une Penha García con Monfortiño. Son apenas 15 kilómetros de un proyecto que está bastante avanzado.

Portugal busca alternativas

Portugal no especifica el motivo, pero busca ya alternativas para volver a presentar la Evaluación de Impacto Ambiental, tal y como ha confirmado Manuel Martín, consejero de Infraestructuras de la Junta: "Nos manifiestan que tampoco hay un motivo de preocupación, porque los otros tramos tienen la DIA favorable y en este tramo están buscando un trazado alternativo".

"No más excusas, no más pretextos"

Este contratiempo, sin embargo, hace temer a algunos que la autovía, que lleva más de 25 años en construcción, siga acumulando retrasos. Por eso, desde la Alianza Ibérica, Manuel Martín exige que las obras arranquen en el segundo semestre de este año y estén finalizadas en 2030: "No más excusas. No más pretextos. Instamos al gobierno de Portugal y a la Junta de Extremadura a que antes de finales de este 2025 se liciten los dos primeros tramos".

La parte extremeña se encuentra en el proceso de estudio de viabilidad

Aunque lo cierto es que la parte extremeña sigue dando pasos en firme y cumpliendo plazos. La Junta ha finalizado la actualización del proyecto y ahora se encuentra en el proceso del estudio de viabilidad, así lo asegura el consejero extremeño Manuel Martín: "Próximamente se conocerá el adjudicatario".

El adjudicatario acometerá las obras de esta infraestructura con el método de colaboración público-privada para así, apunta el gobierno regional, hacerla por fin posible.

Badajoz acoge una jornada centrada en la realidad de los menores víctimas de la violencia vicaria. Se enmarca en el proyecto Mariposas, de Cruz Roja y la Diputación de Badajoz, que trabaja desde hace tres años con estos jóvenes. Una labor necesaria ya que está demostrado que estos menores sufren consecuencias en su desarrollo neurológico y emocional.

Hay tipos de secuelas poco estudiadas

Natalia Hidalgo lidera un proyecto de investigación en la Universidad de Granada. Habla de depresión, estrés postraumático, ansiedad: "Estas secuelas tienen una repercusión en su día a día, en su calidad de vida, en su rendimiento académico". Pero Hidalgo se ha referido también a otro tipo de secuelas "poco estudiadas", como las neuropsicológicas: "problemas de memoria o de atención".

En la jornada se ha ofrecido un dato: el 30% de los menores que han vivido episodios de violencia machista en casa serán víctimas o maltratadores. El proyecto Mariposas trabaja con ellos para evitarlo. "Se autoprotegen de una manera o de otra y a nosotras no nos cuentan directamente qué es lo que les sucede, porque ellos tienen como una realidad de alivio, refrescan su vida, la humanizan", asegura María Gómez, responsable del proyecto y experta en violencia de género.

Trabajan con 303 personas, de ellos 185 menores

Ahora trabajan con 185 menores, algunos adolescentes que podrían ir asumiendo, además, el machismo y las desigualdades como algo natural del hombre y convertirse en posibles maltratadores por derecho propio. Olmo Morales, de la Universidad Complutense de Madrid, busca con hombres fórmulas para evitar ese impacto: "Los hombres, por el mero hecho de haber nacido en una sociedad machista, patriarcal, disfrutamos de privilegios y ejercemos de una manera más o menos consciente pequeñas microviolencias con las mujeres. Entonces, en vez de atajar y trabajar con esos hombres especialmente violentos, la apuesta es trabajar con todos los hombres, porque de alguna manera todos nos aprovechamos de esa desigualdad y la reproducimos".

Olmo destaca que expresar vulnerabilidad no es síntoma de apoyo feminista; de hecho, él ha observado en la terapia que los hombres que más lloran son los más violentos.
 

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha reafirmado el "firme compromiso" del Gobierno autonómico para "mejorar" el sistema de protección de menores y los pisos tutelados en Extremadura. Según ha indicado en la Asamblea, estos cambios requieren una implicación conjunta de todos los agentes implicados. Desde hace meses, su consejería mantiene, asegura, un "diálogo abierto" con trabajadores, colegios profesionales, asociaciones y empresas concesionarias de los recursos de menores, con el objetivo de escuchar sus propuestas y demandas de cara a la elaboración de nuevos pliegos que mejoren la situación actual.

Cambios en el sistema y responsabilidades

En el pleno de la Asamblea, el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, ha señalado que la "herencia" recibida en materia de protección de menores "es terrible" y ha pedido al Gobierno regional que no eluda el debate ni las responsabilidades tras la reciente muerte de una trabajadora de un piso tutelado en Badajoz. Ha exigido "depuración de responsabilidades políticas al más alto nivel" y mejoras en las condiciones de trabajo y seguridad de los profesionales del sector.

Óscar Fernández también considera que la situación podría empeorar con la llegada de menores extranjeros no acompañados lo que, según él, generará una mayor masificación en los centros.

Por su parte, la consejera Sara García Espada ha defendido las medidas adoptadas hasta el momento por la Junta de Extremadura. Entre ellas, ha destacado la campaña 'Sé parte de su historia', que ha recibido 51 solicitudes de acogimiento familiar; el aumento del 115 % en las ayudas a familias acogedoras; y la licitación de un servicio de intervención terapéutica para menores en el sistema de protección.

Asimismo, ha informado de que el Ejecutivo autonómico ha destinado seis millones de euros a la reforma y mantenimiento de los centros de menores, que se encontraban en una situación "muy mejorable" al inicio de la legislatura.

Desde el PSOE, Isabel Gil Rosiña pide una revisión integral del sistema de protección de menores y desde Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos modificar el contrato del servicio para reforzar las plantillas.

Los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox han presentado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de Ley de Concordia que supondría la derogación de la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática en la región.

Una ley para "todos" para PP y Vox

El anuncio ha sido realizado este jueves por el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, quien ha detallado que esta iniciativa responde al acuerdo de gobernabilidad firmado en 2023 entre ambas formaciones. "Gracias al apoyo de Vox, la señora Guardiola es presidenta y el Partido Popular gobierna hoy en minoría en la Junta de Extremadura. Por lo tanto, era una petición que entonces se acordó y que el Partido Popular al final ha admitido y, conjuntamente, la hemos ya presentado y la vamos a llevar a su desarrollo parlamentario", ha señalado Gordillo.

El registro de esta propuesta legislativa supone un nuevo paso en la agenda política de la comunidad, con el potencial de generar un intenso debate entre los distintos grupos parlamentarios y la sociedad extremeña sobre la memoria histórica y su tratamiento institucional.

Ángel Pelayo Gordillo matiza que "los derechos de todos los descendientes de las víctimas de aquel conflicto respecto de los restos de sus antepasados están garantizados por esta ley, pero de todos". Desde el Partido Popular, José Ángel Sánchez Juliá también apunta que "Extremadura va a contar con una ley de concordia basada en los principios de la transición, de la construcción y que va a reconocer a todas las víctimas sin enfrentamientos y sin sectarismos".

Críticas desde Unidas y PSOE

Esta visión no es compartida por el resto de los grupos de la Asamblea. "Socavando los principios democráticos con tal de agarrarse al sillón". Es la percepción que tiene, desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que considera que "a la señora Guardiola se le está poniendo cara de señor Mazón, se está agarrando a la extrema derecha comprando sus tesis racistas".

Desde el grupo parlamentario socialista entienden que esta ley invisibiliza el sufrimiento de las personas LGTBI durante la dictadura, pues "no existe en esta ley esa figura", tal y como ha explicado Piedad Álvarez, que añade: "Me da que pensar que la siguiente derogación sea la ley LGTBI".