Extremadura continúa desarrollando operaciones complejas contra la explotación sexual, investigaciones que requieren tiempo, coordinación entre cuerpos policiales y, en muchos casos, cooperación internacional. En las jornadas celebradas estos días se ha destacado que, gracias a estos dispositivos, 33 mujeres han sido rescatadas en casi tres años.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, subraya que la actividad policial es constante: “Lo que sí hay son muchísimas investigaciones abiertas. El año pasado más de 30 mujeres asistidas por casos”. Un trabajo que se enfrenta a un problema creciente: la prostitución se está desplazando a pisos clandestinos, lo que dificulta la detección y el acceso a las víctimas.

Organizaciones como AMAR Dragoste confirman esta realidad. Su portavoz, Geraldine Suárez, lo resume con claridad: “Ahora es más difícil la detección; si no contactas, es muy complicado”. La ocultación, el aislamiento y el control que ejercen las redes sobre las mujeres hacen que cada caso requiera una intervención especializada y sostenida.

Para mejorar la protección, Extremadura actualizó el año pasado su protocolo de acreditación de víctimas de explotación sexual, que permite reconocer oficialmente su situación y facilitar el acceso a ayudas y recursos específicos. La directora general de Violencia de Género, Estefanía Rodríguez, recuerda que “el año pasado se acreditaron 9 situaciones y este año van 3”, aunque advierte que estas cifras no reflejan la magnitud real del delito: “Es muy difícil encontrar a las mujeres y niñas que sufren esto y hay que poner todos los recursos a su disposición”.