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PÁRKINSON
Casi tres décadas lleva conviviendo la cacereña Antonia Casquero con la enfermedad de Parkinson. Esta patología afecta cada vez a personas más jóvenes y casos como el suyo ponen de relieve la importancia de invertir más recursos en investigación para encontrar una cura efectiva a esta enfermedad neurodegenerativa.
REGADIOS
Los regadíos de Monterrubio y Tierra de Barros representan los dos grandes proyectos agrícolas de Extremadura, aunque su evolución ha sido muy distinta. El de Monterrubio, de menor dimensión, ya es una realidad tras cinco años de obras y da servicio a más de 300 regantes. En cambio, el de Tierra de Barros, mucho más ambicioso y concebido para beneficiar a 1.200 agricultores, continúa paralizado doce años después de su presentación.
En Monterrubio, el agua ha llegado por fin a los campos. Félix Blázquez revisa las gomas para comprobar que el sistema de riego por goteo funciona correctamente en su olivar, una de las más de 300 parcelas, en su mayoría de pequeño tamaño, que ya se benefician del regadío. Un recurso que, según los agricultores, permitirá multiplicar la producción y mejorar la calidad de las cosechas.
Félix Blázquez, agricultor de la Comunidad de Regantes de Monterrubio, asegura: "Yo creo que vamos a triplicar la producción, de coger 4 o 5 mil kilillos yo creo que se va a ir a 14 o 15".
El presidente de la Comunidad de Regantes Valle del Zújar, José García Dávila, destaca el impacto del proyecto al afirmar: "Se va a notar en un aumento de producción, de calidad de aceite, de rendimiento... un cambio total".
El regadío de Monterrubio se apoya en infraestructuras clave, como la mayor balsa impermeabilizada de España, y culmina un proceso iniciado hace años. El proyecto fue anunciado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, redefinido por José Antonio Monago, impulsado por Guillermo Fernández Vara, y finalizado bajo el Ejecutivo de María Guardiola, siempre con el respaldo mayoritario de los agricultores de la zona.
García Dávila subraya la importancia del entendimiento institucional y social al señalar: "Si la parte que corresponde a los comuneros no hubiera funcionado, esto no se hubiera hecho; si no hubiera funcionado la parte política, tampoco se hubiera hecho".
Ese consenso, sin embargo, se ha resquebrajado en el proyecto de Tierra de Barros. En la última década se han aprobado el proyecto de obra, el impacto ambiental y la concesión de aguas, pero las dudas de Bruselas sobre su viabilidad y financiación han derivado en un cruce de reproches entre PP y PSOE que ha acabado congelando el proyecto.
El presidente de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, Isidro Hurtado, considera que aún es posible reactivarlo y afirma: "Y si ahora es el momento de retomar, pues hay que ponerse a trabajar para que los plazos no se cumplan".
El calendario marca una fecha clave: agosto de 2027. Antes de entonces, la Junta de Extremadura deberá comenzar a invertir en el proyecto para evitar que caduque el permiso ambiental.
Hurtado apela a la capacidad técnica de la Administración y recalca la urgencia del proceso: "Yo confío mucho en los técnicos del servicio de regadío de la administración para poder afrontar este reto, pero hay que hacerlo con urgencia".
El tiempo corre en contra del que está llamado a ser el mayor proyecto de regadío de Extremadura, que afronta lo que podría ser su última oportunidad para resucitar… o secarse definitivamente.
CAZA
Los cazadores extremeños vuelven a mirar con recelo hacia Bruselas. La reciente aprobación de un nuevo reglamento europeo sobre bienestar animal ha encendido todas las alarmas en el sector cinegético, especialmente entre los rehaleros, que consideran que la norma puede resultar inviable para la cría y el manejo de perros de caza.
El vicepresidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), Jorge Pérez, denuncia que el texto aprobado contiene "muchos flecos animalistas” y una redacción ambigua que genera una gran inseguridad jurídica. Pérez advierte de que conceptos como el cuidado del "estado mental del animal" o la obligación de garantizar "estímulos positivos" no están suficientemente concretados y podrían acabar utilizándose para limitar o prohibir determinadas prácticas cinegéticas.
