Es algo poco habitual pero este jueves ha ocurrido en la región. La Asamblea de Extremadura ha convalidado por unanimidad, el Decreto‑ley que introduce medidas urgentes para mejorar la atención a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. El texto, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 19 de mayo, ha recibido el respaldo de PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, convirtiéndose en una de las pocas normas de la legislatura apoyadas por todos los grupos.

“Protección efectiva”

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha defendido el decreto como un avance “sin precedentes” y ha agradecido el papel de las familias: “Han sido ellas quienes, con enorme dignidad y perseverancia, han visibilizado una realidad demasiado tiempo oculta”. García Espada ha subrayado que el decreto convierte un reconocimiento legal en una protección tangible, especialmente para quienes “no tienen tiempo”.

La consejera ha explicado que el sistema estatal incorpora el nuevo grado 3+ de dependencia extrema, destinado a personas que requieren apoyos continuados de muy alta intensidad. Extremadura ya ha reconocido este grado a 34 pacientes, que están recibiendo servicios en su domicilio.

Unanimidad

El diputado José Antonio González Frutos ha respaldado el decreto, aunque ha lamentado el retraso: “Se ha llegado tarde. Era urgente ponerlo en marcha y tenía que haberse hecho antes”. Ha pedido acortar el plazo de resolución, fijado en dos meses, y extender las mejoras a todas las personas dependientes de la región.

La diputada de Vox, María Jesús Salvatierra, ha mostrado su apoyo “con satisfacción”: “La ELA no da tregua. Las familias no pueden esperar mientras los partidos se pelean por protagonismo”. Ha valorado la incorporación del grado 3+ y las prestaciones de cuidados 24 horas, y ha reclamado políticas “útiles y centradas en las personas”.

La socialista Soraya Vega ha recordado que el decreto extremeño deriva de una norma estatal: “Sería una irresponsabilidad bloquear derechos ya reconocidos por la legislación nacional”. Ha advertido, no obstante, que el sistema regional sigue acumulando miles de personas en espera de valoración, y que el voto favorable no implica un aval global al Gobierno de María Guardiola.

La diputada popular Teresa Tortonda ha defendido la sensibilidad del Ejecutivo autonómico: “Es una norma extraordinaria, un escudo humano y un compromiso ético irrenunciable”. Ha criticado que el Gobierno central financie la medida sin garantizar igualdad territorial: “Ha puesto el dinero, dos reales decretos, y ahora las comunidades deben averiguárselas como puedan”.