La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha manifestado su "firme" rechazo a la política comercial impulsada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que acusa de seguir una línea "destructiva" para el sector primario.
Al mismo tiempo, pide reforzar los controles fronterizos y establecer cláusulas de salvaguardia “eficaces” que garanticen la estabilidad del mercado y la protección del sector agrario europeo.
En este sentido, la organización critica “duramente” el reciente acuerdo firmado con Australia, al considerar que profundiza en una estrategia que, a su juicio, pone “en peligro” la soberanía alimentaria y “debilita” al campo europeo. Este acuerdo permitirá la entrada en el mercado europeo de grandes cantidades de productos agroganaderos “sin aranceles”, lo que generará una competencia “desleal” para los productores locales. En concreto, advierte de que se autorizará la importación de más de 3,5 millones de corderos, más de 266.000 animales de vacuno sacrificados al año, además de 8.500 toneladas del ámbito agrícola vinculadas al sector del arroz. Cuestiona, además, los mecanismos de control sobre estos productos, especialmente en lo relativo a las condiciones de producción.
En nota de prensa, APAG Extremadura Asaja considera que este tipo de acuerdos, junto a otros ya firmados como Mercosur o los alcanzados con Marruecos, están provocando un “deterioro progresivo” del sector agrario en Europa. “Se está destruyendo un sector estratégico como es el campo”, insiste la organización agraria, que reclama un “cambio urgente” en las políticas comunitarias y un “giro de 180 grados” que permita proteger la producción local “sin tanta regulación” y facilitando que la gente del campo trabaje “en libertad”, garantizando así la “viabilidad futura” del sector. Así, afirma que el acuerdo entre la Unión Europea y Australia no es un hecho “puntual”, sino un “cambio estructural” del mercado europeo, con el “doble riesgo” del aumento de contingentes y la reducción de aranceles.
Esta situación, según indica, favorece “claramente” a Australia y puede alterar de forma significativa el equilibrio del sector agroganadero europeo, especialmente en mercados “sensibles” como el ovino y el vacuno, donde el acceso se multiplicaría de forma notable, generando “caídas de precios” y afectando a “miles” de explotaciones.
Además, advierte de una “fuerte asimetría” regulatoria que perjudica a los productores europeos, obligados a cumplir normativas “exigentes” en bienestar animal, sostenibilidad y seguridad alimentaria, frente a terceros países con estándares “más laxos”.
Esta “desigualdad”, según apunta, podría provocar “competencia desleal”, deslocalización de la producción y un impacto ambiental negativo, al tiempo que “contradice los objetivos climáticos de la UE” al incrementar las emisiones derivadas de las importaciones.
Por último, advierte del efecto “acumulativo” de acuerdos comerciales con países como Mercosur, Canadá o Nueva Zelanda, que aumentan la presión sobre el mercado europeo, no sólo por los aranceles, sino también por el volumen de importaciones.