El reglamento incluye además medidas que preocupan especialmente al sector: la prohibición de mantener a los perros atados durante más de una hora, la limitación del número de camadas anuales y las restricciones a la cesión o transmisión de animales a terceros. Prácticas todas ellas habituales en las rehalas, donde el intercambio de perros entre compañeros es clave para mantener líneas de cría sanas y funcionales.
"Un rehalero tiene como mínimo 24 perros y necesita un buen núcleo de cría para garantizar animales que den servicio a la montería", explica Ramón Falcón, delegado por podenco a diente en FEDEXCAZA. En la misma línea, Jesús Tello, delegado de la Asociación Española de Rehala, subraya que el cruce entre distintas líneas es fundamental para obtener perros aptos para el monte. "Si solo podemos criar para nosotros mismos, vamos a tener problemas de consanguinidad", advierte.
El temor es que, si el reglamento se aplica en España sin modificaciones, muchas rehalas se vean abocadas al cierre. "Desaparecemos, porque es inviable", resume con rotundidad el rehalero Francisco Javier Sánchez.
Por todo ello, el sector reclama que la normativa europea incluya una excepción clara y específica para los perros de caza, tal y como ya ocurre con otros perros de trabajo, como los de las fuerzas y cuerpos de seguridad o los vinculados a la ganadería. "De los perros de caza no se dice nada, y eso pone en riesgo a las rehalas y a otros muchos perros del sector", insiste Pérez.
El reloj ya está en marcha. El Gobierno de España dispone de un plazo de dos años para adaptar el reglamento europeo a la legislación nacional. Para los cazadores extremeños, ese margen será clave y puede convertirse en la última oportunidad para evitar un golpe que consideran letal para la caza tradicional y la actividad de las rehalas.
GOBIERNO PP-VOX
Tras cuatro meses de incertidumbre política, Extremadura ya tiene nuevo Gobierno y esta semana comienza oficialmente su andadura. La coalición formada por el Partido Popular y Vox celebrará este martes su primer Consejo de Gobierno, en el que se aprobarán las primeras medidas tras el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones.
La esperada foto de familia ya se ha producido y el nuevo Ejecutivo arranca con una agenda cargada de deberes. El pacto de Gobierno establece que la mayoría de los compromisos deberán cumplirse o, al menos, iniciarse a lo largo de este mismo año. Para 2027 quedan previstas algunas reformas legislativas en ámbitos como el sector primario y la vivienda, mientras que para el tramo final de la legislatura se sitúan proyectos como la nueva ley de familia o la finalización de 3.500 viviendas protegidas.
La tarea más urgente será la elaboración y aprobación de los presupuestos autonómicos. El objetivo del Ejecutivo es dar luz verde a las cuentas en el Consejo de Gobierno de forma inmediata para que puedan ser tramitadas en la Asamblea de Extremadura y aprobadas antes del verano. Unos presupuestos que ya deberán reflejar buena parte de las promesas del acuerdo PP‑Vox.
Entre ellas, figuran las primeras rebajas de impuestos comprometidas, una inyección adicional de 500 millones de euros para la sanidad pública, partidas para la homologación salarial del profesorado y los trabajadores del SEPAD, el refuerzo del transporte público y la reducción o supresión de ayudas a sindicatos, organizaciones empresariales y proyectos de cooperación.
Este año también marcará el inicio de la nueva política sobre inmigración pactada por ambos partidos. La Junta deberá oponerse a la llegada de inmigrantes en situación irregular, promover pruebas de determinación de edad a menores extranjeros y eliminar las ayudas a organizaciones no gubernamentales que trabajen con este colectivo. Además, el acuerdo recoge que las ayudas públicas deberán aplicar el principio de "prioridad nacional", como el requisito de un mínimo de diez años de empadronamiento para acceder a una vivienda protegida.
