Extremadura perderá 32 millones de euros con el nuevo decreto de la PAC, según La Unión
El real decreto que regula las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para los años 2021 y 2022 ,publicado este miércoles, provocará unas pérdidas de 32,2 millones de euros a los agricultores y ganaderos extremeños, según La Unión.
La organización agraria asegura que este nuevo decreto vuelve a ser "perjudicial" para la región, ya que las ayudas para los dos próximos años se van a reducir.
Subvenciones inferiores
A su juicio, la reforma de la PAC que entró en vigor el año 2015 dejó a la mayoría de las explotaciones extremeñas ubicadas en una región de producción muy inferior a la que se les tenía que haber colocado. "Por este motivo- señala La Unión- la mayoría de los beneficiarios de las ayudas están cobrando en Extremadura "por encima" de la media de la región en la que están, pero son "muy inferiores" a las subvenciones que perciben producciones vecinas que son muy similares a las extremeñas".
Olivar, uno de los perjudicados
Un ejemplo está en el olivar. El Real Decreto 1076/2014 ubicó a los olivares de Tierra de Barros en la región 8.2, con una media de ayudas de 252 euros entre pago básico y verde, pero a olivares similares situados en comarcas de Jaén o de Córdoba se les situó en la región 20.2, con una subvención media de 619 euros.
El nuevo real decreto aprobado va a "acelerar" el descuento de las ayudas por hectárea a la mayoría de productores extremeños, ya que les van a descontar en dos años el 50 % de la subvención que supera la media de la región en la que están ubicados, según La Unión.
Tierra de Barros y Campiña Sur, los más afectados
Las comarcas más afectadas por esta pérdida serán las de Tierra de Barros, con alrededor de 6,4 millones en dos años; Campiña Sur, con 6,10 millones; Regadíos de la Cuenca del Tajo (excepto zona tabaquera), con 4 millones; zona de pastos permanentes, 11,5 millones; y zona productora de tabaco, con 4,2 millones.
La Unión Extremadura ha instado a la Consejería de Agricultura que, al igual que se hizo con el real decreto del cava, se impugne esta norma por afectar gravemente a los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños.


