El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha calificado de "farsa" la Conferencia Sectorial de Vivienda, en la que se prevé acordar el reparto de fondos del plan estatal para el periodo 2026-2030.

Ramírez ha asegurado que se trata de un plan que "llega tarde" y que no podrá desarrollarse en 2026. Además, ha criticado que no ha sido consensuado con las comunidades autónomas, ya que, según ha explicado, no se ha aprobado previamente en una conferencia sectorial, sino que el Gobierno central "impone su ideología a golpe de decreto".

Críticas a la financiación

El consejero ha denunciado que el Ejecutivo estatal exige a las comunidades un esfuerzo económico desproporcionado. En el caso de Extremadura, ha detallado que, si el Gobierno central incrementa su aportación en 2,9 veces, obliga a la región a multiplicar por siete su financiación respecto al ejercicio anterior. Ha concretado que a Extremadura le corresponden 126 millones de euros, mientras que debe aportar 84 millones, lo que, a su juicio, evidencia un reparto desequilibrado. "Esto es lo que viene siendo habitual en el Gobierno de Pedro Sánchez: yo invito, pero pagas tú", ha señalado.

Competencias autonómicas

Ramírez también ha advertido de una posible invasión de competencias autonómicas, al considerar que el plan introduce cambios normativos y limita la autonomía financiera de las comunidades. En este sentido, ha mencionado medidas sobre las que, según ha indicado, el Tribunal Constitucional plantea dudas de constitucionalidad, como la calificación permanente de las viviendas protegidas, un aspecto con el que la Junta no está de acuerdo.

Extremadura recurrirá

Ante esta situación, el consejero ha anunciado que Extremadura estudiará la posibilidad de recurrir el plan, tanto por las formas, al no haberse alcanzado consenso, como por el contenido de las medidas.

El programa triplica el presupuesto

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, espera que las comunidades autónomas aprueben por unanimidad el reparto de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030, cuyos acuerdos ya están bastante avanzados. El objetivo es aplicar el plan desde el segundo semestre.

La propuesta del Ministerio mantiene los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal. Además del 40 por ciento para vivienda protegida, el plan destina otro 30 por ciento a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30 por ciento restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60 por ciento de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40 por ciento restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25 por ciento del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.