Ricardo Cabezas ha presentado recurso de apelación para pedir que se anule la condena por un delito de prevaricación administrativa por la creación y cobertura de un puesto de trabajo. Su defensa sostiene que no tomó la decisión final que se considera irregular, sino que firmó una propuesta técnica que se aprobó en el pleno de la diputación. Y que la sentencia no demuestra que fuera responsable directo de una decisión arbitraria o injusta. También que no hay pruebas de que participara en un plan para favorecer a una persona concreta o de que supiera que estaba haciendo algo ilegal.

Cuestiona la responsabilidad penal atribuida

No se encontraron, alega, correos comprometedores enviados o recibidos por Ricardo Cabezas. Su defensa considera que ocupar un cargo político o firmar documentos no pueden servir para atribuirle de forma automática una responsabilidad penal.

Pide por ello su absolución o, al menos, una reducción del alcance de la inhabilitación impuesta, al considerar excesivo impedirle acceder a cualquier cargo discrecional en cualquier administración. Solicita que se limite a cargos similares al relacionado con los hechos juzgados.

Recordamos que la inhabilitación impuesta es de nueve años para ejercer cargos públicos.