Con numerosos compromisos concentrados en un corto plazo de tiempo, el nuevo Ejecutivo afronta semanas decisivas. El Consejo de Gobierno de este martes servirá para conocer cuáles serán las primeras medidas en ponerse en marcha y marcará el rumbo inicial de la nueva etapa política en Extremadura.
Reunión Ayuntamiento-Gigafactoría
Era una reunión muy esperada por el ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. El proyecto de la gigafactoría ha estado años reinventándose a sí mismo por los continuos cambios en el mercado de las baterías eléctricas, y el proyecto definitivo que se presentó a finales de marzo en la consejería de Economía no acaba de presentarse en las oficinas moralas. Y sin él, tampoco se podían empezar las obras.
Ahora, ese horizonte está más cercano. El CEO de AESC, la promotora del gigante energético, se reunió ayer en el consistorio con el alcalde de Navalmoral. Enrique Hueso ha explicado que durante esa cita se expusieron los cambios estructurales en el proyecto. Tantos que, asegura, "no tiene nada que ver con el anterior". En lo fundamental, reducirá su producción de baterías de litio pero diversificará su actividad para centrarse también en la fabricación de baterías para sistemas de almacenamiento energético.
También se aliviaron las preocupaciones del consistorio sobre el alto consumo de agua previsto en el proyecto original: "Ayer nos ofrecieron nuevas cifras de consumo, y ha cambiado muchísimo, ni en vertidos ni en consumo", explicaba Hueso esta mañana.
"Entendemos que va por muy buen camino, una vez que tengamos la DIA trabajaremos para conceder la licencia de obra"
Cambios en el modelo productivo y cambios en el consumo de agua, pero sin modificar sus previsiones de inversión y, sobre todo, de creación de empleo: 800 puestos de trabajo directos. Pero para ello, aún quedan trámites administrativos por solventar: la Junta ya estudia el nuevo proyecto para resolver de nuevo, y lo antes posible, la Declaración de Impacto Ambiental. A partir de ahí, se confía en que la declaración como PREMIA (Proyecto Empresarial de Interés Autonómico) acelere el resto de gestiones urbanísticas allanando el terreno para el inicio de las obras. Una construcción que también mantiene plazos: inicios antes de finalizar el año y final antes de acabar 2028.
'America First' fue el célebre lema que impulsó a Donald Trump a la Casa Blanca. Un reclamo que hizo fortuna, también, en España y en Extremadura. Desde Almendralejo, Óscar Fernández lo dejaba claro en plena campaña electoral: "El dinero deber ir para lo importante, las necesidades de los extremeños, ¡y los extremeños, siempre, primero!". Ahora, por primera vez, ese principio de prioridad nacional se plasma ya por escrito en un acuerdo de gobierno. "Primero los extremeños -reafirmaba esta misma mañana Ángel Pelayo Gordillo-, no se trata de excluir a nadie, sino de que nosotros primero".
Sin embargo, en las medidas concretas no hay referencias explícitas a la nacionalidad, sino al arraigo con el territorio. Ese será el requisito para acceder a ayudas, subvenciones o prestaciones así como el acceso a viviendas públicas. Arraigo que se medirá con criterios como el empadronamiento, la vinculación con la región o los años de cotización. Un pacto, por tanto, que endurece las ayudas públicas a los que vayan a venir o lleven poco tiempo en la región, pero independientemente de su nacionalidad. "El pacto es muy claro -explicaba esta mañana el portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá-, es un pacto que no excluye, que no habla de nacionalidades y que fomenta el arraigo en Extremadura".
"Es un pacto que no excluye, que no habla de nacionalidades y que fomenta el arraigo"
Pero el propio concepto de arraigo puede ser problemático. Según explica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura Marcos Criado de Diego, "el arraigo ya se comprueba a la hora de otorgar la residencia, por lo que no tendría sentido volver a exigirlo para el disfrute de un derecho". También el criterio de cotización puede resultar dudoso legalmente en el caso, por ejemplo, de prestaciones no contributivas porque "por definición, no son contributivas", reitera de Diego.
