El Ministerio para la Transición Ecológica solicitó, hasta en dos ocasiones en 2021, un informe a la Junta donde le pedía que se pronunciara sobre las competencias de la presa.
La primera fue el 30 de marzo y la segunda, el 2 de diciembre de 2021. El gobierno regional no contestó hasta el 6 de abril de 2022, y lo hizo de "manera favorable a la extinción" de la concesión por parte de las eléctricas.
Ahora, la Junta, en su recurso de alzada, pide al Ministerio que se anule esa resolución, alegando que la "Administración debería resolver el destino del abastecimiento de Valdecaballeros y Castilblanco antes de la demolición de la presa".
También hace suyos uno de los motivos que esgrime en su informe el Consejo de Estado. Un día después de que la Junta presentara el recurso de alzada ante el Ministerio, el portavoz del ejecutivo regional insiste en que la presa no se va a demoler. Juan Antonio González reitera "evitar el derribo, lo vamos a evitar, en este momento tenemos el recurso de alzada, que estamos seguros va a prosperar para evitar el derribo de esa presa".
Críticas de la oposición
La candidata del PP a la Junta, y presidenta regional del partido, María Guardiola, ha visitado el embalse de Valdecaballeros e incide en que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, conocía la intención del Gobierno, pero que no han presentado ese recurso hasta ahora, asegura, por la presión social. Añade, Guardiola, que " el señor Fernández Vara es conocedor de la intención de derribo por parte del Gobierno de Sánchez desde hace dos años, y es ayer cuando siente la presión social y política y dice que es un disparate", denuncia.
Por su parte, la candidata de Unidas por Extremadura a la Junta, Irene de Miguel, asegura que es un error el derribo y más cuando se hace "de espaldas al territorio y a la gente que lo habita, por lo cual no podemos estar de acuerdo si no hay un proceso participativo". También ha recordado que esta infraestructura está a medio hacer.
