La Junta de Extremadura y los ayuntamientos trabajan de forma coordinada en la prevención y extinción de incendios forestales, pero también en la elaboración de los Planes de Emergencia Municipal, una herramienta clave en localidades con mayor riesgo. Se trata de una exigencia legal para aquellos municipios cuyo término municipal presenta un elevado porcentaje de superficie en riesgo.

El director general de Prevención y Extinción de Incendios, José Antonio Bayón, ha señalado que "es obligatorio para todos los ayuntamientos que tienen más de un 10% en su término municipal en riesgo alto de incendio". En total, son unos 220 municipios los que deben disponer de estos planes, que recogen aspectos como las zonas vulnerables, los procedimientos de evacuación y los recursos disponibles para hacer frente a una emergencia.

Planes obligatorios en zonas de alto riesgo

En este sentido, Bayón ha detallado que estos documentos contemplan "las zonas más vulnerables, zonas que hay que evacuar, confinar a los medios a destinar a esa emergencia". Actualmente, más de la mitad de estas localidades ya tiene el plan en marcha, como es el caso de Montánchez, donde el pasado mes de mayo se llevó a cabo un simulacro con participación ciudadana.

El alcalde de Alcuéscar, Dionisio Vasco, ha subrayado la importancia de la implicación vecinal y ha explicado que "es importante que la población sepa que le llega el ES Alert, si la policía local le dice que se quede en casa, o que la Guardia Civil pida evacuación, es super importante que la población sepa lo que tiene que hacer".

La importancia de la formación y la coordinación

También en Jaraíz de la Vera, cuyo plan fue aprobado el pasado mes de febrero, su alcalde, Luis Miguel Núñez, ha destacado el papel de los responsables de centros públicos. "Los directores de los colegios, de las residencias es importante que sepan cómo actuar y aplicar los sistemas de evacuación o las pautas a seguir", ha afirmado.

No en vano, Extremadura es la comunidad con mayor superficie forestal por habitante del país, con cerca del 70% de su territorio cubierto y casi tres millones de hectáreas, lo que refuerza la necesidad de contar con estos instrumentos de planificación y respuesta ante incendios.