El acuerdo sí es más explícito a la hora de limitar las ayudas y servicios sociales solo se concederán en "supuestos de urgencia vital" a los inmigrantes en situación irregular. "Atender a todos los inmigrantes irregulares que llegan a Extremadura tiene un coste, y ese coste lo pagan los extremeños; queremos una inmigración ordenada y sostenible", defendía de nuevo Pelayo Gordillo. Sin embargo, advierte los expertos, habrá que delimitar bien el alcance de esa limitación y la edad de los afectados. "Si la prestación se reduce a los casos con peligro de muerte, estaríamos fuera del criterio constitucional, y si hay niños involucrados, prevalece el interés del menor", explica Marcos Criado.
"Si la prestación se reduce a los casos con peligro de muerte, estaríamos fuera del criterio constitucional, y si hay niños involucrados, prevalece el interés del menor"
Dudas de inconstitucionalidad ante las que el pacto intenta blindarse con continuas referencias al respeto a la legalidad vigente. Aún así, tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Justicia ya han anunciado que el ejecutivo recurrirá al Constitucional todo el contenido que considere "discriminatorio y contrario a derecho".
Los casi cuatro meses de negociación entre PP y Vox han estado marcados por importantes escollos en materias como igualdad, inmigración y presupuestos. Finalmente, el texto del acuerdo de gobierno no plasma ninguna postura de Vox en asuntos relacionados con la igualdad, la lucha contra la violencia de género o los derechos del colectivo LGTBI, pese a las discrepancias surgidas durante las conversaciones.
El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que el acuerdo “blinda la igualdad, la diversidad y sigue protegiendo los derechos conquistados por las mujeres y por el colectivo LGTBI”. Sin embargo, el líder regional de Vox, Óscar Fernández, ha restado importancia a estas cuestiones al señalar que “hemos priorizado otras cosas en lugar de esa”.
Donde sí están claramente presentes las demandas de Vox es en materia de inmigración. El acuerdo recoge que el Gobierno regional rechazará cualquier reparto de personas migrantes, realizará pruebas de determinación de edad para comprobar quiénes son menores y trabajará en su devolución a los países de origen. En este sentido, el diputado de Vox Ignacio Garriga ha afirmado que “hay que poner freno a la invasión migratoria, frenar su llegada en situación irregular y devolverla a sus lugares de origen”.
Además, el pacto contempla la prohibición del uso del burka y el niqab en edificios y espacios públicos dependientes de la Junta, así como la eliminación de las clases de lengua árabe y cultura marroquí que se imparten en centros educativos de Talayuela. A ello se suma la prioridad nacional, que exigirá arraigo en la región para acceder a ayudas públicas, prestaciones sociales, viviendas protegidas o alquileres sociales. Garriga ha calificado esta medida como “un hito muy importante que queremos poner en valor y que será un eje estratégico”.
El acuerdo también establece que las personas en situación irregular quedarán excluidas de las prestaciones públicas y que solo recibirán atención sanitaria en situaciones extremas, en clara oposición al planteamiento del Gobierno central sobre la sanidad pública universal.
En el ámbito económico, se prevé un recorte en las subvenciones públicas, con una reducción del 50 % para sindicatos y patronal y un tijeretazo aún mayor en las destinadas a cooperación al desarrollo. En general, el texto fija que cualquier subvención deberá justificar su destino y su utilidad pública, endureciendo los criterios para su concesión.
El proceso de regularización impulsado por el Gobierno permitirá conceder permisos de trabajo y residencia a personas migrantes, una medida que podría convertirse en una vía para paliar la escasez de mano de obra en Extremadura. Sectores como la construcción, la dependencia, la hostelería o la agricultura miran con expectación el impacto real que pueda tener en el empleo regional.
Luis Octavio es uno de los muchos migrantes que aguardan esta oportunidad. Lleva más de un año intentando regularizar su situación en España, tras solicitar asilo sin haber obtenido todavía una respuesta definitiva. Su llegada no fue fácil: "Yo vine sin nada, prácticamente vine sin ropa", cuenta. Ahora espera que el nuevo proceso le permita trabajar legalmente y empezar una nueva etapa.
