Extremadura ha mostrado una oposición frontal al decreto de centros de datos que impulsa el Gobierno central. La Junta advierte de que la norma, tal y como está redactada, pone en riesgo 7.300 millones de euros en inversiones previstas en la región y compromete la viabilidad de proyectos estratégicos como los de Badajoz y Navalmoral de la Mata.

Los promotores también han alzado la voz: denuncian inseguridad jurídica y alertan de que, si no se protege a las obras ya iniciadas, podría haber demandas milmillonarias. El sector considera que el marco propuesto por el Ejecutivo es demasiado restrictivo, especialmente por la exigencia de que el 80% del consumo energético de estos centros proceda de autoconsumo o renovables, un punto que, según el Director General de Digitalización Regional, Jesús Coslado, limitaría seriamente su funcionamiento.

El Gobierno central, por su parte, se muestra dispuesto a negociar ajustes con el sector, pero sin renunciar a que los futuros centros de datos sean más sostenibles y sin impacto negativo sobre el sistema eléctrico ni sobre el recibo de la luz.

Extremadura concentra actualmente cuatro grandes proyectos de centros de datos que suman más de 7.300 millones de euros:

• Nostrum Evergreen (Badajoz) y Merlin Edged (Navalmoral), los más avanzados, ya han solicitado licencia de obras y esperan conexión a la red.
• CC Green (Cáceres) y Lusitania (Mérida), también pendientes de acceso a la red eléctrica.

La Junta insiste en que el decreto debe modificarse para no frenar una oportunidad histórica de inversión tecnológica en la región.