El colectivo residencial y social de Extremadura valora de forma positiva el incremento presupuestario aprobado por el Consejo de Ministros. Esta medida busca transformar el modelo de cuidados y dar respuesta al principal reto de la región: absorber a las 8.663 personas que actualmente se encuentran en las listas de espera del sistema de dependencia.

En la comunidad autónoma, este sector sostiene cerca de 18.000 puestos de trabajo y atiende a casi 40.000 usuarios. Los colectivos regionales señalan que la medida corrige la falta de recursos acumulada durante los últimos años.

Valoración del impacto económico regional

Las organizaciones extremeñas destacan que la inversión tiene una repercusión directa en la economía local. Ángel Barrera, presidente del Foro Empresarial de Economía Plateada, detalla el retorno financiero de la medida: "Por cada euro que se invierte en atención a la dependencia tiene un retorno económico de casi dos. El retorno económico, el anclaje en el territorio de la persona y la riqueza que genera en puestos de trabajo es una inyección brutal y muy buena".

Por su parte, Pedro Calderón, presidente de CERMI Extremadura, contextualiza las consecuencias de la gestión anterior: "Esto era necesario porque durante años el sistema ha estado infrafinanciado. Eso se ha traducido en espera, en falta de apoyos y en situaciones muy difíciles para muchas personas".

Claves presupuestarias de la reforma

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno central establece que el Estado asumirá el 50% de la financiación del sistema. Esto se traduce en una aportación de más de 2.200 millones de euros extra, con el objetivo de superar los 7.200 millones de euros en el año 2027. Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, representa la mayor inversión en dependencia realizada hasta la fecha.

La reforma eleva las transferencias directas a las comunidades autónomas para la financiación de las prestaciones mensuales de los usuarios:

• Grado 3 (Gran dependencia): Sube un 128%, situándose en 660 euros al mes.
• Grado 2 (Dependencia severa): Se duplica, alcanzando los 260 euros al mes.
• Grado 1 (Dependencia moderada): Aumenta hasta los 90 euros mensuales.

Modificación del modelo de gestión

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha explicado que el cambio normativo busca "dejar definitivamente atrás un modelo asistencialista, masificado, centrado en la gestión de grandes residencias". El nuevo plan enfoca los recursos hacia la teleasistencia, el aumento de las plantillas, la mejora de las condiciones laborales y la dotación de apoyos para que los usuarios puedan permanecer en sus domicilios.