La Audiencia Provincial de Badajoz acoge desde este jueves uno de los juicios que mayor expectación mediática ha generado en los últimos años. Se trata de la vista oral por el presunto enchufe en la Diputación de Badajoz del hermano del presidente del Gobierno, en una causa en la que se sientan en el banquillo un total de 11 acusados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Entre ellos destaca David Sánchez, para quien se solicita una pena de tres años de prisión y 12 años de inhabilitación. Junto a él comparecerá Miguel Ángel Gallardo, quien fuera presidente de la Diputación pacense y exsecretario general del PSOE en Extremadura, para quien se piden tres años de prisión y 15 de inhabilitación especial.

También figuran como acusados relevantes Ricardo Cabezas y Luis Carrero, que podrían ser condenados a un año y medio de prisión y a varios años de inhabilitación. Completan la lista de encausados otras siete personas.

Gallardo y Sánchez declararán el 4 de junio

Los días 28 y 29 de mayo se llevarán a cabo diligencias previas y el calendario de declaraciones comenzará a partir de la semana siguiente: el lunes 1 de junio. Ese día, y también el martes 2, están citados un total de 30 testigos y peritos, comenzando el 3 de junio la declaración de los últimos cuatro testigos y de los agentes de la Guardia Civil. El día 4 de junio es el día en el que están citados, entre otros, tanto David Sánchez Pérez-Castejón como Miguel Ángel Gallardo, como principales investigados de este proceso.

Fase final del caso

El caso llega ahora a su fase final tras dos años desde que el sindicato Manos Limpias presentara una denuncia por el presunto enchufe. Según esa denuncia, David Sánchez fue nombrado en un primer momento coordinador de actividades de los conservatorios y, posteriormente, ese puesto se reconvirtió en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

La titular del Juzgado de Instrucción, Beatriz Biedma, admitió a trámite la denuncia e inició una investigación que se prolongó durante 16 meses. En ese periodo, autorizó tres registros en la Diputación de Badajoz en los que la Guardia Civil se incautó de aproximadamente 60.000 correos electrónicos.

Tras el análisis de esta documentación, la jueza tomó declaración a varios de los investigados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. En una de esas comparecencias, llamó la atención la declaración de Sánchez al ser preguntado por cuestiones relacionadas con su puesto de trabajo. Por ejemplo, cuando la jueza le preguntó por la Oficina de Artes Escénicas que supuestamente dirigía, Sánchez no supo responder sobre dónde se ubicaba su oficina o a qué se dedicaba. Por su parte, Miguel Ángel Gallardo negó haber influido en la contratación de Sánchez y sostuvo que se trató de una decisión del Gobierno provincial.

Durante la fase de instrucción también prestaron declaración otros investigados, como Luis Carrero, cuya contratación por la Diputación pacense se produjo presuntamente por su relación de amistad con David Sánchez, y Ricardo Cabezas, que en aquel momento era diputado delegado de Cultura.

Finalmente, en mayo pasado la jueza decretó la apertura de juicio oral contra los 11 acusados. Tanto la Fiscalía como las defensas solicitaron el archivo de la causa, pero la Audiencia Provincial rechazó los recursos al considerar que existían indicios de los delitos investigados.

Con el inicio de la vista oral, el procedimiento entra ahora en su tramo decisivo, en el que se esclarecerán los hechos que han sido objeto de investigación durante los últimos dos años.