Su objetivo va más allá del empleo. "Ojalá que así sea, porque necesitamos reunirnos toda la familia y establecerme económicamente", señala, reflejando una realidad común a muchos migrantes que buscan estabilidad personal y laboral tras meses, e incluso años, en situación administrativa irregular.
Mientras tanto, organizaciones sociales como ACCEM desempeñan un papel fundamental. La ONG asesora de manera integral a Luis Octavio y a centenares de migrantes en la región. Desde su equipo jurídico valoran muy positivamente la nueva norma. Su abogado, Álvaro García, destaca que "va a permitir igualar derechos a personas que llevan aquí mucho tiempo, que ya están arraigadas, y eso también beneficiará a la sociedad, porque estas personas pueden aportar beneficio económico, sobre todo en sitios como Extremadura".
Ese beneficio es precisamente lo que esperan muchos empresarios. En la hostelería, la falta de trabajadores se ha convertido en un problema estructural. José Luis Mosquera, presidente de Fedexbares, confía en que la regularización ayude a cubrir vacantes: "Esperemos que bien, porque venimos demandando mano de obra desde hace mucho tiempo porque no hay. A ser posible, que sea gente de habla hispana y que venga con ganas de trabajar".a
La situación también se deja notar en el sector de la dependencia, donde la demanda crece de forma constante y buena parte del trabajo recae ya en personas procedentes de fuera de España. Sin embargo, desde el sector advierten de obstáculos importantes. Manuel Guerrero, presidente de la Asociación de Empresas de Atención a la Dependencia, señala que "trabajamos en zonas rurales y el gran hándicap que tenemos es que nuestros contratos de jornadas parciales son prácticamente incompatibles con las ayudas o subsidios existentes actualmente", una circunstancia que dificulta la incorporación estable de trabajadores.
Aún más grave es el escenario en la construcción. Las cifras hablan por sí solas: el sector calcula que hay alrededor de 10.000 empleos sin cubrir en toda Extremadura. Desde Pymecon, su gerente, José Luis Iglesias, asegura que la regularización "va a suponer un alivio para que estas personas, ya con su documentación en regla, puedan trabajar de forma legal en empresas de nuestra organización que tanta necesidad tienen de contar con esta mano de obra".
Los empresarios reclaman, además, que se faciliten las contrataciones en origen, una medida que también tendría un impacto directo en la agricultura, especialmente en campañas como la de la fruta.
Con cautela pero también con esperanza, todos los sectores coinciden en lo mismo: comprobar si más papeles se traducen, de forma inmediata, en más y mejor empleo, tanto para las personas migrantes como para el futuro económico de Extremadura.
La pasarela peatonal y con carril bici que ha sido construida sobre la playa de vías de la estación de ferrocarril en Mérida, que ha contado con una inversión de más de 2,2 millones de euros y ha sido inaugurada este miércoles, día 18, permitirá conectar las barriadas de la zona norte con el centro de la ciudad.
Financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo, cuenta con varios accesos, un vano central, y acerado peatonal y carril bici, y conecta a lo largo aproximadamente de un kilómetro la calle Cardero con el Camino Viejo de Mirandilla.
Así, en la inauguración, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha resaltado este proyecto ejemplo de colaboración entre administraciones en beneficio de los ciudadanos. "Cuando las distintas administraciones (...) se ponen de acuerdo, salen ganando los ciudadanos y por lo tanto yo creo que ese es el punto que más tenemos que resaltar", ha espetado.
Al mismo tiempo, ha puesto el acento en las inversiones que está ejecutando la Administración General del Estado en vías tradicionales y alta velocidad ferroviaria. Quintana, igualmente, ha destacado el "importante número" de obras de ADIF con participación de empresas extremeñas.
De su lado, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura en funciones, Manuel Martín Castizo, ha destacado la importancia del proyecto para "mejorar la permeabilidad y la accesibilidad", conectando norte y sur, evitando rodeos y trayectos inseguros. "Es una obra muy importante para la ciudad de Mérida", ha dicho.
