La Junta de Extremadura y los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación han iniciado este lunes las conversaciones para abordar mejoras retributivas de unos 35.000 empleados públicos de la Administración General y del Servicio Extremeño de Salud (SES). El encuentro, celebrado entre la consejera de Hacienda, Elena Manzano y los representantes de CSIF, CCOO y UGT, ha servido como primera toma de contacto para analizar posibles medidas de equiparación salarial y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

Tras un encuentro de cerca de dos horas, se han producido algunos acercamientos para el personal de la Administración General, después de que la Junta pusiera sobre la mesa cifras concretas para comenzar la negociación. Aunque consideran que las cantidades planteadas son insuficientes, valoran que constituyen un punto de partida para seguir negociando. Sin embargo, no se han producido avances para los trabajadores del ámbito sanitario, cuyas reivindicaciones quedan aplazadas a futuras reuniones.

Elena Manzano ha pedido a los sindicatos que tengan en cuenta la situación económica de Extremadura durante la negociación. Según ha señalado, la Junta comparte el objetivo de "corregir desigualdades y agravios" salariales acumulados durante años, aunque advierte de que "existen importantes limitaciones presupuestarias que condicionarán la negociación".

Por su parte, el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, reconoce una sensación "agridulce" tras la reunión, ya que se han puesto sobre la mesa avances para los trabajadores de la Administración General, donde se ha planteado una cuantía para avanzar en la equiparación salarial, sin embargo, añade, es necesario un mayor esfuerzo en el caso de los trabajadores del SES. Aun así, valora positivamente que la Administración haya comenzado a "mover ficha" para intentar resolver una reivindicación histórica.

En una línea similar, el secretario general de Servicios Públicos de UGT Extremadura, Manuel Fernández, considera que las cantidades planteadas deben entenderse como un "punto de partida" para negociar un nuevo acuerdo retributivo. Asimismo, lamenta que no se haya trasladado ninguna propuesta para los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud, que también forman parte del colectivo de empleados públicos. Por ello, ambas partes se han emplazado a una nueva reunión la próxima semana para abordar posibles medidas dirigidas al personal sanitario.

Por último, el coordinador del Área Pública de CCOO Extremadura, Manuel María Nicolás Molina, destaca que la negociación parte ahora de un escenario diferente al "bloqueo" registrado en junio, ya que existe una primera cifra sobre la que comenzar a trabajar. Aunque califica la propuesta de insuficiente, considera positivo contar con una base para iniciar las conversaciones y confía en que las siguientes reuniones permitan concretar medidas que contribuyan a reducir la brecha salarial que, según ha señalado, sitúa a los empleados públicos extremeños alrededor de un 20 por ciento por debajo de la media retributiva del resto del país.

Ante la falta de acuerdos definitivos, los sindicatos mantienen el calendario de movilizaciones previsto. La primera protesta tendrá lugar este jueves ante la Asamblea de Extremadura. Además, las organizaciones sindicales han advertido de que, si las negociaciones no prosperan, la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre seguirá adelante.

La Junta defiende los avances logrados

Elena Manzano ha destacado que el diálogo con los sindicatos ha sido "permanente" durante la legislatura y ha recordado los acuerdos alcanzados en los últimos años. Entre ellos, ha citado el pago de las subidas salariales pactadas para los empleados públicos y el abono del incremento salarial del 2% correspondiente a 2020 que, según ha señalado, quedó pendiente del anterior gobierno socialista. Medidas que, según la Junta, han supuesto más de 400 millones de euros en mejoras salariales.

Asimismo, Manzano ha recordado que para 2027 está prevista una subida salarial del 5%, con un impacto superior a los 164 millones de euros, a los que se suman otros 8 millones correspondientes al tercer pago pendiente del incremento del 2% de 2020.

Financiación autonómica "justa"

La consejera ha insistido en que la equiparación salarial es un objetivo compartido por el Ejecutivo regional, aunque ha señalado que la comunidad cuenta con limitaciones presupuestarias. Por ello, ha reclamado la colaboración de los sindicatos para exigir una financiación autonómica que permita disponer de más recursos para Extremadura.

Manzano también ha defendido otras medidas adoptadas durante la legislatura, como la actualización del decreto de indemnizaciones, que elevó el pago por kilometraje de 0,22 a 0,26 euros por kilómetro, o la modificación de la normativa de teletrabajo para facilitar la conciliación laboral y familiar.