La Junta pide que la última palabra sobre Valdecañas la tenga la justicia europea. Las partes esperan la sentencia desde hace meses: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya envió su informe sobre las implicaciones medioambientales del derribo el pasado mes de junio y el Tribunal Constitucional anuló en noviembre la reforma de la Ley del Suelo de Extremadura que amparó a posteriori la construcción de Valdecañas.
Y precisamente a ese último pronunciamiento del Constitucional se refiere una de las últimas alegaciones presentadas por la Junta. Según la defensa, los servicios jurídicos de la Junta consideran que el Constitucional no interpreta correctamente directivas europeas de rango superior como las de hábitat y las referentes a las zona ZEPA. Según la administración regional, esas directivas no prohíben construir en este tipo de zonas protegidas (aunque se fijen los controles medioambientales necesarios).
Por ello, solicita al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que, antes de dictar sentencia, eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que los magistrados comunitarios se pronuncien definitivamente: ¿ampara la legislación comunitaria, y por tanto la española, la construcción de Valdecañas?
