El Gobierno ha decidido rebajar hasta final de año el impuesto especial eléctrico del 5,11 % al 0,5 % que grava el recibo de la luz de hogares y empresas y que cobran las autonomías, que podrán ser compensadas por ello en caso de que afecte a su financiación.
Esta medida está incluida en el real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para amortiguar el impacto en el recibo de la luz de los altos precios alcanzados en el mercado mayorista eléctrico, actualmente en máximos históricos, por el encarecimiento del gas y de los derechos de CO2.
Además, el Ejecutivo ha ampliado también hasta final de año la suspensión del impuesto a la generación (7 %), que pagan las productoras, aprobada en junio, cuando también rebajó el IVA que graba el recibo de la luz del 21 al 10 % para los usuarios de hasta 10 kilovatios (kW) de potencia contratada hasta el 31 de diciembre (fecha que no se ha modificado).
El real decreto-ley incluye también destinar 900 millones adicionales, hasta un total de 2.000 millones, de las subastas de CO2 a rebajar los cargos del sistema, así como la celebración de subastas de electricidad que aportarán liquidez y competencia en los mercados a plazo y beneficiará, sobre todo, al tejido industrial y a los comercializadoras independientes.
Las grandes eléctricas, obligadas a subastar energía
Así, los grupos empresariales dominantes (Endesa, Ibedrola, Naturgy y EDP) estarán obligadas a ofertar electricidad de forma proporcional a su cuota de mercado y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año.
El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año; Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP (que podrán rechazar ofertas por debajo de un precio que establecerá la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) ofertarán 15.830 gigavatios (GWh), el equivalente al 6,3 % de la demanda eléctrica nacional de 2020.
La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10 %, han explicado desde Transición, que han apuntado que las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes.
Según el Gobierno, la aplicación de esta plan de choque dejará el esfuerzo económico de los consumidores para cubrir su demanda de electricidad este 2021 en el mismo nivel que en 2018 (sin considerar el IPC), unos 600 euros anuales en el caso de un consumidor medio en baja tensión.
Según la misma fuente, estas medidas implicarán bajar la parte regulada del recibo de las facturas finales de los consumidores en una horquilla que abarca desde el 47,2 % de los hogares hasta el 24,5 % de la gran industria.