Tras recordar que la actuación está incluida en el Plan de Movilidad de Extremadura, ha puesto en valor que se ha realizado gracias al convenio interadministrativo entre Ayuntamiento, ADIF y Junta. Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a disfrutar desde este miércoles de los servicios de la pasarela.
A su vez, la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida, Silvia Fernández, ha defendido que esta actuación se engloba en el modelo de ciudad basado en "cohesionar y unir los barrios". Ha agradecido al Gobierno de España la inversión de más de 90 millones de euros, que ha permitido desarrollar este proyecto de ciudad y mejorar la calidad de vida de la población.
"Conectar barrios y dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de Mérida", ha señalado. Sobre el entorno, ha avanzado que se invertirán cerca de 4 millones de euros para situarlo como un centro neurálgico para turismo y ciudadanía. También ha destacado el inicio del derribo del muro de la Basílica de Santa Eulalia para hacerla más accesible.
En concreto, el acceso sur se compone de una rampa que discurre paralela al muro existente y un tramo metálico de 19 metros. El acceso norte se soluciona mediante una empalizada con decorado arquitectónico que emula el Acueducto de los Milagros, hasta conectar con el Estribo 2, que termina a cota suelo hacia el Camino Viejo de Mirandilla.
Como vano central, se ha diseñado una pasarela metálica de 63 metros fabricada en taller y ensamblada en obra para salvar la playa de vías.
Asimismo, en el tramo hacia el Camino Viejo de Mirandilla se da continuidad a la movilidad ciclista y peatonal con acera y vía ciclista, continuando por la avenida Felipe Corchero hasta el Acueducto de San Lázaro con una ciclocalle.
A falta de una semana para que finalice el primer trámite de las primarias, la gestora del partido insiste: es recomendable una candidatura única. Ayer por la tarde, José Luis Quintana se lo transmitió en persona a todos los precandidatos.
Pero las respuestas de los candidatos difieren. Sánchez Cotrina quiere ampliar su pacto con González Andrade a otros precandidatos. Desde Badajoz, insistía en un partido que devuelva la ilusión y que acabe con la división interna entre Cáceres y Badajoz. Para Soraya Vega, los tiempos son otros. Los pactos solo pueden llegar, dice, después de que los militantes avalen a los precandidatos.
El pacto entre el alcalde de Olivenza y el de Salorino podría no ser el único. Manuel González Andrade se unía ayer a la candidatura de Álvaro Sánchez Cotrina, y ambos se mostraban partidarios de ampliar esa alianza a otros precandidatos. Hoy, el presidente de la Diputación de Cáceres bendecía la alianza y coincidía en que es necesario ampliarla: "El camino que emprenden Álvaro y Manuel es el buen camino, ojalá Blanca (Martín) y Ramón (Díaz Farias) estén en la misma tesitura; lo normal es que se junten y ofrezcan al pueblo extremeño lo que quieren: algo nuevo", aseguraba Miguel Ángel Morales, que dejaba fuera a Soraya Vega de esta política de alianzas.
Una posibilidad que, de momento, ni Blanca Martín ni Ramón Díaz Farías valoran. La expresidenta de la Asamblea prefiere no hacer declaraciones públicas; el alcalde de Villanueva del Fresno prefiere seguir centrado en la recogida de avales, pidiendo libertad para que los militantes puedan elegir sin presiones. En redes sociales, agradecía "todos los apoyos recibidos, también por vía telemática, una forma de mantener el anonimato... porque todos sabéis aquello de las llamadas por teléfono".
Menos prisa por alcanzar acuerdos tiene Soraya Vega. Reconoce conversaciones tanto con la gestora como con otros precandidatos, pero advierte de que los pactos deben llegar solo cuando finalice la recogida de avales se sepa quiénes son oficialmente candidatos; lo contrario, dice, es "forzar acuerdos antes de que hablen los militantes y las militantes". En todo caso, asegura a Canal Extremadura, su prioridad es "hablar de ideas y no solo de nombres".
El plazo de recogida de avales finaliza el martes que viene, sin que aún se sepa cuántos precandidatos llegarán hasta el final.
