Desde 1986, Extremadura ha recibido más de 20.000 millones de euros de la Política Agraria Común (PAC), un respaldo que ha sostenido la renta agraria y ha permitido la modernización de las explotaciones. Este apoyo ha impulsado industrias tractoras como el tomate, el ibérico o el ovino, y ha contribuido a fijar población en el medio rural. Su huella se aprecia en el empleo, el regadío y en la gestión del agua y del suelo.

Cuatro décadas después, la PAC sigue siendo la principal política económica que llega directamente al territorio, justo cuando se exige su continuidad frente a un nuevo borrador comunitario que, a juicio del sector y de los Estados miembros, desnaturaliza sus principios básicos.

Pagos directos y estabilidad de rentas

La incorporación a la PAC aseguró pagos directos por un montante global que alcanza los 20.000 millones de euros, una cantidad que hoy representa entre el 25 % y el 35 % de la renta de miles de explotaciones extremeñas. Este colchón económico ha permitido sostener la actividad agraria en comarcas como La Serena, Vegas Altas o Tierra de Barros, incluso en campañas marcadas por la irregularidad climática.

En este sentido, se subraya que la PAC ha reducido la volatilidad de los ingresos familiares, aportando estabilidad a un sector especialmente expuesto a los vaivenes del mercado y del clima.

Desarrollo rural y sostenibilidad

Más de 70.000 perceptores han pasado por el sistema en estas cuatro décadas. Además, los programas de Desarrollo Rural han financiado regadíos más eficientes, la incorporación de jóvenes agricultores y, en la etapa más reciente, la digitalización del campo.

La región ha asumido compromisos en materia de rotaciones de cultivos, cubiertas vegetales y un uso más preciso del agua, mientras que la ganadería ha avanzado en bienestar animal y control de emisiones, con la dehesa consolidada como activo estratégico del modelo productivo extremeño.

Un futuro en debate

Todo ello coincide con la redacción en Bruselas de una nueva PAC que no convence ni a productores ni a Estados miembros, que reclaman mantener sus principios fundacionales. En este contexto, desde el gobierno de España, se defiende un reglamento único que cubra todas las actuaciones de la política agraria y garantice una financiación suficiente.

La trayectoria de la PAC en España desde 1986 se revisa este miércoles en un acto conmemorativo en el Ministerio, una cita que vuelve a situar el debate sobre su futuro en el centro de la agenda agraria.