La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) ha denunciado la suspensión “ilegal” o injustificada de espectáculos pirotécnicos durante las celebraciones de San Juan en distintas localidades. La organización, que representa a 56 empresas del sector en España, dos de ellas en Extremadura, considera que las cancelaciones no se ajustan a la normativa vigente.

El servicio jurídico de la asociación ha asegurado que la Ley de Montes, que regula el riesgo extremo de incendios, es clara en lo relativo a la práctica de este tipo de actividades en zonas urbanas o alejadas de suelo forestal. En este sentido, desde AEPIRO han insistido en que estos espectáculos no afectan a suelo urbano, urbanizable o zonas agrícolas, por lo que entienden que se está produciendo una restricción excesiva.

Denuncias por falta de base documental

Además, la asociación ha criticado que las comunicaciones de las administraciones se estén realizando “de forma arbitraria”, en muchos casos vía telefónica y sin informes escritos o resoluciones oficiales que respalden las cancelaciones. El abogado Pablo Abellón ha explicado que esta situación ya fue trasladada el pasado 4 de junio al director general de Protección Civil, Fernando Manzano. Según ha detallado, la Junta se comprometió el 12 de junio a emitir un informe aclaratorio, pero todavía no se ha producido respuesta.

Por este motivo, AEPIRO ha remitido una carta a la Vicepresidencia de la Junta de Extremadura para que se reconozca la supuesta falta de competencias de los ayuntamientos para suspender estos espectáculos. La asociación ha lamentado que, hasta el momento, la respuesta haya sido el silencio administrativo.

Pérdidas económicas y posibles acciones judiciales

En las últimas horas, el colectivo ha registrado al menos ocho cancelaciones en municipios como Don Benito, Plasencia, Ruecas o Badajoz, lo que, según sus cálculos, ha provocado pérdidas de unos 30.000 euros en apenas dos días. Asimismo, han advertido del posible “efecto contagio” en otros consistorios durante el verano.

Ante esta situación, AEPIRO se plantea emprender acciones judiciales y presentar reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra las administraciones locales implicadas, con el objetivo de exigir las correspondientes indemnizaciones.

Para respaldar su posición, la asociación aporta datos del Ministerio en los que se indica que, según el último informe de 2021, los incendios provocados por fuegos artificiales representan el 0,5% del total y afectan solo al 0,02% de la superficie quemada en España. En el caso de Extremadura, la incidencia se sitúa en el 0% en Badajoz y en el 0,9% en Cáceres.

La Junta apela a la prevención

Por su parte, el consejero y vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, ha tendido la mano a buscar alternativas, aunque ha señalado que “que la prevención de incendios está por encima de los intereses económicos de un sector concreto”. Asimismo, ha subrayado que “la ley desde 2022 es la que es” y que “gran parte del territorio de Extremadura son zonas de influencia forestal y esto imposibilita el lanzamiento de material pirotécnico desde los lugares que habían sido habituales hasta ahora”.

El vicepresidente ha insistido en que la seguridad debe prevalecer sobre este tipo de espectáculos y ha asegurado que existe comprensión ciudadana ante estas medidas.