El restaurante Las 7 Sillas, en Mérida, ha alertado de una suplantación de identidad en internet después de detectar que una persona utilizaba imágenes del establecimiento para publicar ofertas de empleo falsas en Mil Anuncios. Según explica el negocio, varias personas llegaron a contactar con el autor creyendo que se trataba de un trabajo real.
El propietario, Miguel Valdés, relata que algunos candidatos incluso se presentaron en el restaurante, y uno de ellos acudió “a recoger la ropa y empezar a trabajar”. El afectado mostró un anuncio en el que un tal “Elías” figuraba como contacto y que incluía fotografías del restaurante extraídas de internet para simular autenticidad. “Ponía como si se necesitaran camareros y cocineros”, apunta Valdés.
La falsa oferta resultaba sospechosa porque el presunto autor enviaba por WhatsApp un enlace posiblemente malicioso para obtener un “carnet de manipulador de alimentos”. Una joven llegó a entregar todos sus datos personales, incluido su número de cuenta, pensando que era parte del proceso.
El anuncio ha sido retirado tras la denuncia, y ahora serán los abogados del restaurante quienes indiquen los siguientes pasos legales. Desde Las 7 Sillas se pide cautela a quienes busquen empleo y se recuerda que las ofertas oficiales del local se publican únicamente por los canales habituales.
El pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado la declaración de interés público de la fábrica de cátodos programada en la ciudad. El alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado este miércoles que el trámite de declaración de utilidad pública del proyecto de fábrica de cátodos de baterías de litio es “preceptivo y necesario” para poder aplicar la modificación fiscal vinculada a la licencia de obra.
Según ha explicado el regidor, esta declaración permitirá al Ayuntamiento adaptar la solicitud de licencia a la ordenanza fiscal de grandes instalaciones y grandes empresas. “Esa ordenanza necesita una declaración de utilidad pública, es decir, que haya un interés general por parte del Ayuntamiento”, ha detallado.
Rodríguez Osuna ha subrayado que el proyecto cuenta ya con los requisitos medioambientales y que actualmente se está revisando el documento definitivo registrado por la empresa promotora.
En este contexto, el alcalde ha avanzado que la licencia de obra podría concederse en el mes de marzo. “Podría empezar la obra en el mes de marzo cuando le demos la licencia”, ha afirmado.
El Gobierno quiere prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, pero por ahora poco más se sabe. Queda por aclarar si la medida afectaría a todas las plataformas o si algunas se consideran más peligrosas que otras.
Otra incógnita es cómo será el sistema que identifique la edad. Entre las opciones más habituales se encuentran el uso de documentos de identidad, reconocimientos de rasgos faciales o certificados digitales. Pero surge la duda clave: ¿están seguros nuestros documentos o imágenes en manos de grandes compañías o gobiernos?
La implantación de estas medidas podría derivar en formas de evitación, como el uso de perfiles falsos o la conexión a través de redes privadas, prácticas que podrían exponer a los menores a nuevos peligros.
Y aunque la prohibición podría reducir notablemente el consumo de redes, los expertos insisten en que la herramienta más eficaz sigue siendo la educación: formar a los niños en clase… y también en casa.
Nuevo intento de impulsar el tren en Extremadura. La plataforma MSU‑Norte de Extremadura y la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Mérida han unido fuerzas y han reivindicado hoy varias promesas incumplidas en materia ferroviaria, especialmente las electrificaciones de las líneas convencionales hacia Madrid y Ciudad Real, que continúan sin ejecutarse.
Además de recordar estas demandas históricas, ambas organizaciones han puesto también sobre la mesa nuevos proyectos que consideran clave para mejorar la movilidad y vertebración territorial de la región. Entre ellos, destacan la creación de nuevas estaciones intermodales en Plasencia y Mérida, así como la puesta en marcha de un tren circular entre Madrid y Mérida que permitiría cohesionar el norte y el este de Extremadura mediante trayectos directos.
La plataforma y la asociación insisten en que estas actuaciones serían esenciales para modernizar las conexiones ferroviarias extremeñas y responder a la demanda creciente de transporte público eficiente, sostenible y competitivo.
