La Junta de Extremadura ultima un nuevo decreto con el que busca incrementar la oferta de vivienda y facilitar el acceso a ella en la comunidad autónoma. La norma, que previsiblemente será ratificada en septiembre por la Asamblea, introduce modificaciones urbanísticas destinadas a agilizar la construcción y adaptación de inmuebles para uso residencial.

El director general de Urbanismo, Saturnino Corchero, ha explicado que la iniciativa "va destinada a facilitar el acceso a la vivienda y procurar más oferta con carácter general y con carácter particular sujetas a algún régimen de vivienda pública".

Los bajos comerciales podrán convertirse en viviendas

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de destinar a uso residencial algunos locales comerciales situados en plantas bajas de edificios. Esta transformación estará condicionada al cumplimiento de todos los requisitos exigidos para una vivienda en materia de seguridad, accesibilidad, ventilación e iluminación, además de ajustarse a la normativa urbanística municipal.

Desde el sector promotor consideran que la medida responde a una realidad cada vez más visible en las ciudades. El representante de la Comisión de Promotores de PYMECON, Octavio López, ha señalado que "antes los locales comerciales eran importantes, pero debido a la baja de negocios, el comercio online se ha comido al comercio tradicional, pero hay que darle una solución".

Viviendas protegidas en suelo terciario

El decreto también contempla la posibilidad de construir viviendas protegidas en determinados suelos de uso terciario, aquellos destinados habitualmente a oficinas, comercios o actividades económicas.

Sin embargo, la medida genera algunas dudas entre los promotores. Abelardo Martín ha advertido de que "en este caso tengo dudas porque el suelo terciario tiene un coste de adquisición y urbanización que no se puede repercutir en la VPO y, si no hay ayudas, difícilmente ese suelo puede llegar a la VPO".

Menos trámites y proyectos de urgencia residencial

Otro de los objetivos de la nueva regulación es la simplificación administrativa. Para ello, la Junta permitirá que entidades privadas colaboren en la tramitación de licencias y otros procedimientos urbanísticos, con el fin de agilizar la gestión de los expedientes.

Asimismo, los ayuntamientos podrán aprobar con mayor rapidez determinados instrumentos de planeamiento o autorizaciones urbanísticas vinculadas a la construcción de viviendas. La norma incorpora además la figura de los proyectos de "urgencia residencial", que permitirán acelerar la promoción de vivienda protegida, incluso en determinados suelos rústicos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Con estas medidas, la Junta pretende aumentar la disponibilidad de viviendas y reducir los tiempos administrativos asociados a su construcción, uno de los principales retos del mercado inmobiliario extremeño.