Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la nueva regulación estatal sobre centros de datos y ha criticado la postura de la Junta de Extremadura, que ha pedido retirar la norma. La organización sostiene que el texto es “insuficiente” y que debe reforzarse para evitar impactos severos sobre electricidad, agua, territorio y población, especialmente en una comunidad donde los proyectos anunciados tienen una escala sin precedentes.

Extremadura, en el centro del debate

La organización subraya que los macroproyectos previstos en Badajoz, Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros y Cáceres podrían necesitar entre 3,5 y 4 GW de potencia eléctrica, incluyendo refrigeración y consumos auxiliares. Si funcionaran de manera continuada, entienden que consumirían en un año casi toda la electricidad que genera actualmente Extremadura.

Ecologistas en Acción advierte de que esta demanda energética masiva implicaría:

• Nuevas líneas eléctricas de alta capacidad
• Subestaciones
• Sistemas de refrigeración con consumo intensivo de agua
• Grandes grupos electrógenos de respaldo

Y que todo ello, consideran, tendría efectos directos sobre el territorio, el agua, el sistema energético y el bienestar de la población extremeña.

Críticas a la Junta de Extremadura

La organización denuncia que la Junta ha presentado alegaciones para retirar la regulación estatal, una postura que, según Ecologistas en Acción, coincide con la de la patronal del sector, que amenaza con abandonar inversiones si se mantienen los límites.

Acusan al Gobierno autonómico de ofrecer los recursos extremeños “como disponibles para cualquier inversión declarada estratégica”, sin explicar cómo afectará este despliegue al agua, el suelo, el sistema energético o la población.

Qué piden las organizaciones ecologistas

Las entidades reclaman que la regulación estatal se refuerce en aspectos como:

• Reducir y limitar el consumo total y acumulado de agua, electricidad y suelo.
• Decidir cuántos centros pueden instalarse y bajo qué condiciones.
• Exigir que su demanda se cubra con nueva generación 100% renovable, almacenamiento y flexibilidad.
• Prohibir el uso de combustibles fósiles o energía nuclear.
• Garantizar transparencia, participación pública y evaluación previa de impactos en derechos humanos, empleo y servicios públicos.
• Impedir que los proyectos se dividan artificialmente en fases o sociedades para evitar controles.
• Evaluar conjuntamente centros e infraestructuras asociadas.
• Analizar riesgos de accidentes graves y efectos en cascada (transformadores, baterías, refrigerantes, depósitos de gasóleo, sistemas contra incendios).