La primera autopista ferroviaria en unir la Península Ibérica es ya una realidad, y Extremadura quiere ser un nudo logístico imprescindible. La madrugada de este lunes cruzaba la región el primer tren. Iba cargado con 13 vagones y 26 semirremolques de camión. En total, 3.000 toneladas de mercancías desde el Mediterráneo al Atlántico. La mercancía llega por barco desde Grecia, Turquía o Italia hasta Valencia. En el puerto levantino los semirremolques se cargan en el tren y desde allí recorren durante 24 horas toda la Península hasta Entroncamento, en Portugal. El destino final de las exportaciones, la conocida como 'última milla', se recorre ya por carretera.
De momento, la autopista ferroviaria pasa por la región sin detenerse en ella. Pero las dos compañías que la están explotando, Transitalia y Tramesa, planean hacerlo muy pronto. Según confirma el responsable de Transitalia en la Península Ibérica a Canal Extremadura, la previsión es crear una nueva ruta directa entre Valencia y Mérida. Comenzarán en primavera con dos trayectos de ida y otros dos de vuelta. "A partir de ahí, el mercado te va diciendo sus necesidades; para nosotros, poner en servicio un tren más o menos no será un problema", asegura Juan Carlos Arocas.
Y es que la nueva terminal ferroviaria de Expacio Mérida permite que las mercancías continúen por carretera al resto de la región o por tren a través de las líneas de Huelva y Sevilla. Aunque el servicio debía estar disponible ya a finales del año pasado, se está retrasando unos meses. Según el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, solo queda acabar de formar al personal de la terminal y que ADIF entregue la obra a Extremadura AVANTE.
La autopista ferroviaria supone una nueva alternativa que permite a las empresas exportadoras mover sus mercancías de manera más sostenible, directa y evitando la carretera, con sus posibles problemas de tráfico o de falta de mano de obra en el sector del camión.
Una infraestructura que también se ha probado ya en la terminal de la Plataforma Logística de Badajoz para realizar nuevas conexiones con Valencia a través de Madrid. Y para consolidar a Extremadura como nudo logístico fundamental entre España y Portugal... y entre el Mediterráneo y el Atlántico.
Casi una semana después de la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura, PP y VOX siguen sin sentarse en la mesa. Desde el día de las elecciones, solo se han reunido dos veces. "Hubiéramos querido que hubieran sido más -reconoce Abel Bautista-, lo hemos intentado varias veces", lamenta el secretario general de los populares extremeños.
Bautista lamenta la falta de avances y para conseguirlos el PP vuelve a poner el foco en una palabra: proporcionalidad. "Si uno queda primero y otro tercero, el tercero no puede mandar en el legislativo y ser determinante en el ejecutivo", advertía esta mañana Alberto Núñez Feijóo. Bautista insiste en las cesiones de los populares en la negociación: "Guardiola ha ofrecido posiciones en el legislativo y en el ejecutivo y se ha trabajado en la parte programática con muchísima generosidad", aseguraba.
Pero VOX no se da por aludido e insiste en sus peticiones: "Son extraordinariamente razonables, amparadas en el deseo del los extremeños de tener más del doble de VOX", afirmaba en rueda de prensa el portavoz nacional de la formación de Santiago Abascal.
Uno de los atascos de la negociación, como confirmó recientemente Abascal, está en las consejerías que asumiría su partido: "VOX quiere más campo, más industria más trabajo y menos leyes ideológicas; ninguna ley ideológica", aclaraba José Antonio Fúster.
El plazo para negociar se podrá estirar hasta el 3 de mayo. El escenario de la repetición electoral aún parece muy lejano, Bautista insiste en la necesidad de "un acuerdo que dé estabilidad a Extremadura", pero muestra los primeros signos de resignación: "Que tenga lo que tenga que ser, no está en nuestras manos", admitía.
De momento, y como primer paso, el presidente de la Asamblea deberá designar a María Guardiola como candidata a presidir la Junta antes del 11 de febrero.
