POLÍTICA
Bautista alerta de una "gravedad extraordinaria" en el caso Biedma y exige frenar las injerencias
El vicepresidente de la Junta advierte de que la independencia judicial está "en peligro" y reclama una respuesta firme ante las presuntas presiones contra la magistrada
Canal Extremadura El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, atiende a los medios durante la inauguración del VI Congreso de la Abogacía Extremeña.
El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha alertado este viernes de la "gravedad extraordinaria" de los hechos que se investigan en torno a la magistrada Beatriz Biedma y ha exigido poner freno a cualquier intento de injerencia que pueda comprometer la independencia judicial.
Durante la inauguración del VI Congreso de la Abogacía Extremeña, celebrado en Cáceres, Bautista ha defendido que la autonomía de jueces y tribunales constituye una pieza esencial del Estado de Derecho y ha asegurado que la situación actual obliga a ser "especialmente claros" ante un pilar democrático que, a su juicio, se encuentra "en peligro" y "en entredicho". Considera que las investigaciones vinculadas al caso de la jueza Biedma van más allá de una mera discrepancia con resoluciones judiciales. En este sentido, afirma que los hechos apuntan a una "presunta utilización de vías ajenas al Derecho para intentar apartar a una jueza del ejercicio de su función".
Bautista ha aludido a los supuestos contactos con personas vinculadas al narcotráfico y a la presunta obtención de información sobre la vida privada y el entorno familiar de la magistrada, incluido material de seguimiento sobre ella y sus hijas, así como información relativa a su domicilio y al colegio al que acuden. Bautista ha criticado además los audios que apuntarían a instrucciones para actuar contra la magistrada y que llegaban a plantear que debía ser "eliminada" y que había que darle "al menos un susto".
"Ninguna injerencia externa puede condicionar el ejercicio de esa responsabilidad", ha defendido el vicepresidente extremeño, quien ha insistido en que los jueces deben poder desarrollar su labor sin presiones derivadas del contenido de sus resoluciones o de los intereses afectados por ellas. Para Bautista, la dimensión de los hechos investigados trasciende el ámbito personal de la magistrada y afecta directamente a las garantías sobre las que se sustenta el sistema democrático. "Estamos hablando de un escenario que nunca antes habíamos conocido en nuestro país", ha afirmado.
Además, ha reclamado una postura más contundente de las instituciones llamadas a proteger la separación de poderes. "Tampoco es admisible ni un minuto más el silencio de quienes deberían ser los primeros garantes de la separación de los poderes del Estado", ha señalado.
Defensa de la Abogacía
En su intervención, Bautista ha enmarcado esta defensa de la independencia judicial en el papel que desempeña la Abogacía como garante del derecho de defensa de los ciudadanos. Así, ha subrayado la importancia de asegurar el acceso a la Justicia con independencia del lugar de residencia o de la situación económica de cada persona.
También ha destacado cuestiones como el turno de oficio, la justicia gratuita y la protección del ejercicio profesional de los abogados como herramientas fundamentales para garantizar la igualdad ante la ley.
Colaboración con los colegios profesionales
El vicepresidente ha reivindicado igualmente la colaboración de la Junta de Extremadura con los Colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz para ofrecer asistencia jurídica ante situaciones de especial trascendencia social, entre ellas los casos de violencia de género y violencia sexual, los incendios registrados durante el verano de 2025 o determinados supuestos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas.
Por último, ha puesto en valor la labor de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y de la Comisión Jurídica de Extremadura, organismos que desempeñan funciones de asesoramiento jurídico a la Administración autonómica y participan en el desarrollo de procedimientos judiciales y consultivos.