Un día después de conocerse la sentencia que condena a Miguel Ángel Gallardo, Ricardo Cabezas y otros nueve acusados, el PSOE de Extremadura ha iniciado el proceso para determinar qué ocurrirá con los militantes afectados. La dirección regional revisará los estatutos del partido y su Código Ético para decidir si procede su expulsión o si deben esperar a que la resolución sea firme.

Los estatutos

Los estatutos del PSOE establecen que un afiliado pierde la condición de militante si es condenado por un delito doloso con pena de prisión, inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público. Pero no especifican si la sentencia debe ser firme. Esto abre un debate interno que la dirección regional está analizando.

El portavoz del PSOE extremeño, Manuel José González Andrade, ha señalado: “Ellos van a actuar con responsabilidad y en consecuencia, según las normas internas del partido… se hablará con ellos y ya veremos qué decisión se toma.”

El partido estudia el caso con sus equipos jurídicos y mantiene “respeto por la sentencia, aunque no les guste”.

El Código Ético y la cláusula ‘antilawfare’

El Código Ético y de Conducta del PSOE establece que la Comisión Federal de Ética y Garantías decide si la militancia y el ejercicio del cargo son compatibles con procesos judiciales, especialmente cuando se presume motivación política. Esta cláusula, introducida en el último Congreso Federal, permitió que Miguel Ángel Gallardo siguiera como diputado y secretario general estando imputado.

Todos los afectados han anunciado que presentarán recurso, lo que prolongará el proceso y condicionará cualquier decisión interna del partido.