El abogado de Miguel Ángel Gallardo, Juan José Torres, ha defendido en su informe final la absolución de su defendido al considerar que no existen pruebas de cargo suficientes. 

Torres ha defendido que el procedimiento administrativo seguido para la creación y adjudicación del puesto investigado no presenta "vicios relevantes". Respecto a la participación de Gallardo en la creación del puesto, el abogado ha cuestionado la validez de la principal prueba utilizada por las acusaciones. Según ha explicado, esta se basa en la interpretación realizada en sala por el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, cuya exposición, ha señalado, no coincide con el contenido de los atestados. De hecho, ha recordado que en dichos informes se indicaba que se desconocía el origen de la propuesta de creación del puesto. Torres considera que la declaración de Balas en sala es "una valoración de sus atestados que sustancialmente se apartan o no coinciden" con lo que informa en los mismos. 

El abogado defensor ha señalado que la tesis expuesta por Balas en el juicio se apoya en un razonamiento basado en "dos falacias": dar por hecho que el área de Recursos Humanos no tenía capacidad para definir la plaza y equiparar directamente "Presidencia" con el presidente de la Diputación. A su juicio, ambas premisas invalidan la conclusión de que Gallardo fuera el impulsor.

No hay pruebas de cargo

Aunque ha recordado que su cliente ya asumió la decisión de crear el puesto, ha insistido en que no hay pruebas que acrediten una actuación irregular. "La única prueba de cargo que apunta directamente a Gallardo son unas manifestaciones carentes de base", ha afirmado.

Sobre el cambio de denominación del puesto, el letrado ha asegurado que no implicó alteración de funciones, recordando que el contrato de David Sánchez incluía una cláusula que permitía asignarle otras tareas relacionadas con su actividad en los conservatorios.

El contexto político tampoco es una prueba

En su argumentación, el abogado también ha aludido al contexto político en el momento de los hechos, en octubre de 2016, para desmontar la hipótesis de que Gallardo actuara para favorecer al hermano de Pedro Sánchez. Ha recordado que el entonces líder socialista había dimitido como secretario general el 1 de octubre de ese año y ni siquiera era diputado cuando se decidió la creación de la plaza, lo que, según sostiene, contradice la idea de una supuesta influencia.

Finalmente, Torres ha concluido que lo expuesto por las acusaciones se basa en "conjeturas y elucubraciones", insuficientes para sustentar una condena en el ámbito penal. A su juicio, esas hipótesis podrían tener cabida en un debate político o en un análisis sobre la gestión pública, pero no en un proceso judicial que exige pruebas sólidas, por lo que ha reiterado la petición de absolución.