El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado como testigo para el próximo 10 de septiembre al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, con el objetivo de aclarar cómo se tramitó una denuncia presentada contra Leire Díez, conocida como la 'fontanera' de Ferraz.

La decisión llega después de que la acusación popular unificada solicitara profundizar en las circunstancias que rodearon la gestión de la denuncia y en los contactos mantenidos entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Badajoz.

Investigación sobre la tramitación de la denuncia

La denuncia estaba relacionada con presuntas maniobras dirigidas a desacreditar a la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Con esta nueva diligencia, Pedraz pretende determinar qué recorrido tuvo el escrito, quiénes intervinieron en su tramitación y si desde Madrid se trasladaron criterios o indicaciones que pudieran influir en el tratamiento dado al asunto.

Además de la declaración de Alonso Tejuca, el magistrado ha requerido a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Badajoz una copia íntegra del expediente. Entre la documentación solicitada figuran la denuncia original y sus anexos, así como informes, propuestas, dictámenes, resoluciones, borradores, minutas y anotaciones internas vinculadas al caso.

Petición de correos, mensajes y registros internos

El juez también reclama todas las comunicaciones mantenidas entre fiscales, funcionarios y responsables del Ministerio Público sobre este asunto. En concreto, solicita correos corporativos, notas internas, mensajes profesionales, oficios y registros de llamadas o reuniones relacionados con la tramitación de la denuncia.

La petición se produce después de la declaración de Diego Villafañe, ex número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Durante su comparecencia, Villafañe reconoció que desde Madrid se remitió un informe que cuestionaba el encaje penal de la denuncia. No obstante, aseguró que nunca ordenó su archivo y sostuvo que el expediente fue elevado a la Fiscalía General por una cuestión de competencia.