Ante la situación de sequía, algunas organizaciones agrarias denuncian el atasco en la tramitación de pozos y piden poder utilizarlos para el riego de sus explotaciones y para que sus animales puedan beber, aunque no cuenten con todos los permisos. Y es que, en algunos casos, tardan hasta diez años en conseguir la legalización.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana reconoce que tienen 7.000 expedientes atrasados y que, por la escasez de recursos, no consiguen resolver más de un millar al año.
Por su parte, en la Confederación Hidrográfica del Tajo, en lo que va de año, han recibido 163 solicitudes, de las que 155 siguen sin resolver. Fueron 680 el año pasado y casi la mitad siguen también pendientes.
Desde la organización agraria La Unión, Luis Cortés apunta que es ese retraso el que hace que muchos utilicen los pozos, aunque no estén registrados. "Para poder legalizar un pozo, tienes que hacerlo y saber el caudal que tiene. Tú haces el pozo y entregas la documentación a la Confederación. Lo que no puedes esperar nunca es que tarden 10 años en contestarte. Así que, muchos lo empiezan a utilizar".
Multas
El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Ángel Nieva, reconoce el retraso en la tramitación de expedientes, pero recuerda que las multas, por explotar un pozo sin las autorizaciones pertinentes, pueden ser cuantiosas. "En el caso de aperturas ilegales, la sanción suelen ser de 2.000 euros. Si además hay extracción ilegal, se haría una estimación de los daños que causa. Se calcula el precio unitario del agua y sería la sanción más el importe que suponga los daños al dominio público hidráulico", explica.
En la cuenca del Guadiana se registran, de media, unas 75 denuncias por pozos ilegales al año. En la del Tajo, se tramitaron 23 expedientes sancionadores el año pasado y se pusieron multas por un total de 7.000 euros, todas por infracciones leves. Mientras que en lo que va de año, no se ha incoado ningún expediente. "Lo que pedimos es que no se realicen inspecciones durante este episodio de sequía", apunta Luis Cortés.
Menos ilegales
En la región hay unos 30.000 pozos. Tanto desde Confederación Hidrográfica del Guadiana, como desde algunas empresas de sondeos, afirman que la muerte de Julen, el niño que cayó a un pozo en Totana, supuso un antes y un después en la apertura de pozos y cada vez hay menos ilegales.
José Manuel Carrasco, de Sondeos Aguasur, afirma que ellos realizan unos 150 sondeos al año, una demanda cada vez más lineal y que no ha registrado un aumento por la sequía. "Hace dos o tres años, sí tuvimos un boom de trabajo, pero ahora no, quizá también porque se ha encarecido, en torno a un 30 por ciento, el coste", aclara.
Extremadura dispone de más de una decena de reservas bajo tierra, que ocupan unos 4.000 kilómetros cuadrados y que necesitan, para su recarga, lluvias y correntías. Greenpeace alerta del peligro de sobreexplotarlos porque, además, empeora su calidad.
Según Julio Barea, de la organización ecologista, en el caso de Tierra de Barros se está en números rojos. "Nos estamos situando ya en la barrera del mal estado cuantitativo, pero también del mal estado químico y, si un acuífero se contamina, después es irrecuperable e inservible para el agua de boca y, según los niveles, tampoco para el ganado o los cultivos", matiza.
Las confederaciones hidrográficas y el Seprona, contra los pozos ilegales
